“El presidente Ghazouani hereda una situación en la que miles de personas son esclavizadas y quienes denuncian este horror son con frecuencia objeto de detención arbitraria y prisión. La detención y la reclusión arbitrarias, la tortura y otros malos tratos, y la prohibición sistemática de reuniones pacíficas son habituales en Mauritania, y la situación está exacerbada desde hace tiempo por las negaciones de las autoridades”, dijo Kiné Fatim Diop, responsable de campañas de Amnistía Internacional sobre África Occidental

Cuando Mohamed Ould Ghazouani se dispone a ser investido presidente de Mauritania, Amnistía Internacional ha declarado hoy que el nuevo presidente debe comprometerse a abordar el terrible historial de derechos humanos del país adoptando medidas significativas para acabar con la lacra de la esclavitud y protegiendo a quienes defienden los derechos humanos y a activistas de la detención arbitraria y de la tortura y otros malos tratos.

La organización puso de relieve la persistente negación por las autoridades de la existencia de violaciones de derechos humanos como la discriminación racial y la restricción del espacio de la sociedad civil y del derecho a la libertad de expresión, y pidió al presidente recién elegido que dé prioridad al respeto a todos los derechos humanos.

“El presidente Ghazouani hereda una situación en la que miles de personas son esclavizadas y quienes denuncian este horror son con frecuencia objeto de detención arbitraria y prisión. La detención y la reclusión arbitrarias, la tortura y otros malos tratos, y la prohibición sistemática de reuniones pacíficas son habituales en Mauritania, y la situación está exacerbada desde hace tiempo por las negaciones de las autoridades”, dijo Kiné Fatim Diop, responsable de campañas de Amnistía Internacional sobre África Occidental.

“Pedimos al presidente Ghazouani que garantice que su gobierno rompe con el pasado y que muestre su compromiso con la mejora de los derechos humanos de todos los mauritanos y mauritanas”.

Durante la campaña electoral de junio, Amnistía Internacional se unió a otras organizaciones de la sociedad civil para pedir a cada uno de los seis candidatos a la presidencia que se comprometieran a implementar reformas y a cambiar prácticas para que Mauritania cumpliera sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Tres de los seis candidatos firmaron el Manifiesto integrado por 12 compromisos para promover y proteger los derechos humanos en Mauritania. Pese a la petición oficial, Mohamed Ould Ghazouani —que también era el candidato del partido gobernante— no lo firmó. En su campaña, tampoco se comprometió a mejorar la catastrófica situación de los derechos humanos en el país.

Entre la reelección del presidente saliente Mohamed Ould Abdel Aziz, en junio de 2014, y las últimas elecciones, en mayo de 2019, Amnistía Internacional ha documentado la clausura de 44 organizaciones de la sociedad civil que trabajaban para promover el respeto a los derechos humanos.

En el mismo periodo, al menos 174 personas que defendían los derechos humanos fueron detenidas arbitrariamente, y 17 de ellas sufrieron tortura o malos tratos. Las autoridades mauritanas llevan tiempo etiquetando a quienes defienden los derechos humanos de “traidores”, y las personas que denuncian discriminación sufren continuamente acoso, intimidación y ataques.

El 22 de junio, cuando se anunció la victoria de Mohamed Ould Ghazouani, otros cuatro candidatos cuestionaron el resultado y hubo protestas. Ese día, las autoridades practicaron detenciones masivas que afectaron a casi 100 personas, entre las que había simpatizantes de la oposición y periodistas, y desplegaron a las fuerzas de seguridad en la capital, Nuakchot, y en las ciudades de Nuadibú y Kaédi.

También se ha atacado a personas procedentes de África occidental, algunas de las cuales han sido expulsadas a su país de origen tras ser acusadas de desestabilizar la paz en Mauritania. Internet estuvo bloqueado 10 días, aparentemente para impedir que se celebraran reuniones y protestas. Las fuerzas de seguridad cerraron la sede de la coalición de la oposición.

“Pedimos a las autoridades que revoquen las leyes que criminalizan el derecho a la libertad de expresión y que respeten, protejan y promuevan el derecho de reunión pacífica”, concluyó Kiné Fatim Diop.