El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estableció hoy que la detención por Hungría de personas solicitantes de asilo en las zonas de tránsito cerca de la frontera con Serbia es ilegal. En respuesta a la decisión, Dávid Vig, director de Amnistía Internacional Hungría, ha declarado: 

“El gobierno de Hungría debe poner fin de inmediato a la inhumana práctica de detener a las personas mientras esperan que se decida si se les concede el asilo que han solicitado o se las expulsa del país. Además, Hungría debe implementar esta sentencia y, con arreglo a ella, dejar en libertad a las mujeres, hombres y niños y niñas que actualmente mantiene recluidos en las zonas de tránsito durante plazos ilegales.  

“También necesitamos que el Parlamento húngaro modifique la ley de solicitud de asilo para garantizar que los abusos que sufrieron estas familias no se repitan.” 

Esta decisión estuvo precedida por la sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el asunto Ilias y Ahmed c. Hungría, de noviembre de 2019, en la que el Tribunal halló que Hungría incumplía sus obligaciones de derechos humanos al devolver a Serbia a solicitantes de asilo sin tener en cuenta el peligro de trato inhumano y degradante al que podrían enfrentarse a su llegada. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) va un paso más allá del TEDH, pues establece que el confinamiento en la zona de tránsito de Röszke, al no existir una decisión oficial ni salvaguardas de debido proceso, constituye detención arbitraria. 

Información complementaria 

Se trata del caso de una familia iraní y otra afgana que llegaron a Hungría a través de Serbia y solicitaron asilo en la zona de tránsito de Röszke, en la frontera serbo-húngara, en diciembre de 2018 y febrero de 2019 respectivamente. Sus solicitudes fueron rechazadas de inmediato como inadmisibles con arreglo a la ley húngara, y se les exigió que regresaran a Serbia, un país que Hungría consideraba “seguro”.  

Al negarse Serbia a readmitirlos, las autoridades húngaras no examinaron el fondo de sus solicitudes de asilo, sino que modificaron el país de destino y lo cambiaron por los respectivos países de origen de las familias solicitantes de asilo.  

Las personas integrantes de las familias presentaron objeciones contra la decisión, que fueron rechazadas. Los solicitantes de asilo entonces impugnaron ante un tribunal húngaro la decisión de rechazar sus objeciones —aunque en la ley húngara no hay ninguna disposición referente a tal impugnación— pidiendo que se anulara, y solicitando a las autoridades de asilo que se llevase a cabo un nuevo procedimiento de asilo.  

Ambas familias, representadas por abogados del Comité Húngaro de Helsinki, permanecieron retenidas en una zona de tránsito más de un año (464 y 526 días, respectivamente) en espera de que se decidiera su reclamación ante los tribunales. 

Desde 2015, Amnistía Internacional ha documentado cómo las autoridades húngaras han ido restringiendo gradualmente el acceso al país de personas refugiadas y solicitantes de asilo, deteniéndolas de forma arbitraria mientras esperaban el resultado de su petición de asilo, rechazándolas con violencia para que no cruzaran sus fronteras, y poniendo en peligro las vidas de las que esperaban a ser expulsadas al negarles alimentos.