“Las autoridades de Lesoto deben detener de inmediato todo el trabajo en torno a la represa de Polihali hasta que se cumplan las normas internacionales de derechos humanos relativas a desalojos”, ha manifestado Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral

Casi 8.000 personas se enfrentan a la pérdida de sus hogares o sus medios de vida con el inicio de las obras de construcción en torno a una nueva represa en Lesoto. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. La organización pide a las autoridades que detengan la construcción de la represa de Polihali, que suministrará agua a Sudáfrica, hasta que se haya consultado y compensado adecuadamente a las comunidades afectadas, en el distrito de Mokhotlong. 

Amnistía Internacional ha visto recibos que muestran que algunas personas desplazadas recibieron tan sólo el equivalente a poco más de un dólar estadounidense como indemnización por ser reasentadas en otras zonas de Mokhotlong —lejos de sus hogares actuales— para dejar sitio al proyecto. Esa cantidad no sirve ni para comprar una hogaza de pan.

“Ahora que comienza la construcción de la represa de Polihali, con trabajos en la carretera que conduce al lugar, la gente ya está siendo expulsada de sus casas y reasentada. Otras personas se enfrentan a la pérdida de las tierras de pastoreo para sus animales, o a la pérdida de frutos silvestres y plantas medicinales con los que se ganan la vida”, ha manifestado Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.

“Las autoridades de Lesoto deben detener de inmediato todo el trabajo en torno a la represa de Polihali hasta que se cumplan las normas internacionales de derechos humanos relativas a desalojos. Deben realizarse consultas auténticas con las comunidades afectadas, a las que se debe indemnizar frente a cualquier pérdida.”

Los abogados que representan a las comunidades afectadas alrededor de la represa de Polihali dijeron a Amnistía Internacional que la Autoridad de Desarrollo de las Tierras Altas de Lesoto, de propiedad estatal, no ha consultado ni compensado adecuadamente a los residentes antes de la construcción.

La represa de Polihali, que forma parte de la “Fase 2 del Proyecto Hidráulico de las Tierras Altas de Lesoto” —un proyecto de varias fases para proporcionar agua a Sudáfrica— podría dar lugar a que los habitantes de unos 35 pueblos pierdan sus hogares y sus medios de vida.

De acuerdo con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, el gobierno de Lesoto debe garantizar que el proyecto de la represa de Polihali no provoca desalojos forzosos.

Según las normas internacionales de derechos humanos, los desalojos sólo pueden considerarse legítimos si se ponen a disposición de todas las personas afectadas ciertas salvaguardias de procedimiento que incluyen consultas auténticas, notificación adecuada y una indemnización justa y apropiada por las pérdida. Los desalojos no deberían dejar nunca a la gente sin hogar o expuesta a otras violaciones de derechos humanos.

Aunque la construcción de la represa aún no ha comenzado, la población de la zona circundante ya está siendo expulsada de sus hogares para dejar sitio a la construcción de la carretera que conduce a la represa, lo que da lugar a la pérdida de sus propiedades privadas y comunitarias.

“La construcción de la represa podría ser social y económicamente desastrosa para las casi 8.000 personas que viven en las zonas afectadas”, ha manifestado Deprose Muchena.

“Sudáfrica, que se beneficiará del nuevo suministro de agua, también tiene la obligación de garantizar que, en su búsqueda de un acuerdo para conseguir agua, el proyecto respeta los derechos humanos”.