Mientras que el número diario de casos de COVID-19 reportados en Venezuela se ha acelerado al ritmo más rápido en las últimas semanas, las autoridades están fracasando en las medidas para proteger a la población y, en particular, a los médicos, enfermeras y trabajadores de hospitales y clínicas que están siendo gravemente afectados, e incluso están encarcelando a quienes denuncian sus pésimas condiciones laborales, declaró hoy Amnistía Internacional.     

"Las autoridades venezolanas o bien niegan el número de trabajadores de la salud que han muerto a causa de COVID-19, o bien no disponen de información precisa sobre las precarias condiciones de los hospitales y la necesidad imperiosa de una mejor protección tanto del personal como de los pacientes. En cualquier caso, el gobierno está siendo totalmente irresponsable", dijo Erika Guevara-Rosas, directora para América de Amnistía Internacional.

"Mientras el gobierno de Nicolás Maduro ha pedido a la población que aplauda a las y los trabajadores de la salud en las últimas semanas, lo que realmente necesitan no son aplausos, sino medidas gubernamentales concretas para conseguir los recursos que necesitan para trabajar con seguridad y permitir que sus voces se escuchen sin represalias".

Según la organización Médicos Unidos de Venezuela, 71 trabajadores de la salud murieron entre el 1 de julio y el 16 de agosto, y 37 de esas muertes se produjeron solo en los primeros 16 días de agosto. Este total representa casi el 30% del total de muertes por COVID-19 reportadas por las autoridades en Venezuela, que son 288. Sin embargo, las autoridades no están desglosando las muertes por sector y muchas muertes de trabajadores de la salud no se cuentan en el registro oficial.

Amnistía Internacional ha reunido información que indica que el 16 de agosto había 691 pacientes hospitalizados por síntomas de COVID-19 sólo en los principales hospitales de la ciudad de Caracas, el doble de la cifra de la semana anterior. Esto plantea dudas sobre la veracidad de las cifras oficiales diarias de casos en todo el país, ya que el gobierno informó de sólo 1,148 nuevos casos de COVID-19 en todo el país el mismo 16 de agosto.

Venezuela se destaca como un claro ejemplo de represalias del Estado contra personal de salud. Desde que Amnistía Internacional comenzó a monitorear la situación de las personas trabajadoras de la salud en todo el continente americano a principios de abril, Venezuela es el único país que ha llegado a encarcelar a quienes se han expresado públicamente sobre los riesgos para su seguridad y la de los pacientes.

Aunque en muchos países de la región se han producido represalias contra las personas trabajadoras de la salud que actúan como denunciantes, según la información de que dispone Amnistía Internacional, Venezuela es el único país de la región que ha detenido a trabajadores de la salud y los ha llevado ante tribunales militares y civiles. Hasta la fecha, Amnistía Internacional ha recibido información sobre al menos 12 trabajadores de la salud que han sido detenidos y detenidas durante la pandemia, incluidos muchos cuyo debido proceso ha sido violado al no ser informados de los cargos que se les imputan. Amnistía Internacional ha informado desde hace años sobre la política de represión aplicada por el gobierno de Maduro para silenciar y controlar a la población, que incluye detenciones arbitrarias y tortura dirigidas a un amplio conjunto de personas que alzaron sus voces.

En últimos años, aproximadamente el 50% de los médicos venezolanos abandonaron el país, según la Federación Médica Venezolana (FMV), dejando a Venezuela con escasos recursos humanos para hacer frente a la pandemia. La salida de tanto personal médico se produce en el contexto de la emergencia humanitaria y la crisis de derechos humanos que ha hecho huir a 5,2 millones de personas del país.

Las personas trabajadoras de la salud que se quedaron en Venezuela ganan entre 4 y 18 dólares americanos al mes, y muchos han tenido que caminar para ir a trabajar, a veces más de 10 km, ya que no pueden pagar el transporte. Según el grupo de la sociedad civil Monitor Salud, el 68% de 296 trabajadores sanitarios de la ciudad de Caracas encuestados de marzo a junio llegaron al trabajo sin comida en el estómago para empezar con un su turno arduo. El promedio de gastos de subsistencia de comestibles y servicios básicos por mes para cada venezolano se estima en 513 dólares, según la organización nacional de investigación CENDAS.

La legislación laboral venezolana establece que los trabajadores deben ser protegidos de los riesgos en el trabajo, pero de acuerdo con la ONG local PROVEA, los trabajadores están siendo dejados completamente expuestos sin equipo de protección personal (EPP). En los casos en los que se suministra EPP a los trabajadores, se les está obligando a reutilizar los cubrebocas durante períodos prolongados de tiempo, lo que los hace ineficaces. También ha habido alarmantes informes sobre delegados oficiales asignados a ciertos estados que visitan hospitales vestidos con equipo de protección completa, mientras las personas trabajadoras de la salud se quedan con muy poco equipo.

A mediados de julio, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) donó 20 toneladas de EPP para 31 hospitales de todo el país. Si bien esta es una importante contribución a la protección de los trabajadores de la salud de Venezuela, hay 240 hospitales en todo el país y las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar el equipo de protección para todos los hospitales. Además, el personal de los hospitales de los estados donde se dice que se entregaron las donaciones de la OPS no informó de ningún cambio en sus condiciones de trabajo diarias después de que las donaciones llegaron al país. Es imperativo que los grupos de la sociedad civil tengan información más precisa sobre estas donaciones humanitarias, a fin de activar un mecanismo de vigilancia independiente para asegurar que la ayuda llegue a donde más se necesita.

El gobierno venezolano debe hacer más para diagnosticar y evaluar adecuadamente las necesidades del país de recibir cooperación internacional en forma de donaciones, así como tomar medidas concertadas de reasignación de recursos para asegurar que las personas trabajadoras de la salud tengan acceso a guantes, batas quirúrgicas y mascarillas. El gobierno también debe asegurarse de que haya suficientes productos de limpieza y desinfectantes en los hospitales. Cerca de la mitad de los hospitales del país no tienen agua o sufren escasez de agua, y según las organizaciones de trabajadores, muchos de ellos no han sido desinfectados adecuadamente ni una vez durante la pandemia.