El 8 de marzo, el Tribunal Minicipal Popular de Centro Havana anunció que iban a comenzar las vistas orales de ambos presos de conciencia y señaló que habían sido acusados en aplicación de varias disposiciones imprecisas del Código Penal, entre ellas “ultraje a los símbolos de la patria”, “desacato”, “difamación a las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires”, “atentado”, “resistencia” y “desórdenes públicos”

En los últimos meses, personas cubanas de toda edad y condición han sido acusadas, juzgadas o condenadas en actuaciones judiciales en gran medida injustas y opacas, la mayoría celebradas a puerta cerrada, por participar en las manifestaciones de julio de 2021 en todo el país; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional, que ha pedido a las autoridades que permita entrar en el país a la organización y otros observadores de los derechos humanos para dar seguimiento a los juicios en curso.

“En una serie de procedimientos y juicios injustos y opacos contra manifestantes en las últimas semanas, las autoridades cubanas han continuado su campaña de criminalización con el único fin de restablecer la cultura del miedo, quebrada en 2021 cuando la gente salió a la calle para expresarse”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

“Como es habitual en Cuba, donde el poder judicial está firmemente sometido al control gubernamental, no hay transparencia en los procedimientos ni se permite asistir a los juicios a periodistas y observadores de derechos humanos independientes.”

Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez, dos de las personas que van a ser juzgadas próximamente, fueron adoptados como presos de conciencia por Amnistía Internacional el año pasado. Las autoridades detuvieron a Otero Alcántara, artista y miembro del Movimiento San Isidro, el 11 de julio, justo después de que publicara un vídeo en el que indicaba su intención de sumarse a las protestas. En mayo, con anterioridad a las manifestaciones, las autoridades detuvieron también a Castillo Pérez, coautor de la popular canción “Patria y Vida”, adoptada como himno de protesta y por la que él y otros artistas recibieron un Grammy Latino en 2021.

El 8 de marzo, el Tribunal Minicipal Popular de Centro Havana anunció que iban a comenzar las vistas orales de ambos presos de conciencia y señaló que habían sido acusados en aplicación de varias disposiciones imprecisas del Código Penal, entre ellas “ultraje a los símbolos de la patria”, “desacato”, “difamación a las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires”, “atentado”, “resistencia” y “desórdenes públicos”.

Amnistía Internacional lleva décadas documentando el uso concreto de estos delitos de desórdenes públicos para acallar la disidencia. Según la documentación del tribunal, tanto Otero Alcántara como Castillo Pérez, que ya llevan más de siete meses recluidos, continuarán en prisión provisional en espera del juicio.

Aunque las autoridades nunca respondieron a una carta en la que Amnistía Internacional solicitaba información sobre el número de personas detenidas en relación con las protestas del 11 de julio, la ONG Cubalex ha dado seguimiento a la situación y calcula que unas 700 personas continúan bajo custodia por manifestarse el año pasado. En su mayoría están acusadas en aplicación de disposiciones del Código Penal usadas tradicionalmente para silenciar la disidencia.

El 16 de marzo, en un contexto en el que los equipos de defensa jurídica están fuertemente controlados por el Estado y el acceso a los documentos judiciales es excepcional, las autoridades cubanas tomaron la inusual medida de hacer públicas al menos seis sentencias relacionadas con unas 129 personas, varias de ellas adolescentes, que habían sido acusadas de delitos más graves por manifestarse. Se las acusó principalmente de lanzar piedras o botellas contra agentes encargados de hacer cumplir la ley, y algunas fueron condenadas a 30 años de prisión.

En una de las causas, 21 personas —muchas de veintipocos años— fueron formalmente acusadas de “sedición” y condenadas a penas severas a partir de nueve años de prisión por alteración del orden social socialista, incitación a la violencia, incumplimiento de la normativa de distanciamiento social por la COVID-19 y lanzamiento de piedras y botellas inflamables, entre otras cosas. Como es habitual en la sentencias dictadas en Cuba, en esta se afirmaba que algunas de las personas acusadas tenían vínculos con elementos antisociales o malas relaciones con el vecindario y se indicaba si tenían trabajo o no. Tales términos suelen emplearse para describir a personas consideradas detractoras de las autoridades cubanas y no deberían influir en una causa penal.

Amnistía Internacional reitera su solicitud anterior a las autoridades cubanas de que le permitan entrar en el país para dar seguimiento a los juicios de Otero Alcántara, Castillo Pérez y muchas personas más que han sido acusadas y continúan recluidas por manifestarse el 11 de julio.

“Las autoridades cubanas están empleando tácticas de represión de sobra conocidas para enviar un mensaje a las nuevas generaciones de pensadores críticos y bien relacionados: que seguirá sin tolerarse la disidencia de toda índole”, ha afirmado Erika Guevara Rosas.

“Reiteramos nuestro llamamiento a la comunidad internacional para que condene en los términos más enérgicos la penalización de manifestantes pacíficos e insista en solicitar mayor transparencia y el acceso de observadores internacionales. Son demandas sencillas y razonables para un gobierno que ha acusado y/o encarcelado a unas 700 personas sólo por expresarse.”

Cuba sigue siendo el único país de las Américas que no permite que Amnistía Internacional visite el país para llevar a cabo su trabajo de observación de los derechos humanos.