La política de represión continuó. Quienes pertenecían o parecían pertenecer a la oposición política sufrían ataques continuamente y corrían peligro de ser objeto de detención arbitraria, tortura y otras violaciones de derechos humanos.

La falta de acceso a derechos económicos y sociales continuaba siendo motivo de honda preocupación, pues la mayoría de la población sufría inseguridad alimentaria grave y no tenía acceso a atención médica adecuada. Los cuerpos de seguridad respondieron con fuerza excesiva y otras medidas represivas a protestas para reclamar derechos económicos y sociales, incluido el derecho al agua, en las que participaron diversos sectores de la población. Persistía la impunidad por las ejecuciones extrajudiciales continuas que cometían las fuerzas de seguridad. Los servicios de inteligencia y otras fuerzas de seguridad, con la aquiescencia del sistema judicial, continuaron deteniendo de forma arbitraria, torturando e infligiendo otros tipos de malos tratos a las personas consideradas opositoras al gobierno de Nicolás Maduro. Un informe de la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela reveló patrones de crímenes de lesa humanidad y pidió que se investigara a varios cargos gubernamentales identificados. Las condiciones penitenciarias seguían siendo un importante motivo de preocupación, especialmente en relación con el hacinamiento y el uso de centros de detención ilegales, así como con el acceso a derechos fundamentales tales como el agua y la alimentación. Pese a la aprobación de reformas jurídicas relativas a la administración de justicia, las víctimas seguían teniendo dificultades para acceder al derecho a verdad y reparación. Entre 240 y 310 personas permanecían detenidas arbitrariamente por motivos políticos. El Estado dirigió sus políticas represivas contra periodistas, medios de comunicación independientes y defensores y defensoras de los derechos humanos. La minería ilegal y la violencia amenazaban los derechos de los pueblos indígenas en el Arco Minero del Orinoco. El aborto seguía penalizado en casi todas las circunstancias. Persistía la violencia contra las mujeres, pese al marco jurídico existente. No se avanzó en garantizar los derechos de las personas LGBTI. Al terminar el año, más de 7,1 millones de personas venezolanas habían huido del país.

Información general

La reforma judicial implementada en 2021 y 2022 no se tradujo en mejoras en la administración de justicia.

La hiperinflación y la alarmante falta de poder adquisitivo para comprar los productos básicos provocaron que la mayoría de la población, especialmente la que vivía fuera de la capital, Caracas, sufriera una profunda crisis humanitaria.

En un intento de controlar el sector privado, las autoridades continuaron imponiendo inspecciones arbitrarias y sanciones administrativas a las empresas y los comercios.

Las negociaciones entre el gobierno y la oposición en relación con las siguientes elecciones continuaron durante el año, pero no se alcanzó un acuerdo.

Venezuela reanudó las relaciones diplomáticas con Colombia, y los dos países anunciaron una apertura progresiva de la frontera que compartían.

El mandato de la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos fue renovado por un periodo de dos años, y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó permiso a la Corte para reanudar la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

Represión de la disidencia

La política de represión continuó. Quienes pertenecían o parecían pertenecer a la oposición política sufrían ataques continuamente y corrían peligro de ser objeto de detención arbitraria, tortura y otras violaciones de derechos humanos. Había varios miles de personas sometidas a medidas restrictivas de la libertad debido a procedimientos judiciales de motivación política pasados o en curso.

Libertad de expresión y de reunión

El número de manifestaciones multitudinarias para exigir derechos civiles y políticos disminuyó con respecto a años anteriores. Las autoridades reaccionaron con tácticas represivas más selectivas, pero aun así sistemáticas, como utilizar el sistema judicial para acallar la disidencia y criminalizar a los defensores y defensoras de los derechos humanos.

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en 2022 se celebraron 7.032 protestas, y en un 77% de las cuales se reclamaron derechos económicos y sociales. Las autoridades respondieron a muchas de estas manifestaciones empleando fuerza excesiva y detenciones arbitrarias. Un ejemplo de ello fue la detención arbitraria en junio de seis activistas que participaban en una vigilia celebrada en Caracas en memoria de Neomar Lander, adolescente asesinado en 2017 durante una protesta.

Hasta agosto, la organización local Espacio Público había documentado 228 ataques a la libertad de expresión en forma de censura, agresiones verbales y actos de intimidación contra periodistas. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones —con la participación activa de agentes de policía y militares— había cerrado 78 emisoras de radio hasta diciembre.

La empresa de telecomunicaciones Telefónica admitió haber recibido y cumplido peticiones del gobierno de bloquear el acceso a varios sitios web e intervenir líneas telefónicas sin orden judicial.

Espacio Público señaló que José Urbina, director de la emisora de radio comunitaria Frontera 92.5 FM, había sido asesinado —al parecer por grupos armados— en el estado Apure, fronterizo con Colombia. El comunicador denunció haber recibido amenazas por poner de relieve presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por la Guardia Nacional Bolivariana en esa zona.

Ejecuciones extrajudiciales

En septiembre, la Misión de Determinación de los Hechos hizo público un informe en el que expresaba preocupación por las persistentes ejecuciones extrajudiciales —coincidentes con patrones previamente documentados— llevadas a cabo en el contexto de operaciones de seguridad en barrios urbanos de ingresos bajos.

Según la organización de derechos humanos Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (COFAVIC), hasta septiembre, las fuerzas de seguridad habían efectuado 488 presuntas ejecuciones extrajudiciales en diversas partes del país. Las personas responsables de esos actos quedaron impunes.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó en junio de que las autoridades habían disuelto las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, que habían participado en varios cientos de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, el gobierno no realizó ninguna declaración pública sobre esta cuestión y las organizaciones de la sociedad civil continuaron denunciado que las FAES permanecían activas.

Desapariciones forzadas, detención arbitraria y tortura

La práctica de las detención arbitraria seguía siendo generalizada, y con frecuencia se infligía tortura u otros malos tratos bajo custodia. Las autoridades también llevaban a cabo desapariciones forzadas de corta duración como parte de ese patrón de violaciones de derechos humanos.

Varias ONG locales denunciaron que, hasta noviembre, entre 240 y 310 personas estaban detenidas de forma arbitraria por motivos políticos.

A principios de julio, en el transcurso de 72 horas, Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Alonso Meléndez y Emilio Negrín —activistas del partido de oposición Bandera Roja, vinculado con el movimiento sindicalista— y Gabriel Blanco —activista de base— fueron detenidos de forma arbitraria y sometidos a violaciones graves de su derecho al debido proceso. No se habían dictado órdenes judiciales de detención contra ellos, un hecho que coincidía con las violaciones de derechos humanos de ese tipo documentadas por la Misión de Determinación de los Hechos.

Ese mismo mes, unos agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvieron de forma arbitraria a Ángel Castillo, militante del Partido Comunista Venezolano —no alineado con las políticas gubernamentales—, mientras participaba en una protesta de apoyo a los derechos laborales; el activista quedó en libertad ese mismo día.

La ONG de derechos humanos Foro Penal señaló que, hasta julio, las autoridades habían llevado a cabo 23 detenciones arbitrarias.

En agosto, Emirlendris Benítez, que permanecía detenida de forma arbitraria por motivos políticos desde 2018 y padecía varios problemas de salud, fue condenada a 30 años de prisión. Su sentencia no se hizo pública, lo que impidió a su abogada apelar. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria había pedido su excarcelación inmediata.

En septiembre, la Misión de Determinación de los Hechos informó de que las estructuras de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el SEBIN se mantenían, y que los patrones de violaciones de derechos humanos dentro de esos organismos que ya habían sido documentados —como la tortura y otros malos tratos— persistían. La Misión también identificó a un grupo de personas de esos organismos de inteligencia que habían llevado a cabo detenciones arbitrarias y actos de tortura y otros malos tratos, así como a una cadena de mando que las vinculaba directamente con Nicolás Maduro, y pidió que se las investigara por crímenes de lesa humanidad.

Condiciones de reclusión inhumanas

Continuaban deteriorándose las condiciones de reclusión en los centros de detención, en los que se sufría hacinamiento y no se proporcionaba alimentación ni agua en cantidad suficiente, de manera que las personas detenidas dependían de sus familiares para conseguir artículos de primera necesidad.

La práctica de la detención prolongada en las comisarías de policía y otros centros de detención ilegal también seguía suscitando preocupación.

Las condiciones de reclusión de las mujeres eran motivo de especial preocupación por la falta de instalaciones y entornos con perspectiva de género.

Impunidad

Las violaciones de derechos humanos quedaban impunes. Los informes de la Misión de Determinación de los Hechos destacaron la manipulación del sistema judicial para proteger de la justicia a los agentes de policía y de las fuerzas armadas responsables de esas violaciones.

Venezuela pidió que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional aplazara la investigación aduciendo que las autoridades del país ya estaban indagando a nivel nacional sobre las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional. Sin embargo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional solicitó reanudar su investigación alegando que Venezuela no había aportado información adicional sobre la medida en que los procedimientos internos del país cumplían las normas del Estatuto de Roma de la CPI y cuestionando la autenticidad de los procedimientos que Venezuela le había notificado. La decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI sobre la posible continuación de la investigación seguía pendiente al finalizar el año, si bien la Sala había invitado a las víctimas a presentar sus observaciones —no más tarde de marzo de 2023— en relación con las investigaciones que Venezuela alegaba haber llevado a cabo.

Juicios injustos

La Misión de Determinación de los Hechos reiteró su preocupación por el uso del sistema judicial para facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos, como la detención arbitraria, y de crímenes de derecho internacional, como la persecución.

La Fiscalía formuló acusaciones informales contra varias personas a través de las redes sociales, lo que puso en peligro los derechos de éstas a un juicio justo y a la presunción de inocencia, entre otros. Entre las personas acusadas había niños, niñas y adolescentes.

Derecho a verdad, justicia y reparación

Al terminar el año, las relatorías especiales y los órganos creados en virtud de tratados de la ONU seguían esperando las invitaciones oficiales para visitar el país.

La Misión de Determinación de los Hechos vio prorrogado su mandato, aunque al final del año las autoridades venezolanas no le habían autorizado el acceso al país.

Pese a la reforma judicial anunciada en 2021, continuaban los principales problemas en torno al acceso a la justicia, incluidos la falta de independencia judicial, el uso político de los procedimientos judiciales contra las personas a las que se consideraba opositoras al gobierno, y los obstáculos que dificultaban el acceso de las víctimas a la justicia como, por ejemplo, denegarles el acceso a los expedientes de caso, negarles arbitrariamente el derecho a designar a su propia representación legal, e incurrir en retrasos injustificados.

Derechos de los pueblos indígenas

La minería ilegal que se practicaba en la zona del Arco Minero del Orinoco afectaba seriamente a los derechos humanos en el estado Bolívar, sobre todo al derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y a un medioambiente saludable. En su informe, publicado en septiembre, la Misión de Determinación de los Hechos documentó los graves abusos y violaciones de derechos humanos que se cometían en el Arco y señaló la connivencia de algunas autoridades estatales con los grupos delictivos que actuaban en las zonas mineras —y en ocasiones las controlaban— y la falta de investigación y castigo de las personas responsables de esos actos.

En marzo, un incidente que tuvo lugar en la localidad de Parima B (frontera sur del estado Amazonas), en el que participaron miembros de las fuerzas armadas y personas indígenas yanomamis, causó la muerte a cuatro personas indígenas y lesiones a dos miembros de las fuerzas armadas y, al menos, a otras dos personas indígenas que, presuntamente, habían sido testigos de los homicidios y trasladadas a un lugar desconocido. Aunque los testigos finalmente aparecieron y recibieron tratamiento médico, preocupaba el hecho de que las autoridades los hubieran trasladado a Caracas sin asistencia jurídica y de que no se hubiesen tomado medidas para evitar la revictimización y garantizarles un trato acorde con su cultura.1

En junio, el líder indígena y defensor del territorio, la tierra y el medioambiente Virgilio Trujillo fue asesinado a tiros en la ciudad de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas. No se tuvo conocimiento de que se hubiera realizado ningún avance durante el año en la investigación de su muerte.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

La represión de organizaciones de la sociedad civil aumentó y se intensificó. Según el Centro para los Defensores y la Justicia, se cometieron 396 ataques contra personas defensoras de los derechos humanos, incluidos actos de intimidación y estigmatización y amenazas.

Javier Tarazona, preso de conciencia y defensor de los derechos humanos perteneciente a la organización Fundaredes, permanecía detenido de forma arbitraria y se enfrentaba a cargos relacionados con el terrorismo.

A los defensores de los derechos humanos Marino Alvarado y Alfredo Infante se les notificó una demanda por difamación que el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, había presentado contra ellos como respuesta a un informe publicado en marzo por las ONG PROVEA y Centro Gumilla (de las que los hombres eran miembros respectivamente), que revelaba posibles ejecuciones extrajudiciales en ese estado y pedía una rendición total de cuentas.2

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Al terminar el año, más de 7,1 millones de personas habían abandonado el país. Las mujeres refugiadas venezolanas encontraban mayores dificultades para acceder a la protección internacional en los países de acogida, como Colombia, Ecuador, Perú y Trinidad y Tobago.3 Esa falta de protección las exponía a un elevado riesgo de sufrir múltiples formas de violencia de género, incluidas la violencia sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.

Derechos económicos, sociales y culturales

La falta de acceso a alimentos, agua y atención médica continuó siendo motivo de honda preocupación.

Derecho a la salud

El acceso de las personas con enfermedades crónicas a tratamiento médico y servicios de salud seguía siendo un problema fundamental. Acción Solidaria, organización local que proporcionaba ayuda humanitaria, denunció que el 33% de las personas mayores de 60 años con enfermedades crónicas no recibían tratamiento.

Durante el año, varias organizaciones de defensa de los derechos de la infancia pusieron de relieve la muerte de niños y niñas en el hospital J. M. de los Ríos debido a la suspensión del programa de trasplante de órganos, pese a las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había otorgado en favor de los pacientes de este centro de atención médica.

Derecho a la alimentación

Según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, el costo de la canasta básica mensual de alimentos en noviembre equivalía a unos 386 dólares estadounidenses, mientras que el salario mínimo mensual, fijado en marzo, era de tan solo 13 dólares, de manera que la mayoría de la población sufría inseguridad alimentaria. En diciembre, la situación se agravó aún más a consecuencia de una devaluación drástica de la moneda nacional.

El Banco Mundial señaló que, en agosto, Venezuela presentaba la tercera mayor tasa de inflación de los alimentos del mundo.

Derecho al agua

La negligencia y la falta de mantenimiento continuaron reduciendo el acceso de la población al agua, pese a los comunicados oficiales que prometían una cobertura del 95% en todo el país al concluir el año. Esa situación provocó protestas comunitarias generalizadas y reiteradas en relación con el acceso al agua y al saneamiento.

Derechos sexuales y reproductivos

Las repercusiones de la emergencia humanitaria en curso sobre los servicios de salud sexual y reproductiva contribuyeron a obstaculizar el acceso a esos derechos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también denunció que la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, como la planificación familiar, afectaba a la tasa de mortalidad materna.

En septiembre, una iniciativa de la sociedad civil llamada Ruta Verde celebró una marcha a la Asamblea Nacional para presentar un documento en el que se exigía la despenalización del aborto, que sólo estaba permitido cuando había peligro de muerte y seguía careciendo de protocolos médicos. Al concluir el año no se habían registrado avances significativos sobre el particular.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Las personas LGBTI continuaban sufriendo discriminación. Varias organizaciones pidieron a las autoridades la inclusión en el ordenamiento jurídico del derecho de la población LGBTI a no sufrir discriminación. Al terminar el año no se habían producido avances en relación con los derechos LGBTI.

Igualmente, al concluir 2022 seguía pendiente un recurso presentado en 2021 para anular el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, que penalizaba las relaciones íntimas entre personas adultas del mismo sexo cuando alguna de ellas fuera integrante de las fuerzas armadas.

Violencia contra mujeres y niñas

A principios del año, la Asamblea Nacional aprobó una reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Las organizaciones de la sociedad civil y el movimiento feminista criticaron la modificación aduciendo que no daba cumplimiento a la obligación del Estado de prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres porque las políticas públicas no incluían una perspectiva de género y el funcionariado público no recibía formación para prestar atención primaria a las mujeres sobrevivientes de violencia sexual y de género.

Según la organización local de derechos humanos CEPAZ, entre enero y septiembre se denunciaron 199 presuntos femicidios. Las autoridades no recopilaban ni publicaban datos oficiales sobre los femicidios, lo que dificultaba la implementación de iniciativas fundamentadas para prevenir esos delitos.

Descarga el informe completo acá: https://www.amnesty.org/es/location/americas/south-america/venezuela/report-venezuela/