Amnistía Internacional manifiesta preocupación por las reiteradas decisiones de las autoridades guatemaltecas de negar a Virginia Laparra su derecho de seguir los procesos en libertad con base en argumentos arbitrarios y peligrosos

Ante los avances recientes en dos procesos penales seguidos en contra de la ex fiscal Virginia Laparra, Amnistia Internacional denuncia que las autoridades judiciales no han respetado su derecho a un juicio justo, incluidos sus derechos a las garantías judiciales y debido proceso, y exige su liberación inmediata.  

“Es alarmante que las autoridades guatemaltecas estén privando a Virginia Laparra de sus derechos más básicos a contar con igualdad de oportunidad para defenderse. Las arbitrariedades y violaciones a derechos humanos que se siguen dando en los dos procesos que enfrenta siguen confirmando la intención de castigarla por su trabajo como fiscal anticorrupción. Amnistía Internacional reitera que Virginia Laparra es una presa de conciencia y deber ser liberada inmediata e incondicionalmente” dijo Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Americas. 

Es alarmante que las autoridades guatemaltecas estén privando a Virginia Laparra de sus derechos más básicos a contar con igualdad de oportunidad para defenderse. Las arbitrariedades y violaciones a derechos humanos que se siguen dando en los dos procesos que enfrenta siguen confirmando la intención de castigarla por su trabajo como fiscal anticorrupción.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Virginia Laparra está por cumplir 14 meses detenida arbitrariamente en la cárcel. Después de ser condenada el pasado 16 de diciembre a cuatro años de cárcel por el delito de abuso de autoridad, al cabo de un proceso sin fundamento y plagado de irregularidades en la Ciudad de Guatemala, la ex fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) se enfrentará dos audiencias claves.  

El viernes 21 de abril, un juzgado en Quetzaltenango determinará si Virginia Laparra debe ir a juicio en un segundo proceso penal, por los mismos hechos e impulsado por el mismo denunciante. Es acusada de haber revelado información confidencial, lo cual podría suponer una pena adicional de al menos 5 años de cárcel.  Amnistía Internacional expresa preocupación por la falta de garantías de sus derechos de defensa y a ser escuchada por autoridades imparciales e independientes, que dejan a Virginia Laparra en total indefensión. De acuerdo con la información analizada, las autoridades judiciales han permitido que siga al frente del caso una jueza que ha manifestado tener amistad con el denunciante, otro juez de Quetzaltenango. La jueza ha impedido la participación en las audiencias de una de las abogadas de Virginia Laparra, y ha incumplido con su deber de velar por el respeto de plazos y principios procesales. Además, ha omitido llamarle la atención al denunciante por faltarle el respeto a Virginia Laparra durante la audiencia.   

Por otro lado, el próximo 24 de abril una corte de Apelaciones de la Ciudad de Guatemala conocerá de la apelación presentada por sus abogadas en contra la sentencia condenatoria dictada en diciembre de 2022. El tribunal le negó su derecho a defenderse plenamente en libertad durante el trámite de la apelación a pesar de que la legislación se lo permitía. 

Amnistía Internacional manifiesta preocupación por las reiteradas decisiones de las autoridades guatemaltecas de negar a Virginia Laparra su derecho de seguir los procesos en libertad con base en argumentos arbitrarios y peligrosos, alegando por ejemplo que la cobertura del proceso por ciertos medios o los mensajes de apoyo hacia la ex fiscal en redes sociales demostraban un riesgo de obstrucción a la justicia.  

Al igual que Virginia Laparra, decenas de fiscales, jueces, juezas y magistradas que han contribuido a la lucha contra la impunidad están siendo criminalizados. El miércoles 18 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó la inclusión de Guatemala en el capítulo IV.b de su informe anual, reservado para los países de especial preocupación. La CIDH advirtió sobre la intensificación de la persecución judicial y agravación de los ataques a operadores de justicia encargados de casos de corrupción a gran escala, de violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional durante el conflicto armado. 

Amnistía Internacional estará siguiendo las audiencias por celebrarse en los próximos días. La organización resalta que las violaciones a derechos humanos documentadas en este caso podrían generar la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala. 

Para más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con Carlos Mendoza: +52 55 4145 7003, carlos.mendoza@amnesty.org