Táchira y Mérida en Riesgo muestra la vulneración de los derechos que sufren las personas en los estados andinos, en el marco de una crisis humanitaria compleja que las autoridades no han sido capaces de solucionar.

La edición está compuesta por testimonios que dan cuenta de la ausencia de derechos y por consiguiente pésima calidad de vida de las personas que habitan estos estados. Los cortes eléctricos, la escasez de combustible, de alimentos y medicinas, la fuerte represión contra manifestantes y la obligación de usar moneda extranjera para sobrevivir son algunos de los retos que deben enfrentar a diario estas personas.

Táchira y Mérida son estados venezolanos que forman parte de la región andina del país, cuyas poblaciones sufren los efectos de la crisis de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de manera diferenciada debido a las características propias de su ubicación y el progresivo deterioro o ausencia total del disfrute de derechos.

Ambos estados conforman el paso por el cual miles de venezolanos en condiciones de pobreza huyen de Venezuela en busca de medicamentos, comida y una vida digna. No obstante, las personas que transitan este corredor humanitario y migratorio se exponen a abuso de poder, violencia armada, extorsión, secuestro, limitaciones en las comunicaciones, tráfico de drogas, minerales, contrabando de mercancías y hasta trata de personas, especialmente, niñas, niños y mujeres.

El suministro de gasolina es deficiente en las dos regiones y el tráfico de combustible es todavía un grave problema que el gobierno no ha podido solucionar. Las personas están obligadas a hacer filas que van desde un día hasta una semana para abastecer sus vehículos con apenas 30 o 40 litros. Estas filas están controladas mayormente por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes deciden a discreción quiénes pueden surtir o no y quiénes pueden hacerlo sin hacer fila.

La escasez de gasolina ha afectados otros aspectos de la vida de los habitantes de estos estados denuncian que no pueden trasladarse diariamente a sus sitios de trabajo, centros de salud o estudio porque no les rinde el combustible y tampoco existe un sistema de transporte que funcione eficientemente. 

En estos estados se han registrado, después de Distrito Capital, el mayor número de personas asesinadas en el marco de protestas sociales. Organizaciones locales han denunciado que 54 personas perdieron la vida en Táchira y Mérida a manos de funcionarios de las fuerzas de seguridad pública entre 2002 y hasta mayo de 2019. La fuerte represión en la región andina se debe a que ha sido escenario de la mayor parte de las protestas sociales ocurridas en el interior del país desde el año 2014.

Mérida es una zona reconocida por su turismo, sin embargo, actualmente este sector ha caído considerablemente debido a todas las fallas en los servicios públicos que presenta. Es uno de los estados donde existe más racionamiento de electricidad, escasez de alimentos, agua potable y fallas en el transporte público. Sus habitantes la describen como una zona casi desolada donde la inseguridad gana con los días más espacios.

Por su parte, Táchira es una de las principales zonas fronterizas del país. El Puente Internacional Simón Bolívar, ubicado sobre el río Táchira, es la principal vía terrestre que comunica a Venezuela con Colombia, donde se desarrolla un gran número de importaciones y exportaciones, como también flujo migratorio. Miles de venezolanos cruzan a diario el Puente Internacional Simón Bolívar, muchos van a comprar alimentos y productos básicos que no consiguen en Venezuela o a comprar mercancía, otros cruzan por temas de estudio o salud. 

La cercanía a Colombia y el escaso valor adquisitivo de la moneda venezolana entre otros factores contribuyen a que la actividad económica se pueda mayormente a través del peso colombiano y el dólar estadounidense. Las personas denuncian que casi todo se compra y vende en divisas extranjeras, las cuales son difíciles de conseguir porque el salario venezolano aún sigue expresándose en bolívares. Esta situación afecta mucho más a personas que devengan sueldo mínimo y personas mayores que se mantienen solo con su pensión.

Al igual que en el resto del país, las instituciones educativas tachirenses y merideñas en todos los niveles presentan una significativa reducción de alumnos, docentes, personal administrativo y obrero; quienes se han sumado a la diáspora para sobrevivir. Lo mismo ocurre en el sector salud, existe una alta demanda de pacientes frente al escaso personal médico y paramédico, situación que ha obligado a muchas personas a buscar tratamiento médico al otro lado de la frontera.

Agradecemos el esfuerzo de todos los periodistas, activistas y valientes personas que a pesar de sufrir todas las consecuencias que desencadena la falta de atención estatal en su región, ofrecieron su testimonio para visibilizar la situación de vulneración de derechos que viven.