Ante la decisión del máximo tribunal de la Unión Europea, que declara que la ley húngara de 2017 sobre “financiación extranjera” viola el derecho de la UE, Dávid Vig, director de Amnistía Hungría, ha declarado:

“La histórica decisión de hoy supone un golpe para los esfuerzos de las autoridades húngaras por estigmatizar y debilitar a las organizaciones de la sociedad civil que critican la política del gobierno.

“La ley, que exige que las ONG se autoetiqueten como financiadas desde el extranjero, nunca tuvo como fin combatir el blanqueo de dinero y el terrorismo internacional, como afirmó el gobierno húngaro, sino que es un intento descarado de amordazar las voces críticas y eliminar el apoyo público a organizaciones que luchan por los derechos humanos, la justicia y la igualdad.

“Es vital que el Tribunal Constitucional húngaro actúe ahora con rapidez para reanudar su revisión de esta ley represiva, que debe ser anulada lo antes posible”.

Información complementaria

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró que la legislación de Hungría sobre “financiación extranjera” vulnera claramente el derecho de la UE al imponer restricciones discriminatorias e injustificadas a la financiación de organizaciones civiles por personas establecidas fuera del país, lo que es contrario a la libre circulación de capitales. Además, el TJUE resolvió que estas restricciones violan el derecho a la libertad de asociación, así como los relativos al respeto a la vida privada y la vida familiar y a la protección de los datos personales.

La Ley de la transparencia de las organizaciones financiadas desde el extranjero obligaba a las ONG que recibieran más de 20.815 euros de financiación directa o indirecta desde el extranjero a inscribirse de nuevo como “organización financiada desde el extranjero” y a poner esta etiqueta en todas sus publicaciones y en su sitio web.

Veintitrés organizaciones de la sociedad civil afectadas directamente por la ley —Amnistía Internacional Hungría entre ellas— recurrieron al Tribunal Constitucional húngaro solicitando una revisión. Sin embargo, el Tribunal suspendió sus actuaciones a la espera de la sentencia del TJUE.

La decisión del TJUE pone fin al procedimiento por infracción iniciado por la Comisión Europea el verano de 2017, que remitió a Hungría al TJUE en diciembre del mismo año. Las 23 ONG presentaron asimismo una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que hasta la fecha no ha dictado ninguna resolución.