Las autoridades no han investigado adecuadamente ni han puesto fin a los ataques y han restado importancia a los síntomas de las niñas

El derecho a la educación, a la salud y a la vida de millones de niñas está en peligro en el marco de los persistentes ataques con gases químicos dirigidos deliberadamente contra centros escolares de niñas en Irán. Desde noviembre de 2022, miles de escolares han sido envenenadas y hospitalizadas. Las autoridades no han investigado adecuadamente ni han puesto fin a los ataques y han restado importancia a los síntomas de las niñas catalogándolos como “estrés”, “excitación” o “contagio mental”.

Actúen: redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo

Fiscal General Prosecutor General,

Mohammad Jafar Montazeri c/o

Embassy of Iran to the European Union, Avenue Franklin

Roosevelt No. 15, 1050

Bruxelles, Bélgica

Señor Montazeri: Me preocupa profundamente el derecho a la educación, a la salud y a la vida de millones de alumnas de escuelas en Irán en el marco de los ataques deliberados con gases químicos que se vienen produciendo contra escuelas de niñas en todo el país en una campaña que parece llevarse a cabo con un alto grado de coordinación y organización. Desde noviembre de 2022, más de 100 escuelas han sido atacadas, algunas en más de una ocasión. Los primeros ataques se denunciaron en la provincia de Qom y después se han propagado a otras provincias y se han vuelto más frecuentes, con ataques a varias escuelas cada día. Estos ataques han causado la hospitalización de escolares con síntomas como tos, dificultades respiratorias, irritación de nariz y garganta, palpitaciones, cefalea, náuseas, vómitos y entumecimiento de extremidades. Algunos progenitores han sacado a sus hijas de las escuelas al temer por su seguridad. Desde que trascendieron las noticias de los primeros ataques, las autoridades intentaron encubrir su gravedad y magnitud y aún no han llevado investigaciones efectivas e independientes ni han tomado medidas sustanciales para ponerles fin. En marzo, las autoridades anunciaron la detención de 118 personas por su presunta implicación en “contrabando de bombas fétidas”, que afirmaron que era la causa principal de los envenenamientos. El 14 de abril, a pesar las estadísticas oficiales, según las cuales 13.000 escolares han recibido atención médica por envenenamiento, el ministro de Salud anunció que no había “evidencia sólida” de que las niñas hubieran sido envenenadas y afirmó que “más del 90% de los problemas de salud habían sido causados por estrés y travesuras”. Otras autoridades también restaron importancia a los síntomas que presentaban las escolares y los catalogaron como “ansiedad”, “excitación” y/o “contagio mental”. Las autoridades también han intentado silenciar los llamamientos públicos a que se rindan cuentas sometiendo a padres y madres angustiados, alumnas, docentes, periodistas y otras personas a violencia, intimidación y detención por protestar pacíficamente o por informar sobre la inacción de las autoridades en lo relativo a poner fin a los envenenamientos. Los envenenamientos parecen ser una campaña coordinada para castigar a las escolares por su participación pacífica en las protestas que estallaron en todo el país a mediados de septiembre de 2022, que incluyó actos de resistencia como despojarse del hiyab obligatorio y mostrar su cabello en público mientras vestían el uniforme escolar. Muchas personas en Irán sospechan que actores vinculados al Estado o grupos parapoliciales progubernamentales, que han sido empoderados por las leyes y políticas discriminatorias y degradantes de Irán que perpetúan la violencia contra las mujeres y las niñas, están implicados en los ataques, máxime teniendo en cuenta la falta de medidas sustanciales de las autoridades y sus intentos de silenciar las críticas públicas. Le pido que lleve a cabo con carácter inmediato una investigación independiente, exhaustiva y efectiva sobre el envenenamiento de las niñas en las escuelas y ponga a disposición de la justicia a toda persona que resulte responsable en juicios con las debidas garantías en los que no pueda imponerse la pena de muerte. Las autoridades también deben garantizar el acceso libre y seguro de las niñas a la educación y su protección contra cualquier forma de violencia. Insto además a las autoridades a que permitan el acceso al país de delegaciones internacionales independientes para investigar los ataques, incluidos entre otros el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Irán, la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la educación, la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas y la relatora especial sobre el derecho a la salud.

Atentamente, [NOMBRE] 

Información complementaria

El envenenamiento de niñas ha tenido lugar en centros de enseñanza primaria, secundaria y superior. El primer ataque con gas contra una escuela de niñas del que se informó tuvo lugar el 30 de noviembre de 2022 en la ciudad de Qom, provincia de Qom, y en él 18 niñas resultaron envenenadas. Las autoridades intentaron impedir que se informara sobre este ataque. La noticia del suceso sólo trascendió cuando la misma escuela fue atacada de nuevo dos semanas después, el 13 de diciembre de 2022, y otras 51 niñas resultaron envenenadas. Padres y madres entrevistados por medios de comunicación dentro de Irán en relación con el segundo incidente dijeron que las autoridades se habían negado a hacer públicos los resultados toxicológicos que indicaban la causa del envenenamiento anterior y la forma de gas utilizado. En entrevistas concedidas a medios de comunicación, estudiantes hospitalizadas dijeron que habían notado un olor a gas no habitual en la escuela y que estaban aquejadas de insuficiencia respiratoria, entumecimiento y dolor en las piernas y dificultades para caminar. Medios de comunicación estatales informaron de que al menos 30 familias habían presentado denuncias oficiales ante la Fiscalía Pública y Revolucionaria de Qom en relación con el envenenamiento de estudiantes. Las autoridades anunciaron que la Fiscalía Pública y Revolucionaria de Qom habían designado un grupo de trabajo especial para investigar, pero desde entonces no se ha hecho pública más información. Desde estos primeros incidentes, los ataques han aumentado exponencialmente, y medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos han informado de que más de 300 ataques distintos han tenido lugar en más de 100 escuelas de niñas en todo Irán. Según medios de comunicación independientes y grupos de derechos humanos, los ataques más recientes tuvieron lugar los días 15, 16 y 17 de abril en múltiples escuelas en las provincias de Alborz, Ardabil, Azerbaiyán Occidental, Azerbaiyán Oriental, Isfahán, Fars, Juzestán, Kermanshah, Kurdistán, Mazandarán y Teherán. Vídeos que han circulado en Internet en los últimos meses muestran escenas caóticas de niñas en un evidente estado de angustia en recintos escolares, tosiendo y respirando con dificultad, en tanto que otros vídeos del interior de hospitales muestran un gran número de niñas de escuelas recibiendo tratamiento médico. En febrero, periodistas independientes fuera de Irán informaron de que una niña de 11 años había muerto tras resultar envenenada en un ataque contra su escuela en Qom, pero las autoridades desmintieron estas informaciones y medios de comunicación estatales publicaron artículos en los que se aludía a una enfermedad viral respiratoria y una dolencia renal como causas de la muerte. Familiares de la niña afirmaron en un vídeo emitido en medios de comunicación estatales y en publicaciones escritas en redes sociales que había muerto debido a un problema renal y una enfermedad infecciosa. Habida cuenta del dilatado historial de las autoridades iraníes de presionar a las familias de las víctimas para obligarlas a hacer declaraciones públicas que sigan los relatos estatales, Amnistía Internacional considera motivo de preocupación la posibilidad de que la familia haya sido obligada a hacer estas declaraciones mediante coacción. A pesar de múltiples declaraciones de autoridades estatales, incluidos el líder supremo de Irán, el presidente, el presidente de la magistratura y el fiscal general, en las que pretenden tomarse en serio los envenenamientos, las autoridades no han hecho llegar a las familias y a la opinión pública información alguna sobre los resultados de las investigaciones relativas a los gases químicos utilizados para envenenar a las niñas en las escuelas, no han hecho rendir cuentas a los autores de estos hechos y no han tomado medidas adecuadas para proteger a las niñas de ataques generalizados contra las escuelas, incluida la repetición de ataques en las mismas escuelas. Al mismo tiempo, las autoridades han promovido relatos contradictorios sobre los ataques, como culpar de los síntomas que presentan las escolares a “contagio mental”, en vez de envenenamiento, y al mismo tiempo culpar de los envenenamientos a “conspiraciones enemigas” organizadas para “inflamar la sociedad”. Además, las autoridades han intentado distorsionar la verdad sobre la causa de los envenenamientos a las pacientes y sus familias y silenciar a los medios de comunicación que informan del asunto. Amnistía Internacional recibió información de un médico que trabaja dentro de Irán según la cual el Ministerio de Salud ha remitido a los centros médicos del país un protocolo en el que se ordena que el personal médico atribuya a “estrés” los síntomas que sufren las escolares por los ataques con gases químicos. Las autoridades también han detenido arbitrariamente al menos a un periodista que informaba sobre los envenenamientos y ha citado a varios más para proceder a su interrogatorio. El hecho de no haber puesto fin a los envenenamientos ha dado lugar a críticas y protestas públicas cada vez más numerosas de padres y madres angustiados, alumnas, docentes y otras personas, a las que las autoridades han respondido con sus medidas represivas habituales. En marzo, las protestas organizadas por sindicatos de docentes en relación con los envenenamientos y las condiciones de trabajo fueron dispersas de forma violenta con golpes, pulverizadores de pimienta y gas lacrimógeno. El mismo mes, vídeos compartidos en las redes sociales mostraban a miembros uniformados y vestidos de civil de las fuerzas de seguridad atacando violentamente a la madre de una víctima en el exterior de una escuela de Teherán propinándole empujones y tirones de forma agresiva y poniéndole las manos sobre la boca para silenciar sus gritos. El 9 de abril, tras otro envenenamiento en una escuela de niñas de Saqqez, provincia de Kurdistán, se informó de que las fuerzas de seguridad habían respondido a las protestas contra el ataque deteniendo a varias personas. El 15 de abril, las fuerzas de seguridad de Shahin Shahr, provincia de Isfahán, dispararon gas lacrimógeno contra padres y madres angustiados, docentes y simpatizantes que se habían congregado delante del edificio del departamento de educación de la ciudad para protestar por la persistencia de los envenenamientos de estudiantes en la ciudad.