En los últimos cinco años, Amnistía Internacional ha alertado continuamente sobre numerosos homicidios y otros ataques contra activistas en Honduras, uno de los países más mortales del mundo para quienes defienden los derechos humanos

El 12 de marzo de 2021, las autoridades locales hondureñas confirmaron que José Daniel Márquez Márquez, uno de los ocho miembros del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP), había dado positivo en COVID-19. Márquez Márquez compartía celda con siete de los ocho defensores encarcelados. Este mismo año, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria declaró que la detención de estos defensores es arbitraria y pidió su liberación inmediata. Las autoridades deben revisar la detención de los ocho defensores y tomar todas las medidas necesarias para ponerlos de inmediato en libertad.

Actúen: Redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo 

Sr. Óscar Fernando Chinchilla

Fiscal General

Posta Edificio Lomas Plaza II,

Lomas del Guijarro,

Tegucigalpa

Honduras

Correo-e: fiscaliageneralhnd@gmail.com

Twitter: @MP_Honduras / @ofchb

Señor Fiscal General:

Me dirijo a usted para expresarle mi honda preocupación por la vida y la integridad física de José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Orbín Nahúm Hernández, Arnold Javier Alemán, Ewer Alexander Cedillo Cruz y Jeremías Martínez Díaz, miembros del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP). Todos ellos defienden el río Guapinol, en el norte de Honduras, y llevan más de 18 meses privados de libertad. Amnistía Internacional ha recibido informes que confirman que José Daniel Márquez Márquez dio positivo recientemente en COVID-19. Lo han puesto en aislamiento, pero los demás defensores siguen en peligro de contraer la enfermedad.

El 9 de febrero de 2021, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria declaró que la detención de los ocho defensores encarcelados es arbitraria y pidió su liberación inmediata. Anteriormente, expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas recomendaron a todos los Estados que consideraran alternativas al encarcelamiento, para reducir el riesgo de propagación de la COVID-19, especialmente para las personas en prisión preventiva o encarceladas sin base jurídica.

Le insto a revisar de inmediato la situación de los ocho defensores que llevan más de 18 meses privados injustamente de su libertad, y a tomar todas las medidas necesarias para ponerlos de inmediato en libertad, de acuerdo con las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, y para garantizar el derecho de estos defensores a la vida, la salud, la libertad, la libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos.

Atentamente,

[NOMBRE]

Información complementaria

El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) de Tocoa, en el norte de Honduras, está integrado por varias organizaciones que defienden la tierra y los derechos ambientales, como los Comités Ambientales de Sector San Pedro (13 comunidades) y el Comité Sector Abisinia (14 comunidades), el Comité Ambiental de la Comunidad de Guapinol, grupos campesinos y las organizaciones Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) y Parroquia San Isidro de Tocoa. El CMDBCP se opone a la concesión otorgada a la empresa minera Inversiones Los Pinares en el Parque Nacional Carlos Escaleras (anteriormente conocido como Montaña de Botaderos), situado en el municipio de Tocoa. El 1 de agosto de 2018, la población local estableció el “campamento de Guapinol” para protestar pacíficamente contra la concesión y explotación minera de la zona núcleo del área protegida donde se encuentran las fuentes de agua de las que depende su supervivencia. Se han presentado varias denuncias penales ante los tribunales locales, que siguen pendientes.

Los miembros del CMDBCP han sido sometidos al menos a dos procedimientos penales desde 2018 por defender los ríos Guapinol y San Pedro. En marzo de 2019, un juez desestimó los cargos contra 12 de ellos, acusados de “incendio agravado” y “privación injusta de libertad”, pero el Ministerio Público presentó un recurso de apelación. El 13 de agosto de 2020, la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán anuló la desestimación que se había ordenado en marzo a favor de 5 de los 12 defensores, lo que significa que estos hombres podrían enfrentarse a un nuevo juicio y ser enviados de nuevo a prisión preventiva.

El 26 de agosto de 2019, las autoridades detuvieron a José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Orbín Nahúm Hernández, Arnold Javier Alemán y Ewer Alexander Cedillo Cruz. Una semana después, el 1 de septiembre, un tribunal los acusó, y un juez ordenó su prisión preventiva. El 29 de noviembre de 2019, tras haber pasado más de dos meses en una prisión de alta seguridad, las autoridades los trasladaron al Centro Penal de Olanchito, donde permanecen desde entonces (véase Honduras: Autoridades deben garantizar debido proceso a personas defensoras). Jeremías Martínez Díaz permanece recluido en el Centro Penal La Ceiba desde el 5 de diciembre de 2018. Algunos defensores actualmente encarcelados comunicaron que tenían problemas de salud, como hipertensión o problemas respiratorios. Hasta el momento, los diversos recursos contra su detención y las peticiones de hábeas corpus que se han presentado para solicitar una medida alternativa tanto por la ilegalidad de la detención como por el riesgo de COVID-19 han sido declarados inadmisibles o están pendientes de resolución.

Tras una visita realizada el 16 de abril de 2020 al Centro Penal de Olanchito, el Mecanismo y Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV) solicitó una revisión de la prisión preventiva de los siete defensores del Guapinol. Amnistía Internacional ya pidió en agosto de 2020 que se liberara a los 13 defensores y se les permitiera ser juzgados en libertad (véase la Acción Urgente).

En su Opinión núm. 85/2020, emitida durante su 89º periodo de sesiones, del 23 al 27 de noviembre de 2020, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria subrayó que no hay motivo legal para utilizar la prisión preventiva en el caso de los defensores José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Orbín Nahúm Hernández, Arnold Javier Alemán, Ewer Alexander Cedillo Cruz y Jeremías Martínez Díaz, e hizo hincapié en el actual peligro que corren en el contexto de la pandemia de COVID-19. El Grupo de Trabajo pidió que se pusiera en libertad inmediata y se otorgara reparación a los ocho defensores, y que se investigara a los sospechosos de ser penalmente responsables de su detención ilegal.

Honduras lleva años enfrentándose a un grave problema de hacinamiento en las cárceles. Según el informe anual de 2020 de MNP-CONAPREV, las prisiones de Honduras están masificadas al 166% de su capacidad instalada, y sólo el 45% de la población reclusa cuenta con una sentencia firme sobre los fundamentos de su caso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado periódicamente su preocupación por las condiciones de detención existentes en Honduras, que —debido a las deficientes infraestructuras, la falta de higiene, la carencia de instalaciones de aseo y lugares dignos para dormir, la deficiente atención médica, la escasez de alimentos y su falta de valor nutricional, y el deficiente e insuficiente acceso al agua— suponen un riesgo para la vida y la integridad de las personas privadas de su libertad. En septiembre de 2020, las autoridades penitenciarias de Honduras informaron de que un total de 1.749 personas detenidas habían dado positivo en COVID-19; en 2021 se ha informado de 108 casos.

En los últimos cinco años, Amnistía Internacional ha alertado continuamente sobre numerosos homicidios y otros ataques contra activistas en Honduras, uno de los países más mortales del mundo para quienes defienden los derechos humanos. 

Pueden escribir llamamientos en: Español. También pueden escribir en su propio idioma

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 13 de mayo de 2021. Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada

Nombre y género gramatical preferido: Miembros del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (no aplicable)

Enlace a la AU anterior: https://www.amnesty.org/es/documents/amr37/2934/2020/es/