“Ya es hora de que las autoridades tunecinas tomen medidas para poner fin a la impunidad garantizando que las denuncias relativas a violaciones de derechos humanos”, ha manifestado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África

El nuevo gobierno de Túnez debe aprovechar la oportunidad para romper el patrón de impunidad de las fuerzas de seguridad acusadas de violaciones de derechos humanos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en una carta abierta al nuevo primer ministro.

Hoy que el primer ministro Elyes Fakhfakh ha jurado su cargo, Amnistía pide a su gobierno que se comprometa públicamente a adoptar un enfoque de tolerancia cero respecto a las violaciones de derechos humanos, y a dar prioridad a la rendición de cuentas por los delitos cometidos en el pasado, así como a los cometidos por las fuerzas de seguridad desde 2011.

"Aunque en los últimos nueve años ha habido cambios significativos y positivos en lo que se refiere a las libertades políticas, el sector de seguridad de Túnez permanece en gran medida sin reformar y ajeno a la rendición de cuentas”, ha manifestado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“El tolerar la impunidad constante transmite el mensaje de que cometer violaciones graves de derechos humanos no tiene consecuencias, lo que pone en auténtico peligro cualquier esfuerzo por poner fin a prácticas como la tortura y el uso excesivo de la fuerza.”

“Ya es hora de que las autoridades tunecinas tomen medidas para poner fin a la impunidad garantizando que las denuncias relativas a violaciones de derechos humanos tales como la tortura se investigan de forma inmediata, independiente e imparcial, y que los responsables rinden cuentas tras juicios con las debidas garantías.”

“Es inaceptable que, más de nueve años después del levantamiento tunecino, la mayoría de las denuncias creíbles contra miembros de las fuerzas de seguridad aún no hayan dado lugar a procesamientos.”

La inmensa mayoría de las investigaciones que implican como sospechosos a miembros de las fuerzas de seguridad no conducen a que los responsables sean procesados con éxito. También existen serias dudas sobre la independencia e imparcialidad de esas investigaciones. En abril de 2019, Amnistía Internacional destacó cuatro casos en los que las víctimas seguían aguardando justicia, entre ellos dos casos en los que el uso de fuerza innecesaria o excesiva por parte de la policía había provocado la muerte de las víctimas.

Oportunidad histórica de impartir justicia transicional

La carta abierta subraya también la importancia de apoyar el proceso de justicia transicional habilitando y protegiendo el proceso de rendición de cuentas penal que comenzó en 2018. También pide al nuevo gobierno que cumpla lo dispuesto por la ley de justicia transicional, en concreto la publicación del informe de la Comisión de la Verdad y la Dignidad y del plan de aplicación de sus recomendaciones.

Con el gobierno anterior, el proceso de justicia transicional se vio obstaculizado por la falta de compromiso con la aplicación de las conclusiones de la Comisión y por la reticencia de algunas partes del gobierno a implicarse en las investigaciones en curso.

"Este nuevo gobierno tiene una oportunidad histórica de cumplir lo que el proceso de justicia transicional prometió a miles de víctimas que llevan décadas aguardando justicia”, ha añadido Heba Morayef.

La carta también sugiere recomendaciones prioritarias que el gobierno debe seguir para garantizar que la aplicación de las medidas de emergencia no sigue dando lugar a más violaciones de derechos humanos, y también elogia los compromisos formulados por el gobierno de respetar la independencia del poder judicial.