En respuesta a la inadecuada protección prestada por Perú a los derechos humanos de las personas refugiadas procedentes de Venezuela, y dada la urgencia que impone la pandemia de COVID-19, que ha afectado a Perú de forma especialmente fuerte, las autoridades peruanas deben regularizar la situación migratoria de la totalidad de mujeres, hombres, niñas y niños de Venezuela que se encuentran en el país. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en vísperas del Día Mundial de las Personas Refugiadas. Perú tiene la mayor población de solicitantes de la condición de refugiado de Venezuela del mundo, con más de 482.000, y acoge a 830.000 personas venezolanas en total, según datos oficiales.

“Perú no ha querido o no ha podido proteger adecuadamente los derechos y la dignidad de las personas de Venezuela que huyen de las violaciones de derechos humanos masivas cometidas en su país de origen. Frente a los desafíos adicionales planteados por la COVID-19, Perú debe regularizar a todas las personas venezolanas que se encuentren en situación irregular, ya que ese es el medio más efectivo de proteger la salud de todas las personas en el país”, ha manifestado Fernanda Doz Costa, directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional.

“Las personas venezolanas se enfrentan a indecibles dificultades para disfrutar de sus derechos humanos, no sólo en su país de origen sino también cuando intentan rehacer su vida en otros países de las Américas. Las que han huido de sus hogares se han encontrado con obstáculos para solicitar refugio, para entrar en otros países, para acceder a atención médica, para vivir sin discriminación ni violencia, e incluso para mantener una vivienda adecuada. Los Estados deben protegerlas de estas violaciones de derechos humanos, muchas de las cuales se han visto exacerbadas por la pandemia."

Venezuela sigue viviendo una crisis de derechos humanos sin precedentes, en la que millones de personas luchan por sobrevivir, incapaces de satisfacer siquiera sus necesidades mínimas de comida, agua y atención médica, mientras viven bajo la amenaza de la política de represión de Nicolás Maduro contra quienes expresan su descontento. A 5 de junio de 2020, 5,1 millones de personas habían huido del país en los últimos años.

Perú comparte con otros Estados de las Américas la obligación de proteger a las personas que han huido de Venezuela. La mayoría de las personas venezolanas que huyen de su país son refugiadas y tienen derecho a protección internacional, ya sea en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de ámbito internacional, o de la Declaración de Cartagena, de ámbito regional, independientemente del reconocimiento formal de los Estados.

En el informe Buscando refugio: Perú da la espalda a quienes huyen de Venezuela, publicado en febrero de 2020, Amnistía Internacional señaló la manera en que, desde junio de 2019, Perú ha introducido una serie de medidas con el fin deliberado de restringir la entrada al país, lo cual viola las obligaciones internacionales, regionales y nacionales que el Estado peruano ha contraído. Entre sus recomendaciones, previas a la pandemia, Amnistía Internacional pidió a Perú que desarrolle “un sistema de regularización para las personas venezolanas que se encuentran en Perú en situación irregular que incluya a todas ellas, con independencia de su fecha de entrada en el país y de que hayan entrado de manera irregular”. El actual contexto intensifica de forma urgente la pertinencia y la utilidad de esa medida.

En el mismo informe, Amnistía Internacional pidió al gobierno peruano que tome “medidas rigurosas para garantizar la protección de las personas venezolanas contra la devolución (refoulement)”, que consiste en la práctica —prohibida por el derecho internacional— de devolver a personas a lugares donde corren peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos. Un programa integral de regularización para las personas venezolanas en situación migratoria irregular ayudaría a proteger a estas personas contra la devolución. También reduciría el número de personas venezolanas que, al no poder satisfacer sus necesidades básicas en Perú, se ven obligadas a regresar a Venezuela sólo para sufrir las mismas violaciones de derechos humanos que intentan dejar atrás, así como las alarmantes condiciones impuestas a las personas retornadas, que incluyen detención temporal, deplorables centros de cuarentena y estigmatización por parte de las autoridades.

Los compromisos formulados durante la reciente Conferencia Internacional de Donantes convocada por España y la UE deben utilizarse para implementar políticas creativas y efectivas destinadas a proteger los derechos humanos, entre ellas un programa integral de regularización para las personas venezolanas.

“Perú tiene que considerar soluciones nuevas y creativas para garantizar el derecho a la salud de todas las personas del país. Todas las personas que estén en Perú, independientemente de su nacionalidad o su situación migratoria, tienen el mismo derecho a la salud, sin discriminación de ningún tipo. Pedimos que se respete plenamente el principio de no discriminación, ya que es esencial para superar el difícil desafío de esta grave crisis de salud”, ha manifestado Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.

“Las autoridades peruanas también deben garantizar que el discurso público y la respuesta a la COVID-19 no contribuyen a la xenofobia y la discriminación. El virus de la COVID-19 no discrimina, y tampoco deben hacerlo las autoridades del Estado, ni en Perú ni en ningún otro lugar. El bienestar de toda la población depende del bienestar de nuestras personas más marginadas.”

Para más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con:

Duncan Tucker (Amnistía Internacional, Américas): duncan.tucker@amnesty.org

Cecilia Niezen (Amnistía Internacional Perú): c.niezen@amnistia.org.pe