Las protestas, mayoritariamente pacíficas, coinciden en tres demandas: que se disuelva el Parlamento y se convoquen elecciones; que se apliquen reformas políticas a la monarquía y se revise la Constitución redactada por el ejército; y que cese el hostigamiento de quienes critican pacíficamente al gobierno

• Desde el 13 de octubre se han presentado cargos —en la mayoría de los casos imprecisos y por motivos políticos— contra 84 personas
• La presentación de cargos arbitrarios es “una mera táctica para atemorizar a todo el movimiento”

A medida que crecen las protestas pacíficas en Tailandia, las autoridades continúan utilizando leyes vagas y excesivamente restrictivas para hostigar y silenciar a la población, ha declarado hoy Amnistía Internacional. La organización ha pedido a las autoridades que retiren de inmediato todos los cargos contra las personas que se manifestaron pacíficamente y pongan en libertad a las que siguen detenidas.

“Las protestas de Tailandia, que no cesan de crecer en todo el país, son una prueba clara de cuánto valora la gente sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica”, ha dicho Rajat Khosla, director general de Investigación, Trabajo de Incidencia y Política.

“En lugar de crear un espacio seguro para que la gente exprese sus opiniones, las autoridades han criminalizado repetidamente las protestas pacíficas a través de leyes draconianas y vagamente redactadas. La presentación de cargos que son arbitrarios, injustificados y de motivación política contra los supuestos líderes y lideresas de las protestas es una mera táctica para atemorizar a todo el movimiento”.

Desde el 13 de octubre, fecha en que comenzó la oleada de concentraciones multitudinarias casi diarias que siguió a las frecuentes protestas en toda Tailandia iniciadas en febrero, se han presentado cargos contra al menos 84 personas, dos de ellas menores de edad, de 16 y 17 años. Las protestas se desencadenaron por la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenaba la disolución del partido Anakot Mai (Nuevo Futuro), muy popular entre la juventud.

“La presentación de cargos que son arbitrarios, injustificados y de motivación política contra los supuestos líderes y lideresas de las protestas es una mera táctica para atemorizar a todo el movimiento”.

Las protestas, mayoritariamente pacíficas, coinciden en tres demandas: que se disuelva el Parlamento y se convoquen elecciones; que se apliquen reformas políticas a la monarquía y se revise la Constitución redactada por el ejército; y que cese el hostigamiento de quienes critican pacíficamente al gobierno.

En respuesta a la intensificación de las protestas, el 15 de octubre las autoridades declararon un estado de excepción “grave”, y prohibieron las reuniones de más de cuatro personas en la capital, Bangkok, y la publicación de noticias o mensajes online que “pudieran crear temor”, afectar a la seguridad nacional o perjudicar la moral pública.

Levantado el estado de excepción, pero con decenas de personas acusadas y muchas detenidas

Las autoridades levantaron el estado de excepción “grave” el 22 de octubre, tras un discurso televisado del primer ministro Prayut Chan-O-Cha la noche anterior. (Las autoridades siguen teniendo poderes de excepción en virtud de un decreto de emergencia en vigor desde mayo de 2020, supuestamente dictado para controlar la pandemia de COVID-19.)

En su alocución del miércoles, el primer ministro describió a las personas que protestan como “gente pacífica, bienintencionada, que desea genuinamente una sociedad y una nación mejores”, pero acusó a una minoría de cometer delitos. Destacó el papel de las sesiones parlamentarias especiales convocadas para el 26 y el 27 de octubre para “debatir y resolver estas diferencias en un proceso parlamentario”.

“El primer ministro reconoció el comportamiento pacífico de la mayoría de las personas que se han manifestado y levantó el estado de excepción, lo cual supuso un valioso reconocimiento por parte del gobierno del derecho a protestar y una moderación del planteamiento de las autoridades”, ha manifestado Rajat Khosla.

“Sin embargo, ahora las autoridades deben ir más allá de los discursos y retirar los cargos contra quienes se manifestaron pacíficamente. También se deben anular las sentencias condenatorias del resto de las personas penalizadas desde las elecciones de 2019 por pedir reformas o expresar opiniones políticas pacíficamente.”

Del total de 90 personas detenidas desde el 13 de octubre, se han presentado cargos contra 84, la mayoría de las cuales han quedado en libertad bajo fianza, y sólo seis han salido en libertad sin cargos. Entre las que siguen detenidas se encuentran los dirigentes estudiantiles de la protesta Panusaya “Rung” Sithijirawattanakul y Parit “Penguin” Chiwarak; el abogado Arnon Nampa; los ex presos de conciencia Patiwat “Bank” Saraiyaem, Ekachai Hongkangwan y Somyot Pruksakasemsuk; el activista Panupong “Mike” Chadnok y el activista Suranat “Tan” Paenprasert, dedicado a la protección de menores.

“El primer ministro reconoció el comportamiento pacífico de la mayoría de las personas que se han manifestado y levantó el estado de excepción... pero ahora las autoridades deben ir más allá de los discursos y retirar los cargos contra quienes se manifestaron pacíficamente”.

“Estos líderes y lideresas de las protestas están encarcelados únicamente por expresar de forma pacífica su opinión sobre las reformas políticas y los derechos humanos. Su detención es infundada y deben quedar en libertad de inmediato y sin condiciones”, ha declarado Rajat Khosla.

La mayoría de los cargos, basados en leyes imprecisas y draconianas

Se calcula que desde el 13 de octubre se han presentado cargos contra 84 personas, en la mayoría de los casos (65) por incumplir el impreciso estado de excepción “grave”, que se levantó el 22 de octubre.

Varias han sido acusadas de “sedición” en aplicación del artículo 116 del Código Penal, un instrumento legal de imprecisa redacción que las autoridades utilizan a menudo para reprimir la disidencia, y pueden ser condenadas a hasta siete años de cárcel. Otras han sido acusadas por sus actividades en las redes sociales en aplicación de la Ley de Delitos Informáticos, que también contiene muchas disposiciones imprecisas que se aplican con frecuencia para limitar la libertad de expresión, como documentó Amnistía Internacional en un informe este año.

Tres personas —Boonkueanoon “Francis” Paothong, estudiante universitario, Ekachai Hongkangwan, activista, y Suranat Paenprasert, activista de protección de menores— han sido acusadas, en aplicación del artículo 110 del Código Penal, de “tratar de causar perjuicios a la libertad de su Majestad la Reina”, delito que puede ser castigado con cadena perpetua.

Los tres estaban en un grupo pacífico de protesta situado en el trayecto de la comitiva real el 14 de octubre. Las autoridades no han facilitado una explicación creíble del motivo por el cual se han presentado cargos precisamente contra ellos tres entre las muchas personas congregadas, ni del peligro que supusieron sus presuntas actividades. “Francis” Paothong ha quedado en libertad bajo fianza, mientras que los otros dos siguen detenidos.

Se calcula que 54 personas han sido acusadas de diversos delitos, y en algunos casos pueden ser condenadas a largas penas de cárcel. Un ejemplo especialmente indignante es el del estudiante de Ciencias Políticas Parit “Penguin” Chiwarak, contra el que se han presentado al menos 18 cargos por su presunto papel en las recientes protestas públicas, incluida su petición de que se investigara el supuesto secuestro de Wanchalearm Satsaksit, bloguero tailandés en el exilio en Camboya que desapareció en ese país en junio.

“Las autoridades tailandesas deben basarse en su reciente compromiso de moderar la tensión de la situación y acabar con el historial de uso indebido de las leyes de excepción, los arrestos masivos y el hostigamiento jurídico”, ha dicho Rajat Khosla.

Amnistía Internacional pide a las autoridades tailandesas que respeten su obligación internacional de proteger los derechos humanos a la libertad de expresión y reunión pacífica consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de proteger los derechos de las personas menores de 18 años que participan en las protestas, como dispone la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumentos ambos vinculantes para Tailandia. 

“Las autoridades tailandesas deben basarse en su reciente compromiso de moderar la tensión de la situación y acabar con el historial de uso indebido de las leyes de excepción, los arrestos masivos y el hostigamiento jurídico”.

Información complementaria

Aunque la actual oleada de protestas comenzó en febrero de 2020, su origen se remonta a las elecciones de 2019, cuando el partido Anakot Mai (Nuevo Futuro) arrasó entre la población juvenil, que votaba por primera vez desde el golpe militar de 2014.

El número de escaños conseguido por Anakot Mai lo convirtió en el tercer partido del Parlamento, pero las autoridades lanzaron una campaña de intimidación y hostigamiento contra sus miembros, mediante, entre otras cosas, acciones judiciales, para dificultar la participación en el proceso político de la formación, campaña que culminó con la orden de disolución del partido en febrero.

A medida que crecían las protestas, se incrementaba también la represión gubernamental de quienes participaban en ellas. La disolución de la manifestación del 16 de octubre, mayoritariamente pacífica, en la que la policía utilizó cañones de agua con gas lacrimógeno, señaló un alarmante agravamiento del uso de la fuerza.

En octubre, en un escenario de respuesta cada vez más excesiva a manifestaciones pacíficas, se suspendió el transporte público de Bangkok para impedir que la gente se reuniera para protestar, y se bloquearon importantes cruces viarios. El gobierno clausuró las plataformas de comunicación Voice TV, Prachatai, The Reporters y The Standard por presunta violación del Decreto de Emergencia del 15 de octubre, aunque el Tribunal de lo Penal al final retiró la orden, un día después de confirmarla inicialmente en el caso de Voice TV.

Además, las autoridades amenazaron con desactivar la aplicación de mensajería Telegram por ser utilizada por las personas que protestaban y censurar los canales de redes sociales del grupo estudiantil Movimiento de Jóvenes Libres. Anteriormente habían amenazado con emprender acciones judiciales contra plataformas de redes sociales como Facebook, Google y Twitter por no retirar contenidos. En agosto, Facebook declaró que había cedido a algunas de estas órdenes de las autoridades tailandesas.