No son pocos los problemas —entre ellos la crisis ambiental, la desigualdad creciente, las amenazas para los medios de vida, el racismo sistémico y la violencia de género— que hacen que la acción colectiva sea más necesaria que nunca. Los gobiernos han reaccionado aprobando legislación que impone restricciones ilegítimas sobre el derecho a la protesta. Por ejemplo, hemos visto prohibiciones generales de las protestas en Grecia y Chipre durante la pandemia de COVID-19. En Reino Unido se ha aprobado una ley con disposiciones que otorgan amplios poderes a los agentes de policía, incluida la capacidad de prohibir “protestas ruidosas”, mientras que en Senegal están prohibidas las manifestaciones políticas en el centro de Dakar desde 2011 para evitar las protestas cerca de edificios gubernamentales.

Toda clase de gobiernos están incrementando también el uso de los poderes excepcionales como excusa para reprimir la disidencia. Así se vio en los peores momentos de la pandemia de COVID-19 en algunos países, como Tailandia, mientras que en República Democrática del Congo, en virtud de un “estado de sitio” impuesto por el gobierno, los agentes de la policía y el ejército tienen amplios poderes para restringir las protestas en las provincias de Ituri y Kivu Septentrional desde mayo de 2021.

Gobiernos de todo el mundo justifican las restricciones afirmando que la protesta constituye una amenaza para el orden público y estigmatizando a los manifestantes al calificarlos de “problemáticos”, “alborotadores” e incluso “terroristas”. Definiendo de este modo a las personas que se manifiestan, las autoridades justifican sus medidas de tolerancia cero: introducción y uso indebido de leyes de seguridad ambiguas y draconianas, actuación policial de mano dura y medidas disuasorias con carácter preventivo.

Este enfoque se observó en Hong Kong, donde la Ley de Seguridad Nacional y su amplia definición de “seguridad nacional” se ha utilizado arbitrariamente para restringir las protestas, entre otras cosas.

Y en India, la Ley de Prevención de Actividades Ilegales contra el terrorismo y el delito de “sedición” se han utilizado repetidamente contra periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y personas que se manifestaban pacíficamente.

Si bien los gobiernos llevan tiempo apoyándose en tácticas agresivas para controlar policialmente las protestas, en los últimos años ha aumentado la cantidad de fuerza empleada por las fuerzas de seguridad en el desempeño de sus funciones.

Las llamadas “armas menos letales” —como porras, pulverizadores de pimienta, gas lacrimógeno, granadas paralizantes, cañones de agua y balas de goma— son utilizadas indebidamente por las fuerzas de seguridad de forma sistemática. Y, desde principios de la década de 2000, Amnistía Internacional ha documentado una tendencia a la militarización de la respuesta estatal a las protestas, incluido el despliegue de fuerzas armadas y uso de equipo militar. En países como Chile y Francia, las fuerzas de seguridad van bien equipadas con material antidisturbios y suelen estar respaldadas por vehículos acorazados, aeronaves de uso militar, drones de vigilancia, fusiles y armas de asalto, granadas aturdidoras y cañones de sonido.

Durante la sublevación masiva que siguió al golpe de Estado de 2021 en Myanmar, las fuerzas armadas usaron ilegalmente medios letales contra manifestantes pacíficos. Según observadores, más de 2.000 personas han sido asesinadas y más de 13.000 han sido detenidas desde que los militares tomaron el poder.

Las personas que sufren desigualdad y discriminación, ya sea por motivo de su raza, género, orientación sexual, identidad de género, religión, edad, discapacidad, ocupación o situación social, económica o migratoria, también resultan más afectadas por las restricciones del derecho a protestar y sufren mayor represión.

Por ejemplo, las mujeres, la comunidad LGBTI y las personas que no se ajustan a las convenciones de género sufren distintas formas de violencia de género, marginación e imposiciones sociales y legales. En países como Sudán, Colombia y Bielorrusia se han cometido agresiones sexuales contra mujeres por participar en protestas, mientras que en Turquía, por ejemplo, las marchas del Orgullo llevan años prohibidas.

“Nuestra campaña llega en un momento crítico. El valioso derecho a la protesta se está erosionando a una velocidad de vértigo y debemos hacer todo lo posible para evitarlo”, ha manifestado afirmado Agnès Callamard.

“Incontables manifestantes han perdido la vida en los últimos años y ahora, también en su nombre, debemos alzar nuestra propia voz y defender nuestro derecho a decir la verdad al poder a través de protestas en la calle y en Internet.”