“El inminente quinto aniversario de la crisis rohinyá debe ser un momento decisivo en la búsqueda urgente de justicia para las víctimas y para exigir cuentas a los responsables”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

El 25 de agosto de 2017, el ejército de Myanmar lanzó una serie de operaciones violentas contra la población rohinyá en el norte del estado de Rajine que se tradujo en graves crímenes de derecho internacional y el incendio de pueblos enteros, y obligó a cientos de miles de personas a huir a Bangladesh.

“Este solemne aniversario es un inquietante recordatorio de que ni un solo oficial de alta graduación de las fuerzas armadas de Myanmar ha sido enjuiciado por la atroz campaña de violencia contra la población rohinyá”, manifestó Ming Yu Hah, directora regional adjunta de Campañas de Amnistía Internacional.

“Amnistía Internacional expresa su solidaridad con la población rohinyá que está en el estado de Rajine y con el alrededor de un millón de personas refugiadas que viven al otro lado de la frontera, en Bangladesh. Es esencial que haya una justicia real para poner fin a la espiral de impunidad que asola Myanmar desde hace muchos años”.

Este solemne aniversario es un inquietante recordatorio de que ni un solo oficial de alta graduación de las fuerzas armadas de Myanmar ha sido enjuiciado por la atroz campaña de violencia contra la población rohinyá.

Ming Yu Hah, directora regional adjunta de Campañas de Amnistía Internacional

Cinco años después, la población rohinyá del estado de Rajine sigue careciendo de libertad de circulación y de otros derechos fundamentales, como acceso a alimentación, atención médica y educación adecuadas, problemas que agrava la creciente inseguridad consecuencia del golpe de Estado militar de 2021 en el país. Al otro lado de la frontera, en Bangladesh, la población refugiada rohinyá vive en una situación incierta en la que no tiene ni la oportunidad de regresar sin riesgos a su hogar en Myanmar ni un modo de vivir pacíficamente en Bangladesh, en cuyos campos para personas refugiadas la violencia va en aumento.

“Padecemos dificultades enormes en los campos de refugiados”, dijo a Amnistía Internacional San thai Shin, refugiado rohinyá en el campo de Cox’s Bazar de Bangladesh en junio. “No sabemos cómo podremos volver alguna vez a casa. No estamos a salvo en los campos de refugiados ni en Arakán [estado de Rajine en Myanmar]”.

“Nuestro pueblo está perdiendo la vida por la violencia de las bandas en los campos de refugiados, en el desastre medioambiental o por intentar migrar a otros países por vías peligrosas, a través de mares mortales y por otros medios”.

Es importante que algunos esfuerzos de justicia internacional están avanzando. En julio de 2022, la Corte Internacional de Justicia (CPI) rechazó las objeciones de Myanmar y decidió que tiene jurisdicción para continuar las actuaciones iniciadas por el gobierno de Gambia contra el gobierno de Myanmar en 2019 en virtud de la Convención sobre el Genocidio.

“La decisión de la Corte Internacional de Justicia es un paso vital en los esfuerzos en curso para hacer que el gobierno de Myanmar rinda cuentas de sus actos”, afirmó Ming Yu Hah.

La CPI también está investigando crímenes cometidos en 2016 y 2017 contra la población rohinyá. Aunque Myanmar no ha ratificado el Estatuto de la CPI, ésta está examinando presuntos crímenes cometidos en parte en territorio de Bangladesh o de otros Estados. Amnistía Internacional ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que remita toda la situación de Myanmar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que pueda llevarse a cabo una investigación de todos los crímenes cometidos en Myanmar.

Además, en aplicación del principio de jurisdicción universal, que permite a las autoridades nacionales de un país investigar crímenes de derecho internacional cometidos en cualquier otro país del mundo en nombre de la comunidad internacional, en Argentina se está realizando una investigación sobre otros crímenes cometidos en Myanmar La causa, que fue iniciada por la Organización Rohinyá Birmana Reino Unido (BROUK), espera exigir cuentas a altos mandos militares de su presunta responsabilidad en crímenes contra el pueblo rohinyá.

Estos esfuerzos deben recibir apoyo y otros Estados deberían también adoptar medidas para investigar y enjuiciar los crímenes ante sus tribunales nacionales.

“La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático debe desempeñar asimismo un papel más enérgico, resuelto y de liderazgo en la defensa del pueblo rohinyá y presionar para exigir responsabilidades en Myanmar”, añadió Ming Yu Hah.

“Reiteramos nuestro llamamiento a las autoridades para que respeten y garanticen la participación de la población rohinyá en las decisiones que la afectan a fin de proteger sus derechos humanos”.

Información complementaria:

Más de 740.000 mujeres, hombres, niños y niñas rohinyás huyeron del norte del estado de Rajine a la vecina Bangladesh cuando, en agosto de 2017, las fuerzas de seguridad de Myanmar lanzaron un ataque generalizado y sistemático contra aldeas rohinyás en el que se cometieron homicidios extrajudiciales, se destruyeron propiedades y se perpetraron agresiones sexuales. El asalto se produjo tras una serie de lo que, según las fuerzas armadas, eran ataques rebeldes contra puestos policiales.

Teniendo en cuenta décadas anteriores de violencia contra la población rohinyá, se calcula que en la actualidad viven en Bangladesh un millón de personas rohinyás refugiadas, mientras muchas de sus casas en el estado de Rajine han sido totalmente destruidas.

La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Myanmar había pedido anteriormente que se investigara y procesara al general Min Aung Hlaing y a otros altos mandos militares por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio Min Aung Hlaing asumió la función de presidente del Consejo de Administración del Estado tras el golpe de febrero de 2021.

En un informe publicado este mismo mes, desde el golpe de Estado, Amnistía Internacional ha documentado la represión y la detención arbitraria de quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, así como desapariciones forzadas, torturas y otros tratos inhumanos en detención.

Según informes, más de 2.000 personas han muerto violentamente desde el golpe de Estado y Myanmar ha ejecutado arbitrariamente a cuatro personas tras juicios manifiestamente injustos después de décadas sin aplicar la pena capital.

Un informe de Amnistía Internacional publicado en julio mostraba que el ejército de Myanmar está cometiendo crímenes de guerra con la colocación de minas terrestres prohibidas en torno a pueblos del estado de Kayah (Karenni), mientras un informe de mayo mostró que los militares usan ataques y bombardeos aéreos como forma de castigo colectivo contra la población civil.