La alternativa, separar a familias y liberar sólo a las personas menores de edad, es inaceptable. La separación familiar causada por una “decisión” bajo coacción vulnera múltiples derechos humanos, entre ellos el derecho a la unidad familiar, el derecho a la libertad y el principio de anteponer el interés superior del menor

Mientras la COVID-19 se propaga descontrolada en los centros estadounidenses de detención para familias, las autoridades de inmigración siguen manteniendo encerradas y poniendo en peligro a casi 90 familias que llegaron a Estados Unidos buscando seguridad frente a la violencia y la persecución en sus países de origen. Una familia de la anterior Acción Urgente, Marilin* y Yunior*, quedó en libertad, pero otras permanecen encerradas. Las autoridades deben liberar a todas las familias sin separarlas para protegerlas de la pandemia, manteniendo al mismo tiempo su unidad familiar. La alternativa —liberar a las personas menores de edad y mantener detenidos a sus progenitores— sería equivalente a una separación familiar, una práctica que, de conformidad con la legislación estadounidense y el derecho internacional, en algunos casos puede constituir tortura.

Actúen: Redacten su propio llamamiento o utilicen esta carta modelo 

Tony Pham

Acting Director

U. S Immigration and Customs Enforcement

500 12th St., SW

Washington, D.C. 20536

Correo-e: tony.h.pham@ice.dhs.gov

Señor director en funciones Pham:

Me preocupa enormemente la seguridad y el bienestar de Ana* y Victoria*, Juana* y Norma*, y todas las demás familias recluidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Con casos confirmados de COVID-19 en centros de detención familiar como los de Ana, Victoria, Juana y Norma, las familias se enfrentan a graves complicaciones e incluso a la muerte si contraen el virus. Las familias siguen realizando denuncias creíbles, coincidentes e inquietantes sobre condiciones peligrosas que ponen en peligro a todas las familias, al personal de las instalaciones y a las comunidades circundantes.

Estas familias viajaron a Estados Unidos en busca de protección frente a la violencia y la persecución. Deben poder ejercer su derecho a solicitar asilo de forma segura.

Como director en funciones del ICE, es usted responsable de la salud y la seguridad de estas personas, y debe tomar todas las medidas adecuadas para protegerlas frente a la COVID-19.

Le pido que deje en libertad a todas las familias sin separarlas.

Atentamente,

Información complementaria

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) tiene encerradas a casi 90 familias en tres centros de Pensilvania y Texas. En junio se confirmó la presencia de COVID-19 en los centros de detención para familias, incluidos los centros donde Ana, Victoria, Juana y Norma están detenidas, poniendo a todas las familias privadas de libertad en grave riesgo debido a la falta de higiene y la negligencia en la atención médica. El ICE tiene autoridad legal para poner en libertad a las familias sin separarlas, y normalmente lo ha hecho, pero ha optado por no ejercer su autoridad, dejando a las familias atrapadas tras los muros de los centros de detención.

Ana* (22 años) y su hija Victoria* (4 años) huyeron de Honduras tras recibir reiteradas amenazas contra sus vidas después de que el padre de Victoria fuera asesinado por sus convicciones políticas. El ICE recibió múltiples informes de que Victoria padece asma y de que está en situación de mayor riesgo por la COVID-19, pero se niega a liberarlas. Ana tiene quistes ováricos que durante meses le han causado dolor a diario y no ha recibido atención médica adecuada. Victoria ahora sufre crisis de ansiedad, pesadillas y moja la cama, cosa que no solía hacer.

Juana* (45 años) y Norma* (4 años) huyeron de Honduras con la otra hija de Juana, Paula*, después de que los miembros de una banda las amenazaran con violarlas y matarlas. En la frontera estadounidense las separaron. A Paula la enviaron a México bajo la política ilegal de “Quédate en México”, mientras que a Juana y Norma las pusieron bajo custodia. La incertidumbre sobre la suerte corrida por Paula le pesa mucho a Juana, que además sufre dolor de articulaciones, hipertensión y obesidad. El estrés de la situación ha hecho que pierda bastante peso. Norma está abatida, deprimida, y constantemente pregunta cuándo van a salir. Juana ya no sabe qué responderle.

Estas madres se enfrentaron recientemente a un aniversario ningún padre o madre querría: un año de detención con sus hijos e hijas.

En mayo de 2020, el ICE puso a los progenitores detenidos junto a sus hijos e hijas (incluso de tan sólo un año de edad) ante una disyuntiva imposible: separarlos de sus hijos e hijas, que serían entregados a patrocinadores mientras los progenitores permanecían detenidos indefinidamente y afrontaban una posible deportación, o permanecer detenidos juntos de manera indefinida. Amnistía Internacional publicó el informe FamilySeparation 2.0: ‘Youaren’tgoingtoseparate me frommyonlychild,” con testimonios de padres y madres.

En virtud del derecho internacional, el gobierno estadounidense tiene la obligación de garantizar que los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo se respetan, se protegen y se hacen efectivos. El gobierno estadounidense tiene también la obligación de garantizar que los menores de edad sólo son detenidos en circunstancias excepcionales, y durante el tiempo más breve posible. Las normas internacionales, incluidos instrumentos en los que Estados Unidos es parte, contienen una firme presunción contra la detención de migrantes y solicitantes de asilo. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establece claramente el derecho a no sufrir detención arbitraria. La detención de solicitantes de asilo sólo debe ser un último recurso, cuando otras alternativas que no impliquen privación de libertad hayan resultado o se hayan considerado insuficientes en el caso de la persona en cuestión.

Todas las familias deben ser liberadas sin separarlas. Hay comunidades esperándolas con los brazos abiertos. No hay ninguna razón para no liberar a los niños y niñas con sus progenitores. La alternativa, separar a familias y liberar sólo a las personas menores de edad, es inaceptable. La separación familiar causada por una “decisión” bajo coacción vulnera múltiples derechos humanos, entre ellos el derecho a la unidad familiar, el derecho a la libertad y el principio de anteponer el interés superior del menor.

Pueden escribir llamamientos en: Inglés. También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 7 de enero de 2021. Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Nombre y género gramatical preferido: Ana* (femenino) y Victoria* (femenino); Juana* (femenino) y Norma* (femenino).

Enlace a la au anterior: https://www.amnesty.org/es/documents/amr51/3145/2020/es/