• Al menos 22 personas detenidas, 7 acusadas, en medidas enérgicas contra presuntas “noticas falsas” sobre el brote
• Las autoridades afirman que están “trabajando con Facebook” para rastrear a personas
• La mayor prisión del país, al 500% de su capacidad

“Las condiciones de hacinamiento y precariedad de prisiones y centros de detención podrían convertirse en detonadores de un importante brote de COVID-19 en Camboya que dificultaría mucho más el control de la pandemia”, ha declarado hoy Amnistía Internacional, en medio de crecientes medidas enérgicas contra personas detenidas por “causar temor” al hablar del brote en las redes sociales.

“En lugar de abordar la crisis de hacinamiento en los centros de detención, las autoridades camboyanas usan la pandemia de COVID-19 como excusa para hostigar aún más y detener a quienes critican al gobierno”, afirmó Nicholas Bequelin, director regional de Amnistía Internacional. “Mientras tanto, las prisiones y centros de detención para personas toxicómanas están peligrosamente superpoblados y carecen incluso de los servicios de salud más básicos. Son una bomba de relojería para el país y, potencialmente, los países vecinos”.

En medio de una serie de medidas enérgicas contra noticias supuestamente “falsas” sobre la COVID-19, han sido acusadas y recluidas en detención preventiva al menos siete personas, de las que seis son activistas o miembros del prohibido Partido de Rescate Nacional de Camboya, de la oposición. En total, desde enero han sido detenidas en relación con la difusión de información sobre la COVID-19 al menos 22 personas, la mayoría de las cuales salieron en libertad sin cargos tras comprometerse a no difundir información falsa en Internet.

El miércoles 25 de marzo, el primer ministro Hun Sen afirmó que estaba sopesando la posibilidad de invocar el artículo 22 de la Constitución para declarar el estado de excepción, y advirtió de la posibilidad de que, como consecuencia de ello, se restringieran aún más los derechos humanos.

Según informes, el 5 de marzo, Ouk Kimseng, portavoz del Ministerio de Información, había declarado que “personas malintencionadas están propagando el miedo entre la gente, causando temor en la ciudadanía. El primer ministro Hun Sen las considera terroristas, estas personas son problemáticas para nuestra sociedad [...] Estamos trabajando con Facebook y rastreando a individuos o grupos para tomar medidas contra ellos”.

“El gobierno camboyano parece estar más centrado en usar esta pandemia para silenciar a quienes lo critican que en proteger a su población y el derecho de éste a una atención de salud adecuada. Las autoridades camboyanas deben dejar de hostigar a quienes las critican y abordar las necesidades de salud urgentes de toda la población de Camboya”, dijo Nicholas Bequelin.

Los superpoblados centros de detención en Camboya son una "bomba de tiempo"

Según datos del gobierno, a finales de 2019, las prisiones de Camboya albergaban a 37.000 personas a pesar de tener una capacidad aproximada para sólo 26.593. En enero de 2020, la mayor prisión del país –Prey Sar, en Phnom Penh, la capital– tenía una población reclusa de más de 10.000 personas: aproximadamente el 500% de su capacidad.

Hasta el 40% de toda la población penitenciaria está en detención preventiva y hay miles de personas encarceladas por delitos leves no violentos, como el consumo o la posesión de drogas. La población penitenciaria del país se ha disparado alrededor del 70% desde diciembre de 2016 como consecuencia de la campaña del gobierno, punitiva y abusiva, contra las drogas.

Sreyneang*, que salió del centro CC2 para mujeres y menores de Prey Sar en noviembre de 2019, dijo a Amnistía Internacional: “El espacio para dormir que teníamos mi hijo de un año y yo medía sólo unos 30 o 40 centímetros de ancho, era muy pequeño. Si dormía de lado, mi hijo podía dormir en el suelo. Si dormía boca arriba, [mi hijo] tenía que dormir encima de mí”.

“Las condiciones inhumanas de las cárceles y otros centros de detención de Camboya imposibilitan que las personas recluidas y el personal tomen medidas preventivas, como el alejamiento físico y el aislamiento”, subrayó Nicholas Bequelin. “Estas condiciones nunca han sido aceptables, y ahora corren el riesgo de desencadenar lo que podría convertirse rápidamente en una transmisión comunitaria impresionante y exponencial de la COVID-19”.

Miles de personas más están recluidas actualmente contra su voluntad en lo que se conoce como centros de “rehabilitación” para personas toxicómanas y centros de “asuntos sociales”, repartidos en todo el país. La reclusión preceptiva por toxicomanía a la que se somete a las personas que consumen presuntamente drogas con el fin de que dejen de consumirlas es inherentemente arbitraria. Aunque no se conoce públicamente la población total de los centros de detención para personas toxicómanas, la información recibida por Amnistía Internacional indica que el hacinamiento dentro de ellos es tan grave como en las prisiones.

Maly*, trabajadora sexual que estuvo cinco meses recluida en el centro de detención para personas toxicómanas de Phnom Penh de Orkas Khnom tras ser detenida en una redada callejera en 2019, contó a Amnistía Internacional el grave hacinamiento que experimentó: "Había sesenta personas en mi pequeña celda y estábamos tan apretadas que no podíamos ni siquiera movernos ni tumbarnos cuando dormíamos. Teníamos que apretarnos de costado entre nosotras”.

“En los precarios centros de detención para personas toxicómanas abundan las violaciones de derechos humanos, y la actual crisis de COVID-19 sólo agravará los riesgos para quienes están recluidas en ellos. Los centros destinados a la reclusión preceptiva de personas toxicómanas deben cerrarse permanentemente y sin demora, y las personas detenidas deben ser puestas en libertad de inmediato, con suficientes servicios de salud y sociales a su disposición”, concluyó Nicholas Bequelin” .

“Estas personas, que a menudo tienen un sistema inmunitario débil y enfermedades preexistentes, necesitan protección urgente. La crisis actual ofrece a las autoridades camboyanas la oportunidad de garantizar que quienes usan los servicios para el tratamiento de toxicomanías lo hacen realmente de forma voluntaria y que estos servicios están arraigados en comunidades”.

Información complementaria

Tanto en las prisiones como en otros centros de reclusión, el hacinamiento, la alimentación inadecuada y las deficientes condiciones higiénicas hacen que miles de personas privadas de libertad en Camboya tengan problemas de salud, por lo que corren especial riesgo en medio de la pandemia de COVID-19.

Cada año, miles de personas presuntas toxicómanas, personas sin hogar, trabajadores y trabajadoras sexuales y personas con enfermedades mentales son detenidas en redadas contra las drogas y otras realizadas para el embellecimiento de las ciudades y recluidas en centros de “asuntos sociales” y “rehabilitación de toxicomanías” de toda Camboya. Estos centros de detención son objeto de críticas desde hace años, e incluso de denuncias de tortura, trabajo forzoso, violencia sexual y otras formas de malos tratos.

El 25 de marzo, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, advirtió a los gobiernos de las consecuencias “catastróficas” para las personas detenidas y las comunidades en general si no se abordan el hacinamiento en los centros penitenciarios y las deficientes condiciones de reclusión en el contexto de la COVID-19. Bachelet pidió a los gobiernos la “liberación de todas las personas recluidas sin suficiente base jurídica” y la “libertad de quienes sean especialmente vulnerables a la COVID-19, entre ellas las personas de más edad y las enfermas, así como las personas infractoras de bajo riesgo”.

Ante la pandemia de COVID-19, gobiernos de todo el mundo, entre ellos los de Etiopía, Bahréin e Irán, han tomado medidas resueltas para aliviar el hacinamiento de los centros de detención poniendo en libertad a las personas recluidas por motivos políticos, por cargos leves y no violentos, y en detención preventiva, y a las que tienen problemas de salud subyacentes.

Amnistía Internacional insta a los gobiernos a que revisen la necesidad de la privación de libertad con vistas a salvaguardar la salud de la población reclusa, el personal penitenciario y la población en general. Los gobiernos deben considerar la posibilidad de que las personas reclusas accedan a la libertad condicional, a la libertad condicional anticipada o a otras medidas alternativas no privativas de libertad. Para ello, han de tener en cuenta todas las circunstancias individuales y los riesgos que plantea la COVID-19 para grupos específicos de personas reclusas, como las personas mayores o las que padecen enfermedades graves, incluidas las que tienen el sistema inmunitario debilitado.

Dado que la propagación de enfermedades transmisibles es un problema de salud pública, sobre todo en el entorno carcelario, es deseable que, con su consentimiento, todas las personas privadas de libertad tengan acceso gratuito a las pruebas de detección de la COVID-19, incluidas las que vayan a ser puestas en libertad anticipada. En el caso de las personas que continúen detenidas o presas, las autoridades deben proporcionar un nivel de atención de la salud que atienda a las necesidades individuales de cada una de ellas y garantice la máxima protección posible contra la propagación de la COVID-19.

*Pseudónimo utilizado para proteger la seguridad de la persona entrevistada.