Todas las familias deben ser liberadas sin separarlas. Hay comunidades esperándolas con los brazos abiertos. No hay ninguna razón para no liberar a los niños y niñas con sus progenitores. La alternativa, separar a familias y liberar sólo a las personas menores de edad, es inaceptable

Mientras la COVID-19 se propaga descontrolada en los centros estadounidenses de detención para familias, las autoridades de inmigración siguen manteniendo encerradas a casi 90 familias que viajaron a Estados Unidos buscando seguridad frente a la violencia y la persecución en sus países de origen. A 6 de agosto, al menos 130 personas detenidas en estos centros y miembros del personal habían dado positivo en COVID-19. En julio, una jueza ordenó a las autoridades que pusieran en libertad a los niños y las niñas a causa de la COVID-19, pero esa jueza no tenía jurisdicción sobre los progenitores. Las autoridades se negaron a ponerlos en libertad juntos. Liberar a los niños y niñas pero mantener detenidos a sus progenitores constituye separación familiar. Pedimos a las autoridades que pongan en libertad a las familias juntas de inmediato para protegerlas de la pandemia.

Actúen: Redacten su propio llamamiento o utilicen esta carta modelo

Director en funciones / Acting Director
Tony Pham

U. S Immigration and Customs Enforcement

500 12th St., SW

Washington, D. C. 20536 (Estados Unidos)

Correo-e: tony.h.pham@ice.dhs.gov

Señor director en funciones Pham:

Me preocupa enormemente la seguridad y el bienestar de Ana* y Victoria*, Marilin* y Yunior*, Juana* y Norma*, y todas las demás familias recluidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Con al menos 130 casos confirmados de COVID-19 en centros de detención para familias, las personas allí recluidas se enfrentan a graves complicaciones, e incluso a la muerte, si contraen el virus. Las familias siguen realizando denuncias creíbles, coincidentes e inquietantes sobre las peligrosas condiciones que las ponen —a ellas, al personal de los centros y a las comunidades que los rodean— en riesgo.

Estas familias viajaron a Estados Unidos en busca de protección frente a la violencia y la persecución. Deben poder ejercer su derecho a solicitar asilo de forma segura.

Como director en funciones del ICE, es usted responsable de la salud y la seguridad de estas personas, y debe tomar todas las medidas adecuadas para protegerlas frente a la COVID-19.

Le pido que deje en libertad a todas las familias sin separarlas. Los progenitores deben ser puestos en libertad junto a sus hijos e hijas para mantener la unidad familiar, ya que la separación de familias siempre va en detrimento del interés superior del niño o la niña.

Atentamente,
[NOMBRE]

Información complementaria

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) tiene encerradas a casi 90 familias en tres centros de Pensilvania y Texas. Ya en junio de confirmó la existencia de COVID-19 en centros de detención para familias, lo que ponía en grave riesgo a todas las personas allí recluidas, a causa de la poca higiene y de la escasa atención médica. El ICE tiene autoridad legal para poner en libertad a las familias sin separarlas, y normalmente lo ha hecho, pero esta vez ha optado por no ejercer su autoridad.

Ana* (22 años) y su hija Victoria* (4 años) huyeron de Honduras tras recibir reiteradas amenazas contra sus vidas después de que la pareja de Ana y padre de Victoria fuera asesinado por sus convicciones políticas. El ICE ha sido informado en múltiples ocasiones de que Victoria padece asma y de que está en situación de mayor riesgo por la COVID-19, pero se niega a liberarlas. Ana tiene quistes ováricos que durante meses le han causado dolor a diario y no ha recibido atención médica adecuada. Victoria ahora sufre crisis de ansiedad, pesadillas y moja la cama, cosa que no solía hacer.

Marilin* (31 años) y Yunior* (11 años) escaparon de años de violencia en Honduras, a manos de la ex pareja de Marilin y de una organización delictiva. Yunior desarrolló una infección gástrica mientras estaba bajo custodia y perdió tanto peso que ahora pesa menos que hace un año. Marilin tiene quistes ováricos, pero aún no la ha visto un ginecólogo. Sufre hipertensión y diabetes, tiene dolores en el pecho y en ocasiones, por la noche, le tiembla el cuerpo. Está convencida de que morirá bajo custodia, y ha pedido a su familia que le hagan un testamento improvisado, para asegurarse de que alguien cuidará de su hijo si ella muere.

Juana* (45 años) y Norma* (4 años) huyeron de Honduras con la otra hija de Juana, Paula*, después de que los miembros de una banda las amenazaran con violarlas y matarlas. En la frontera estadounidense las separaron. A Paula la enviaron a México bajo la política ilegal de “Quédate en México”, mientras que a Juana y Norma las pusieron bajo custodia. La incertidumbre sobre la suerte corrida por Paula le pesa mucho a Juana, que además sufre dolor de articulaciones, hipertensión y obesidad. El estrés de la situación ha hecho que pierda bastante peso. Norma está abatida, deprimida, y constantemente pregunta cuándo van a salir. Juana ya no sabe qué responderle.

Estas madres se enfrentaron recientemente a un aniversario ningún padre o madre querría: un año de detención con sus hijos e hijas.

En mayo de 2020, el ICE puso a los progenitores detenidos junto a sus hijos e hijas (incluso de tan sólo un año de edad) ante una disyuntiva imposible: separarlos de sus hijos e hijas, que serían entregados a patrocinadores mientras los progenitores permanecían detenidos indefinidamente y afrontaban una posible deportación, o permanecer detenidos juntos de manera indefinida. Amnistía Internacional Estados Unidos publicó el informe FamilySeparation 2.0: “Youaren’tgoing to separate me frommyonlychild” con testimonios de padres y madres.

En virtud del derecho internacional, el gobierno estadounidense tiene la obligación de garantizar que los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo se respetan, se protegen y se hacen efectivos. El gobierno estadounidense tiene también la obligación de garantizar que los menores de edad sólo son detenidos en circunstancias excepcionales, y durante el tiempo más breve posible. Las normas internacionales, incluidos instrumentos en los que Estados Unidos es parte, contienen una firme presunción contra la detención de migrantes y solicitantes de asilo. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establece claramente el derecho a no sufrir detención arbitraria. La detención de solicitantes de asilo sólo debe ser un último recurso, cuando otras alternativas que no impliquen privación de libertad hayan resultado o se hayan considerado insuficientes en el caso de la persona en cuestión.

Todas las familias deben ser liberadas sin separarlas. Hay comunidades esperándolas con los brazos abiertos. No hay ninguna razón para no liberar a los niños y niñas con sus progenitores. La alternativa, separar a familias y liberar sólo a las personas menores de edad, es inaceptable. La separación familiar causada por una “decisión” bajo coacción vulnera múltiples derechos humanos, entre ellos el derecho a la unidad familiar, el derecho a la libertad y el principio de anteponer el interés superior del menor.

Pueden escribir llamamientos en: Inglés. También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 27 de noviembre de 2020. Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Nombre y género gramatical preferido: Familias en centros de detención para inmigrantes (no aplicable)

Enlace a la au anterior: https://www.amnesty.org/es/documents/amr51/2805/2020/es/