La cantidad de personas que concurrieron en las calles para protestar pacíficamente demuestra el incremento del descontento social hacia la postura de las autoridades frente a los derechos humanos

Las autoridades colombianas deben poner fin a la represión de las protestas sociales y al uso excesivo de la fuerza en contra de quienes se manifiestan, garantizando los derechos humanos de todas las personas y asegurar que cualquier acción que desarrolle sea conforme con el derecho internacional de los derechos humanos.  

“En lugar de replicar las tristes escenas de represión violenta que hemos visto en gran parte de la región durante los últimos meses, el gobierno del presidente Iván Duque debe garantizar el derecho legítimo de las personas de manifestarse pacíficamente. Las autoridades colombianas deben poner fin a la violenta represión de las manifestaciones, incluyendo el uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“En lugar de replicar las tristes escenas de represión violenta que hemos visto en gran parte de la región durante los últimos meses, el gobierno del presidente Iván Duque debe garantizar el derecho legítimo de las personas de manifestarse pacíficamente. Las autoridades colombianas deben poner fin a la violenta represión de las manifestaciones, incluyendo el uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias”.

Amnistía Internacional considera que el ‘Paro Nacional’ representa un reclamo legítimo de derechos humanos por parte de distintos sectores de la sociedad en Colombia. La cantidad de personas que concurrieron en las calles para protestar pacíficamente demuestra el incremento del descontento social hacia la postura de las autoridades frente a los derechos humanos y la grave situación de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos en el país.  

Amnistía Internacional ha verificado evidencia videográfica que confirma el excesivo, desproporcional e innecesario uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad colombianas, lo cual configura una violación de derechos humanos por parte de las autoridades.”

La organización verificó un video que muestra a un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) golpeando intencionalmente con el pie a una manifestante en el rostro. Asimismo, la organización ha verificado múltiples videos en que la fuerza pública dispara gas lacrimógeno directamente hacia los manifestantes. En uno, por ejemplo, el ESMAD lo hace cuando todos los manifestantes tienen las manos arriba y gritan “violencia no”. Amnistía Internacional también ha verificado videos que muestran a tres agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá arrastrando a una mujer del cabello, así como golpeando a una persona en la calle sin ninguna justificación aparente.

La organización también ha podido verificar que la Policía Metropolitana de Bogotá en moto ataca a una persona sin razón aparente. Además, la organización ha podido verificar la fuerza de seguridad montada a caballo atacando a una persona que ya no presentaba cualquier capacidad de reacción, debido a los golpes que había recibido.

La Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) denunció la detención de al menos 112 manifestantes y 40 personas heridas por uso excesivo de la fuerza por parte del ESMAD.  Asimismo, la CIDH recordó al Estado que el uso de la policía y de las fuerzas de seguridad debe centrarse en la contención de actos de violencia; así como garantizar el derecho a la protesta, sin ningún tipo de represión directa o detención arbitraria de los manifestantes pacíficos.

Días antes del Paro Nacional, el gobierno ya había iniciado una campaña de intimidación y miedo hacia la población, que planeaba marchar pacíficamente en reclamo de sus derechos. En varias localidades del país, diversos actores sociales denunciaron allanamientos policiales sin el debido proceso judicial.   

También, se denunció allanamientos en domicilios de líderes sociales que apoyan el paro. Algunos de éstos fueron declarados ilegales por los jueces.

Instamos a las autoridades a cesar de inmediato la represión, dando órdenes precisas a las fuerzas de seguridad para que ejerzan la máxima restricción en el uso de la fuerza, la que solo debe ser aplicada de manera progresiva, proporcional y diferenciada, en línea con los estándares internacionales. Además, los órganos de justicia civiles y ordinarios deben investigar la responsabilidad de aquellos que reprimieron las manifestaciones cometiendo violaciones de derechos humanos, incluyendo a quienes pudieron haber ordenado, consentido o hecho caso omiso de las mismas.