Desde su detención en agosto de 2018 ha sido víctima de innumerables violaciones de derechos humanos, que incluyen detención arbitraria, tortura, violencia de género, discriminación, juicio injusto y condiciones de reclusión inhumanas

Emirlendris Benítez, de 42 años, es una madre, hermana y comerciante que en agosto de 2018 fue detenida arbitrariamente por motivos políticos y sometida a tortura en Venezuela. Ahora se enfrenta a una pena injusta de 30 años de prisión en condiciones inhumanas y necesita atención médica urgente, que incluya un diagnóstico completo y un tratamiento integral para las graves secuelas que sufre a causa de la tortura a la que fue sometida desde su detención y durante un periodo de reclusión en régimen de incomunicación. Pedimos que Emirlendris sea puesta en libertad y que, mientras esté bajo custodia, las autoridades garanticen la atención médica adecuada y de confianza que necesita urgentemente.

Actúen: redacten su propio llamamiento o utilicen esta carta modelo

Celsa Bautista Ontiveros Ministra para el Servicio Penitenciario Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios, Avenida Venezuela,

Edificio Platinum, Urbanización El Rosal, Municipio Chacao,

Caracas Venezuela

Twitter: @CelsaBautistaO

Sra. Bautista Ontiveros: Siento honda preocupación por la salud de Emirlendris Benítez, que actualmente se encuentra encarcelada en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, Caracas, Venezuela. Emirlendris no sólo cumple una draconiana e injusta pena de 30 años de prisión, sino que además tiene que soportar unas condiciones de reclusión intolerables sin atención médica adecuada. Desde su detención en agosto de 2018, Emirlendris Benítez ha sido sometida a una cantidad terrible de violaciones graves de derechos humanos, que incluyen detención arbitraria, tortura, violencia de género, discriminación, juicio injusto y condiciones de reclusión inhumanas. Las brutales torturas que sufrió a manos de autoridades del Estado le han dejado como secuela unas condiciones de salud que requieren atención médica urgente, una atención que han solicitado reiteradamente sus abogados y familiares. Le pido que conceda sin demora la solicitud presentada por los abogados de Emirlendris y garantice que ésta reciba atención médica inmediata, adecuada y de confianza. Emirlendris Benítez debe ser puesta de inmediato en libertad, y la tortura y otras graves violaciones de derechos humanos que ha sufrido deben ser investigadas a fondo y castigadas.

Atentamente, [NOMBRE]

Información complementaria

Emirlendris Benítez es una madre, hermana y comerciante venezolana. Desde su detención en agosto de 2018 ha sido víctima de innumerables violaciones de derechos humanos, que incluyen detención arbitraria, tortura, violencia de género, discriminación, juicio injusto y condiciones de reclusión inhumanas. Su caso es un ejemplo de la aterradora política de represión ejercida por el gobierno venezolano. Aunque Emirlendris no había llevado a cabo ninguna forma de activismo político, fue incriminada en una causa política sin que se le permitiera ejercer su derecho a un juicio justo. El 5 de agosto de 2018 fue detenida arbitrariamente por motivos infundados. Las autoridades la vincularon falsamente con actos de violencia cometidos contra destacados dirigentes políticos de Venezuela, una acusación para la que no existen pruebas y que Emirlendris ha negado en todo momento. Mientras estuvo bajo custodia, y a pesar de estar embarazada, Emirlendris fue torturada. Unas semanas después de su detención fue traslada a la fuerza a un centro médico donde se interrumpió su embarazo sin su conocimiento ni consentimiento. A causa de la tortura a la que fue sometida, necesita el uso a largo plazo de una silla de ruedas para poder moverse. En 2022 fue condenada a una pena de 30 años de prisión por un tribunal no imparcial y guiado por motivos políticos. Las condiciones de reclusión que soporta actualmente son tan terribles que su familia tiene que proporcionarle lo necesario para cubrir sus necesidades básicas, incluidas agua, comida y medicación. Esta situación se ve aún más complicada por la emergencia humanitaria que paraliza a Venezuela al limitar severamente el acceso a alimentos, medicinas y transporte (Emirlendris permanece encarcelada a unos 30 kilómetros de Caracas, donde vive su familia). Emirlendris no debería haber sido detenida, ya que se cree que sus cargos son de motivación política. Además, su draconiana condena debe ser anulada y ella debe ser puesta en libertad de inmediato. El gobierno de Nicolás Maduro ha acosado, procesado y censurado continuamente a activistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de la población venezolana en medio de una compleja emergencia humanitaria y una profunda crisis de derechos humanos que está obligando a cantidades sin precedentes de venezolanos y venezolanas a huir en busca de seguridad y protección. Hasta marzo de 2023, más de 7,24 millones de personas habían huido del país. Desde 2020, tres informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela han documentado exhaustivamente centenares de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en el país desde 2014; además han documentado la manera en que el sistema de justicia sirve como herramienta para la política de represión del gobierno, y han concluido que estas graves violaciones de derechos humanos pueden constituir crímenes de lesa humanidad.