En Tailandia, mujeres y activistas LGBTI están siendo objeto de una avalancha de ataques insultantes en Internet con lenguaje misógino, homofóbico y transfóbico, contenido sexualizado y otras formas de violencia de género facilitada por la tecnología, afirma Amnistía Internacional en su nuevo informe, publicado hoy.

El informe se titula “Being Ourselves is Too Dangerous” (hay resumen ejecutivo en español: “Mostrarnos tal como somos es demasiado peligroso”. La violencia digital y el silenciamiento de las mujeres y las personas LGBTI defensoras de los derechos humanos en Tailandia) y pone de relieve cómo actores estatales y no estatales han sometido ilegítimamente a mujeres y activistas LGBTI a métodos de vigilancia digital selectiva, como el software espía Pegasus y el acoso online, para conseguir su silencio.

“Desde hace tiempo, Tailandia viene autoproclamándose paladín de la igualdad de género, y en varias ocasiones se ha comprometido internacionalmente a proteger los derechos de mujeres y personas LGBTI. Sin embargo, la realidad es que mujeres y activistas LGBTI siguen sufriendo en el país una grave violencia de género facilitada por la tecnología”, ha declarado Chanatip Tatiyakaroonwong, investigador sobre Tailandia de Amnistía Internacional.

Tras el golpe militar de 2014, activistas al frente de las protestas pacíficas de Tailandia han aprovechado la tecnología digital para pronunciarse sobre asuntos de derechos humanos en un escenario de reducción del espacio de la sociedad civil.

Sin embargo, el informe muestra cómo se está utilizando esta herramienta para hostigar a estas personas, difundir desinformación en materia de género y transmitir un discurso de odio y un contenido sexualizado degradante para las mujeres y las personas LGBTI.

El informe se basa fundamentalmente en entrevistas en profundidad con 40 mujeres y personas LGBTI, muchas de ellas activistas jóvenes y personas que viven en las provincias fronterizas del sur del país de mayoría musulmana malasia.

Mujeres y activistas LGBTI siguen sufriendo en el país una grave violencia de género facilitada por la tecnología digital.

Chanatip Tatiyakaroonwong, investigador sobre Tailandia de Amnistía Internacional

En su investigación, Amnistía Internacional entrevistó a nueve de las 15 activistas que se ha confirmado que, en 2020 y 2021, fueron objeto del ataque de Pegasus, un software espía altamente invasivo desarrollado por la empresa de cibertecnología israelí NSO Group. El informe muestra que esta vigilancia digital selectiva tuvo un impacto desproporcionado sobre mujeres y activistas LGBTI, al crear un miedo característico por razón de género a que la vulneración de su información privada podría conllevar más extorsión, acoso y discriminación.

Niraphorn Onnkhaow, estudiante y activista de 22 años, se quedó conmocionada cuando recibió una notificación de amenaza en la que Apple le avisaba de que su iPhone podría estar siendo blanco de ataques “de agentes patrocinados por el Estado”. De hecho, su iPhone fue el que en más ocasiones resultó infectado por el programa espía Pegasus (14 veces) de todas las personas objeto de ataque en Tailandia. Onnkhaow cree que esto de debe a su participación en el movimiento juvenil en favor de la democracia que comenzó en 2020.

“Como mujer, me resulta aterrador que invadan mi intimidad. Podrían filtrar fotos de carácter privado que haya en mi teléfono para desprestigiarme y perjudicarme hasta el punto de tener que abandonar totalmente el activismo”, declaró Onnkhaow, que añadió: “Creo que está aumentando la vigilancia y el control de mujeres y activistas LGBTI.”

Las pruebas técnicas e indiciarias, junto con la política de NSO Group de vender sus productos exclusivamente a los gobiernos, apuntan claramente a la implicación de uno o más actores del Estado tailandés en los casos en que se empleó el software espía Pegasus. El análisis de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tailandia llega a la misma conclusión respecto a la implicación de un organismo del gobierno tailandés en el uso del software espía.

Amnistía Internacional entrevistó también a activistas, en algunos casos LGBTI, que recibieron alertas de Meta con el aviso de que sus cuentas de Facebook estaban siendo objetivo de un “atacante respaldado por el gobierno o altamente cualificado”.

Una de estas personas fue Patcharadanai Rawangsub, que se identifica como gay y es miembro del grupo en favor de la democracia Talu Fah. Al saber que sus actividades online estaban siendo vigiladas, temió que sus datos privados pudieran utilizarse para procesarlo.

“Ir a la cárcel es mi peor pesadilla. Para los gays y las mujeres trans, las cárceles tailandesas pueden ser brutales, pues lo más probable es que te acosen y ataquen sexualmente y te discriminen”, dijo.

Amplia gama de tácticas de acoso en línea

En campañas online coordinadas, se sospecha que iniciadas o apoyadas por agentes estatales o afines al Estado, se presentó a Piyanut Kotsan, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, como agente extranjera que trataba de desprestigiar al gobierno tailandés.

Hubo activistas que sufrieron doxing, consistente en revelar detalles o documentos personales o de identificación de alguien en Internet sin su consentimiento.

Nitchakarn Rakwongrit, activista juvenil feminista no binario, dijo a Amnistía Internacional que, cuando tenía 17 años, una cuenta anónima de X (antes Twitter) hizo pública información privada suya, como el número de su carnet de identidad y los cargos penales a los se enfrentaba por participar en protestas pacíficas. Al parecer, el objetivo de este doxing era la intimidación y que abandonara el activismo.

En la comunidad musulmana, muchas personas LGBTI activistas han sufrido una violenta reacción online por su activismo. Un ejemplo notable fue el de tres activistas, mujeres transgénero musulmanas, que recibieron amenazas de violencia tras conceder una entrevista a un medio de comunicación online sobre la discriminación de las personas LGBTI en su comunidad.

“El objetivo final de estos ataques es aniquilar el carácter de la persona activista, socavar su credibilidad, deslegitimar su función y aislarla del resto de la sociedad. Se trata de una táctica envolvente que advierte a las claras que se castigará a mujeres y activistas LGBTI que se atrevan a poner en tela de juicio lo establecido”, declaró Elina Castillo Jiménez, investigadora del Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional sobre vigilancia digital selectiva.

Amnistía Internacional descubrió que la violencia digital tenía un efecto intimidatorio entre muchas mujeres y activistas LGBTI, que comenzaban a autocensurarse y, en ocasiones, abandonaban totalmente el activismo de derechos humanos. Había activistas que también sufrían graves repercusiones de salud mental, como paranoia, depresión y trastorno de estrés postraumático.

“Utilizamos herramientas digitales […] para comunicarnos mutuamente. Pero no publicaríamos nada sobre nuestras actividades en las redes sociales. Es demasiado peligroso”, nos contó un estudiante activista de género diverso de la provincia de Pattani.

Globalmente, y según los informes, más de la mitad de las mujeres y las niñas han sufrido abusos y acoso online. Esto afecta de forma desproporcionada a las que están más marginalizadas por su orientación sexual, su identidad o expresión de género y sus características sexuales, y otras formas de discriminación.

“Las herramientas digitales son fundamentales para las mujeres, las niñas y las personas LGBTI en Tailandia y en todo el mundo para facilitar su autoexpresión y el activismo, y promover la justicia de género. Pero la violencia de género facilitada por la tecnología hace que los espacios digitales sean inseguros para ellas, y les impide defender plenamente de los derechos humanos”, afirmó Shreshtha Das, asesora de género de Amnistía Internacional.

El gobierno tailandés negó cualquier participación en la vigilancia digital selectiva y el acoso online de mujeres y activistas LGBTI, pero no expresó voluntad alguna de investigar los casos puestos de relieve en la investigación.

Al no tomar medidas significativas para proteger a los y las activistas, el gobierno tailandés no ha cumplido sus responsabilidades con arreglo a los tratados internacionales de derechos humanos en los que Tailandia es Estado Parte, incluidas las de garantizar el derecho a no sufrir violencia de género, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión pacífica y asociación, a la intimidad y a un recurso efectivo.

“El gobierno tailandés debe comprometerse públicamente a abstenerse de utilizar la vigilancia digital selectiva y el acoso online, y proteger a las personas activistas contra estas prácticas. También debe investigar todos los casos de violencia de género facilitada por la tecnología contra mujeres y activistas LGBTI, y proporcionar un recurso efectivo a las personas afectadas”, ha dicho Chanatip Tatiyakaroonwong.

Amnistía Internacional también pide a Tailandia que prohíba el software espía altamente invasivo y establezca una normativa que se ajuste a los derechos humanos para otros tipos de programas espía. Hasta entonces, el país debe promulgar una moratoria general sobre la venta, uso, exportación transferencia y apoyo de otros tipos de programas espía.

NSO Group también ha incumplido sus responsabilidades de derechos humanos con arreglo a las normas jurídicas internacionales.

Amnistía Internacional envió cartas a NSO Group y otras entidades afines indagando sobre la venta del software Pegaso utilizado para atacar a nueve de las 40 personas entrevistadas. Ninguna de las empresas contestó.

NSO Group debe detener la producción, venta, transferencia, uso y soporte de Pegasus y demás software espía similar altamente invasivo. Además, esta empresa debe proporcionar un resarcimiento adecuado a las víctimas de vigilancia selectiva ilegítima mediante Pegasus en Tailandia.

“Tailandia jamás será el paraíso de la igualdad de género que a menudo afirma ser a menos que el gobierno y las empresas privadas pertinentes adopten medidas de inmediato para acabar con la violencia de género facilitada por la tecnología”, ha declarado Chanatip Tatiyakaroonwong.

Información complementaria

Este informe forma parte de la campaña emblemática global de Amnistía Internacional Protejamos la Protesta, que se basa en el trabajo existente de la organización sobre el derecho de los niños y niñas a la reunión pacífica , así como su labor sobre la interacción entre género y tecnología.

Un informe realizado anteriormente por la ONG tailandesa iLaw, Digital Reach yThe Citizen Lab, halló infecciones por Pegasus en los teléfonos de 35 personas entre 2020 y 2021. El Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional llevó a cabo el análisis independiente de cinco de estos casos.

En Uganda y Canadá se están realizando más investigaciones sobre violencia de género facilitada por la tecnología, en el marco de la campaña Seguridad en Internet, que se presentarán en los próximos meses.