Durante los últimos cinco meses, las cifras de violencia contra las mujeres, ya de por sí altas, han aumentado exponencialmente en todo el mundo. Países como Chile y México han informado de aumentos de más del 50 por ciento en las llamadas a las línea de asistencia telefónica de emergencia para mujeres víctimas y supervivientes de violencia

Durante decenios, defensoras de los derechos humanos de toda Latinoamérica han estado librando una ardua batalla para garantizar que los derechos sexuales y reproductivos, incluido el acceso a un aborto sin riesgos, sean una realidad para todas las mujeres. En los últimos cinco meses, esa batalla se ha convertido en una guerra.

Hace ya mucho tiempo que las cifras son escalofriantes. Ahora, la pandemia de COVID-19 las ha convertido en una catástrofe, con la perspectiva de un futuro sombrío.

Durante los últimos cinco meses, las cifras de violencia contra las mujeres, ya de por sí altas, han aumentado exponencialmente en todo el mundo. Países como Chile y México han informado de aumentos de más del 50 por ciento en las llamadas a las línea de asistencia telefónica de emergencia para mujeres víctimas y supervivientes de violencia.

A las personas expertas en el tema les preocupa la cantidad de mujeres que se encuentran atrapadas en sus casas con sus maltratadores, sin acceso a un teléfono, a una computadora o a alguien con quien puedan ponerse en contacto para pedir ayuda o apoyo.

Los confinamientos obligatorios y otras barreras a la movilidad también han impedido a muchas mujeres acceder a servicios de salud esenciales, incluidos la atención a la salud sexual y reproductiva, los anticonceptivos y los abortos sin riesgos.

La ONU ha trazado un sombrío panorama de lo que está por llegar. Según sus últimas estimaciones, los confinamientos durante un periodo de seis meses podrían dejar a 47 millones de mujeres de todo el mundo sin la posibilidad de acceder a anticonceptivos. Esto, según se estima, podría dar lugar a siete millones de embarazos no deseados adicionales. Muchos de ellos podrían tener lugar en Latinoamérica, donde el acceso a un aborto sin riesgos ha estado limitado por leyes draconianas y falta de información.

A las personas expertas y las que trabajan en primera línea les preocupa que muchas de estas mujeres, atrapadas en círculos viciosos de marginación y violencia, recurran a procedimientos inseguros que pueden poner en peligro su vida. Las consecuencias son demasiado aterradoras de contemplar. Sin embargo, activistas de toda Latinoamérica han estado enfrentándose al reto y diseñando estrategias para ayudar a quienes lo necesitan.

“Las cosas han cambiado mucho”

Johana Cepeda, enfermera y activista de derechos humanos de Colombia, afirma que la pandemia ha creado obstáculos adicionales que se han sumado a los que las mujeres ya tenían que superar cuando trataban de acceder a un aborto sin riesgos.

La interrupción voluntaria del embarazo sólo es legal en Colombia en tres circunstancias específicas que la Corte Constitucional del país aprobó en 2006: cuando la vida o la salud de la mujer corren peligro, cuando el embarazo es consecuencia de una violación, o cuando exista una malformación del feto incompatible con la vida.

“Las barreras van desde la falta de información al desconocimiento de la sentencia o su mala interpretación de la causal salud que se entiende sólo como el riesgo físico o el tener una enfermedad y no con un abordaje más amplio que tenga en cuenta el completo estado de bienestar físico, mental y social”, explica Cepeda.

La mayoría de las clínicas que ofrecen servicios de aborto en Colombia están situadas en centros urbanos. Teniendo en cuenta que una proporción significativa de la población vive en zonas rurales, la geografía suele ser un factor que impide a las mujeres acceder a atención de la salud.

Las citas médicas normalmente se conciertan por teléfono o Internet. Sin embargo, desde el inicio de la pandemia y los subsiguientes confinamientos, muchas mujeres se han encontrado viviendo en situaciones de abuso o sin la privacidad necesaria para pedir ayuda de manera confidencial.

“Para muchas mujeres que han estado aisladas con personas violentas o que las abusan, o que controlan sus decisiones, les ha impedido hasta llamar para buscar información”, dice Cepeda. “Las cuarentenas estrictas dificultan que las mujeres se puedan desplazar, la policía las para y pregunta a dónde van y para muchas no es fácil decir que se van a hacer una interrupción voluntaria del embarazo.”

La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, organización feminista que proporciona apoyo a las mujeres para que accedan a abortos legales en Colombia, ha documentado 30 casos de mujeres que se han encontrado con barreras al intentar acceder a abortos entre marzo y finales de mayo de 2020. Es probable que el número de casos no documentados sea muy superior. La Mesa concluyó que los servicios de salud tanto públicos como privados están restando prioridad a los problemas de salud no relacionados con la pandemia de COVID-19, a pesar de que en algunos, como los embarazos no deseados, los plazos de actuación son especialmente importantes.

La situación en similar en otros países de la región. En Chile, el aborto también está permitido desde 2017 en tan sólo tres circunstancias: cuando el embarazo es consecuencia de violación, cuando la vida de la embarazada corre peligro, y en caso que el feto tenga una malformación incompatible con la vida. Incluso en esos supuestos, una mujer que trate de someterse a un aborto debe obtener la aprobación de dos médicos especialistas. Según declaraciones de activistas, estos requisitos constituyen obstáculos que ponen en peligro la vida.

Gloria Maira, activista derechos humanos y coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, red de organizaciones y activistas que trabaja en favor del derecho de las mujeres a acceder a un aborto sin riesgos, ha declarado que, pese a la reciente legislación, resulta sumamente difícil acceder al aborto en el país.

“Hay muchos obstáculos que vulneraban la posibilidad de decisión de las mujeres”, afirma Maira. “La falta de información sobre la ley, la falta de implementación y las dificultades en cuanto a la acreditación de las causales son algunos. La implementación de la ley ha sido mínima.”

Se cree que la mitad de los y las obstetras de Chile se niegan a realizar abortos, incluso bajo las circunstancias permitidas por la ley, alegando objeción de conciencia, según una encuesta realizada por el Ministerio de Salud. Las organizaciones feministas aseguran que muchos otros profesionales de este campo carecen de información sobre la ley, un tema que aún no se ha incluido en la mayoría de los programas de estudios de las facultades de medicina.

Esto deja a muchas mujeres sin más opción que recurrir a abortos clandestinos que ponen en peligro su vida.

Javiera Canales, abogada y activista de derechos humanos de Miles Chile, una organización que promueve los derechos sexuales y reproductivos, afirma que las cifras trazan una imagen muy preocupante.

“En los últimos tres años, hemos documentado 128 casos de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de niñas menores de 14 años. Pero solamente en el 2019 hubieron 647 niñas de entre 10 y 13 años que ingresaron a un programa de atención prenatal. Esto nos dice que se está poniendo barreras al acceso [al aborto]”, declara Canales.

“La pregunta es: ¿Por qué no se aplicó la ley en estos casos de violación? Esa explicación nadie la da porque no ha habido una fiscalización de la ley.”

Un futuro sombrío

Las dificultades para acceder a servicios de atención a la salud dibujan un sombrío panorama del futuro para las mujeres en Latinoamérica.

“Las mujeres van a seguir abortando”, dice Canales. “Nuestra preocupación es que van a volver a las interrupciones artesanales.”

Las personas activistas locales sienten una enorme preocupación por la posibilidad de que la falta de acceso a abortos sin riesgos dé lugar a un aumento de las muertes evitables.

La organización Marie Stopes International estima que aproximadamente 1,9 millones de mujeres a las que sus programas atendían en todo el mundo no pudieron acceder a sus servicios entre enero y junio de 2020. Según sus cálculos, esa alteración podría dar lugar a 1,5 millones adicionales de abortos inseguros y 3.100 muertes maternas adicionales.

Maira afirma que, en Chile, las organizaciones de derechos humanos han estado cubriendo el vacío dejado por las autoridades en lo que se refiere a priorizar la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres, especialmente las que viven en zonas rurales y tienen menos acceso.

“Las redes de acompañamiento dicen que les ha aumentado la demanda de abortos seguros, que no sería raro porque también la violencia sexual ha aumentado mucho pero que no hay cómo responder porque no hay medicamentos entonces el proceso de acompañamiento es muy complicado”, explica Maira.

Fernanda Doz Costa, directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional, ha declarado que, al cerrar los ojos ante los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los líderes mundiales corren el riesgo de crear una nueva pandemia.

“Durante decenios, activistas de toda Latinoamérica han advertido de la oleada de muertes evitables y complicaciones de salud causadas por la falta de una atención médica adecuada para las mujeres. Las autoridades de salud, la ONU y la CIDH ya han pedido a los gobiernos que garanticen el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, que son una atención médica esencial y, por tanto, no deben ser suspendidos a causa de la pandemia.”

El contraataque

Ante la escasez de anticonceptivos y medicamentos utilizados durante los procedimientos de aborto sufrida desde que Chile cerró sus fronteras, y ante la modificación de prioridades de los servicios de salud no relacionados con la COVID-19, las personas activistas locales están adoptando un enfoque proactivo para ayudar a las mujeres.

Casi en el momento en que la Organización Mundial de la Salud declaró la COVID-19 como pandemia, las organizaciones locales encontraron maneras de seguir proporcionando asistencia gratuita legal, de salud, social y psicológica online.

Miles, por ejemplo, está organizando el transporte para que las mujeres que viven en ciudades en las que no hay profesionales de la medicina que aprueben un aborto legal puedan llegar a otros centros de salud. Otras redes de activistas se han estado extendiendo para abarcar todo el país.

Maira afirma que parte del problema es que el presidente Sebastián Piñera, firme detractor de la ley que permite abortos seguros, ha mantenido el tema fuera de la agenda.

“La pandemia le está dando una excusa a un gobierno que desde antes no quería garantizar el acceso al aborto”, explica.

Las cosas también han cambiado mucho en Colombia desde que estalló la pandemia, y las personas activistas afirman que se ha restado prioridad a los servicios de salud reproductiva.

“Hemos tenido que repensar las estrategias, la forma de acompañamiento pero lo que nos une es la necesidad que tienen las mujeres de acceder a servicios y como esa responsabilidad que sentimos con otras mujeres que nos necesitan”, cuenta Cepeda.

Una de las estrategias que han estado impulsando en Colombia es el uso de los servicios telemáticos de salud en el sector público, de manera que las mujeres puedan tener acceso a la medicación que necesitan y tomarla en casa, sin necesidad de ir a una clínica. Este servicio ya se utiliza en el sector privado, explica Cepeda.

“La situación es muy frustrante”, añade Canales. “Pero las pequeñas batallas que ganamos, como ver a una mujer acceder a la interrupción o que pueda sacar a su agresor son los pequeños logros que nos hacen ganar fuerza y alimentan nuestra lucha.”

Josefina Salomón es periodista independiente. Christopher Alford es campaigner de derechos económicos, sociales y culturales para las Américas de Amnistía Internacional

Este artículo fue publicado originalmente en The New Gay Times