El gobierno tanzano ha suprimido el derecho de personas y ONG a denunciar casos contra Tanzania directamente ante la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, con sede en Arusha; así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

Esta supresión de derechos privará a las personas y organizaciones de Tanzania de una posibilidad fundamental para obtener justicia, en un país con un sistema de justicia gravemente defectuoso.

“La medida impide en la práctica que personas y ONG del país acudan directamente a la Corte para solicitar reparación por violaciones de derechos humanos, en un evidente y cínico intento de eludir la rendición de cuentas”, ha afirmado Japhet Biegon, coordinador de incidencia de Amnistía Internacional para África.

“Es una prueba más de la hostilidad creciente del gobierno tanzano hacia los derechos humanos y quienes los defienden. Socava la autoridad y legitimidad de la Corte Africana y es una traición absoluta a los esfuerzos realizados en África para establecer organismos regionales de derechos humanos que sean sólidos, fiables y capaces de impartir justicia y lograr rendición de cuentas.”

Tanzania es el segundo país —después de Ruanda— que ha suprimido el derecho de personas y ONG a acceder directamente a la Corte Africana, organismo judicial esencial en el continente frente a las injerencias estatales en los sistemas nacionales de justicia.

El gobierno de Tanzania tiene el mayor número de casos denunciados por personas y ONG, así como de sentencias dictadas en su contra por la Corte Africana. De las 70 decisiones emitidas por la Corte a fecha de septiembre de 2019, 28 (el 40%) fueron sobre Tanzania.

Igualmente, la mayoría de los casos aún pendientes ante la Corte Africana son contra Tanzania, en su inmensa mayoría sobre presuntas violaciones del derecho a un juicio justo, lo cual apunta a un problema sistémico en la justicia tanzana.

Más recientemente, el 28 de noviembre, la Corte Africana resolvió que el apartado del Código Penal tanzano que establece la pena de muerte preceptiva para determinados delitos no sólo vulnera el derecho a un juicio justo y socava la independencia judicial, sino que además viola el derecho a la vida.

“Las numerosas denuncias contra Tanzania ante la Corte Africana reflejan la abyecta falta de medidas por parte del país para proporcionar recursos adecuados y efectivos en el ámbito nacional a las víctimas de violaciones de derechos humanos”, ha dicho Japhet Biegon.

“Al ser el país donde tiene su sede la Corte Africana, Tanzania debería dar ejemplo y replantearse la decisión de retirar su declaración, demostrando su apoyo y compromiso con el éxito de la Corte. Asimismo debe fortalecer su propio sistema de justicia para garantizar el acceso de las víctimas de violaciones de derechos humanos a la justicia nacional.”

Información complementaria

Palamagamba Kabudi, ministro tanzano de Asuntos Exteriores y Cooperación del África Oriental, firmó la notificación de la retirada de la declaración formulada en virtud del artículo 34.6 del Protocolo de la Corte Africana el 14 de noviembre de 2019. Esta notificación se envió a la Unión Africana el 21 de noviembre.

Tanzania ha decidido retirar su declaración en virtud del artículo 34.6 cuando apenas ha transcurrido un mes del informe publicado por Amnistía Internacional donde se detalla una intensificación de la represión en el país desde que está el presidente John Magufuli.