Es imperativo que las autoridades colombianas fortalezcan los mecanismos de rendición de cuentas y de justicia, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz, dotándolos de recursos y autonomía necesarias para afrontar el enorme desafío que enfrentan

Ante la decisión del Fiscal de la Corte Penal Internacional de cerrar el examen preliminar sobre la situación en Colombia, el cual llevaba 17 años abierto, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas, dijo:

“Si bien se han logrado algunos avances en materia de verdad y justicia en Colombia durante los últimos años, incluida la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, el anuncio del cierre del examen preliminar, abierto hace 17 años, podría representar un duro golpe para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional”.

“Colombia es un país que sigue atravesado por el conflicto armado, con impactos devastadores para comunidades históricamente marginalizadas, como los pueblos Indígenas y Afrodescendientes, y las mujeres y niñas. Tiene el número más alto de personas desplazadas internas en todo el mundo, con 8,3 millones a finales del año pasado, y las cifras han seguido subiendo de manera alarmante durante 2021. Es también considerado el país más letal del mundo para personas defensoras de derechos humanos, y las autoridades siguen respondiendo a la protesta social con represión policial violenta”.

“En este contexto, el cierre del examen podría enviar un mensaje erróneo al gobierno de Iván Duque y otras autoridades estatales de que la impunidad puede continuar siendo la norma. Esto es impermisible. Es imperativo que las autoridades colombianas fortalezcan los mecanismos de rendición de cuentas y de justicia, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz, dotándolos de recursos y autonomía necesarias para afrontar el enorme desafío que enfrentan”.

“Esperamos que el cierre del examen preliminar y el acuerdo firmado con el gobierno Colombiano, en efecto sea asumido como un mensaje claro que Colombia debe poner a las víctimas en el centro de toda acción estatal, garantizando sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición”.