Amnistía Internacional pide a las autoridades de Arabia Saudí que pongan en libertad de inmediato a las personas detenidas únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión, retiren los cargos que pesen en su contra y abandonen cualquier plan de imponer la pena de muerte a las personas que están siendo juzgadas actualmente

Las autoridades de Arabia Saudí han intensificado su represión de la disidencia, tal como ponen de manifiesto las recientes peticiones del Ministerio Público de ejecución de clérigos religiosos y manifestantes que están siendo juzgados ante el Tribunal Penal Especializado, el tribunal antiterrorista del país. La semana próxima, seis personas deberán comparecer ante el Tribunal Penal Especializado para sesiones del juicio, y podrían correr el riesgo de ser condenadas a muerte por cargos relacionados con el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Entre ellas figuran el destacado clérigo religioso Sheikh Salman al Awda y la activista Israa al Ghomgham. La reiteración de las peticiones del Ministerio Público de que se recurra a la pena de muerte en los últimos tres meses hace saltar la alarma en relación con la suerte de decenas de activistas que están detenidos actualmente sin cargos ni juicio y de los que están siendo juzgados actualmente por el Tribunal Penal Especializado. Amnistía Internacional pide a las autoridades de Arabia Saudí que pongan en libertad de inmediato a las personas detenidas únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión, retiren los cargos que pesen en su contra y abandonen cualquier plan de imponer la pena de muerte a las personas que están siendo juzgadas actualmente. Las autoridades deben detener de inmediato todas las ejecuciones y conmutar todas las condenas a muerte impuestas como primer paso para la abolición de la pena cruel, inhumana y degradante más extrema.

Clérigos religiosos en riesgo de ser condenados a muerte

Sheikh Salman al Awda, que podría ser condenado a muerte tras la petición de ejecución del Ministerio Público, debe comparecer ante el Tribunal Penal Especializado el 30 de octubre para una tercera sesión del juicio.

En agosto de 2018, Sheikh Salman al Awda compareció en juicio en una vista secreta ante el Tribunal Penal Especializado, donde fue acusado de 37 cargos, entre ellos su afiliación a la Hermandad Musulmana y sus peticiones de reformas gubernamentales y de cambio de régimen en la región árabe.

Sheikh Salman al Awda estuvo recluido en régimen de incomunicación y aislamiento durante los primeros cinco meses de su detención, sin acceso a su familia ni a un abogado, a excepción de una breve llamada telefónica un mes después de su arresto. En enero, su familia se enteró de que había sido hospitalizado debido al deterioro de su salud bajo custodia. Sólo se le permitió hacer una llamada a su familia un mes después. Todos los miembros de la familia inmediata de Salman al Awda tienen prohibido viajar al extranjero.

El 7 de septiembre de 2017, agentes de seguridad del Estado detuvieron a Sheikh Salman al Awda en su casa sin orden judicial unas horas después de que publicara un tuit en el que respondía a una noticia sobre la posible reconciliación de Arabia Saudí y Qatar, en plena crisis diplomática. El clérigo escribió: “Que Dios lleve a sus corazones armonía sobre lo que es bueno para sus pueblos”. Según su familia, las autoridades habían pedido a Sheikh Salman al Awda y a otras figuras destacadas que hicieran público a través de Twitter su apoyo al gobierno saudí durante la disputa con Qatar el año pasado, pero él se negó a hacerlo. Según información recibida por Amnistía Internacional, en noviembre de 2017 hombres vestidos de civil y cubiertos con pasamontañas que según se cree eran de la Dirección de Seguridad del Estado, registraron su casa sin orden judicial y se incautaron de dispositivos electrónicos y libros.

Sheikh Salman al Awda, de 61 años, es un destacado clérigo que ha pedido reformas políticas y democráticas en Arabia Saudí y otros Estados árabes desde los primeros años de la década de 1990. Fue promotor de un consejo de la “Shura” de carácter consultivo, que después se institucionalizó y se expandió en Arabia Saudí. Estuvo detenido sin cargos ni juicio durante durante cinco años, desde 1994 hasta que quedó en libertad en 1999, y desde entonces ha seguido reclamando reformas y publicando declaraciones sobre la coexistencia y los derechos y libertades dentro de un marco islámico. Durante los levantamientos populares árabes de 2011, Sheikh Salman al Awda publicó un libro titulado “Cuestiones de revolución”, en el que pedía a los Estados árabes que abordaran las causas profundas de esos levantamientos. Antes de su detención el año pasado, también se había impedido reiteradamente a Sheikh Salman al Awda viajar, hablar y escribir en los medios de comunicación.

Los clérigos religiosos Ali al Omari y  Sheikh Awad al Qarni también fueron detenidos en la oleada de arrestos de septiembre de 2017 dirigida contra personalidades religiosas, escritores, periodistas, intelectuales y defensores y defensoras de los derechos humanos, y actualmente hacen frente a la pena de muerte tras la petición de ejecución del Ministerio Público. Ali al Omari es una figura destacada de los medios de comunicación y fundador del canal de televisión por satélite “4Shabab”, que promueve valores religiosos, además de abordar cuestiones históricas, sociales y políticas en la sociedad. Sheikh Awad al Qarni es un destacado clérigo religioso que también escribe sobre asuntos religiosos y sociales.

Según la información recibida por Amnistía Internacional, a Ali al Omari se le permitió una breve llamada telefónica a su familia unos cinco meses después de su detención, pero lleva recluido en régimen de incomunicación otros siete meses desde entonces, sin acceso a su familia ni a asistencia letrada. Según fuentes informativas pro-estatales, su juicio secreto comenzó el 5 de septiembre y se presentaron en su contra, entre otras 30 acusaciones, cargos de “unirse a una entidad terrorista dentro del Reino (la Hermandad Musulmana) que trabaja en completo secreto y pretende sembrar la discordia, desestabilizar la seguridad y desobedecer al soberano”, “establecer oficinas afiliadas a la Hermandad Musulmana dirigidas a jóvenes en países árabes” y “establecer un canal de TV por satélite en dos países árabes para difundir el pensamiento de la Hermandad Musulmana”. Siguen sin conocerse las fechas de las próximas sesiones del juicio de Ali al Omari y Sheikh Awad al Qarni.

El reiterado recurso del Ministerio Público a la pena de muerte en los casos de varias personas detenidas por ejercer de forma pacífica sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión no tiene precedentes en los últimos años, y hace saltar la alarma por la suerte de varias personas más, entre las que hay escritores, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos que están detenidas sin cargos ni juicio desde septiembre de 2017.

Manifestantes chiíes que pueden ser condenados a muerte

Israa al Ghomgham, activista que fue llevada a juicio ante el Tribunal Penal Especializado, debe comparecer para la próxima vista el 28 de octubre de 2018. Es la primera mujer saudí que puede ser condenada a muerte por su participación en protestas para reclamar más derechos y reformas en la provincia Oriental de Arabia Saudí, de mayoría chií. Fue llevada a juicio ante el tribunal antiterrorista junto a otras cinco personas, Ahmed al Matrood, Ali Ouwaisher, Mousa al Hashim, Khalid al Ghanim y Mujtaba al Muzain. Según documentos judiciales, el Ministerio Público pidió la ejecución de cinco de los acusados —Israa al Ghomgham, Ahmed al Matrood, Ali Ouwaisher, Mousa al Hashim y Khalid al Ghanim— por cargos que incluyen su participación en manifestaciones, que es punible en virtud del Real Decreto 44/A, decreto que desarrolla la Ley para los Delitos de Terrorismo y su Financiación, de 2014, así como viajar a Irán para recibir formación teórica para organizar e instigar disturbios. Algunos de los acusados también han sido acusados formalmente de prestar apoyo moral a alborotadores por participar en funerales de las personas muertas en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en la provincia Oriental. Ahmed al Matrood, Ali Ouwaisher, Mousa al Hashim y Khalid al Ghanim también fueron acusados formalmente de infringir la Ley para los Delitos de Terrorismo y su Financiación de 2014 por recibir dinero para viajar a Irán y Turquía. El Ministerio Público pidió la máxima pena en virtud del Real Decreto 44/A para Mujtaba al Muzain, el sexto acusado, que equivale a hasta 20 años de prisión. Antes del comienzo de su juicio, los seis acusados estuvieron recluidos en detención previa al juicio durante más de tres años.

Amnistía Internacional ha documentado los casos de al menos 34 hombres chiíes declarados culpables y condenados a muerte por las protestas y delitos relacionados con la seguridad del Estado en juicios manifiestamente injustos que a menudo dependen en gran medida de “confesiones” obtenidas mediante presuntos actos de tortura y otros malos tratos. El año pasado, Yousuf al Mushaikhass fue ejecutado junto con otros tres hombres tras haber sido declarados culpables por el Tribunal Penal Especializado de delitos relacionados con protestas en relación con su participación en protestas en la provincia Oriental.

En febrero de 2011 y en los años siguientes, miles de saudíes de la minoría chií del país salieron a la calle en pueblos y ciudades de la provincia Oriental para protestar por su persistente marginación económica y política y para reclamar reformas religiosas, políticas y sociales. Entre sus peticiones figuraban la liberación de personas recluidas durante periodos prolongados sin cargos ni juicio y la exigencia de su derecho a la libertad de expresión . Desde entonces, las autoridades saudíes han respondido con medidas represivas contra quienes parecen participar en las protestas o apoyarlas o expresar opiniones críticas con las autoridades.

Las autoridades de Arabia Saudí no dan muestra de cejar en su recurso a la pena de muerte, que además de su uso para una amplia variedad de delitos como asesinato y tráfico de drogas, se sigue utilizando como arma política para castigar a miembros de la minoría chií de Arabia Saudí por atreverse a protestar por el trato que reciben y para obligar a otras personas a callar.

Comienzo de juicios de activistas ante el tribunal antiterrorista

Según información recibida por Amnistía Internacional, el destacado empresario y escritos sobre temas económico Essam al Zamil compareció ante el tribunal antiterrorista este mes. Fue acusado, entre otras cosas, de desestabilizar el tejido social y la cohesión nacional en el país, sembrar la discordia mediante sus escritos en Twitter, criticar la política exterior de los gobernantes, comunicarse con autoridades qataríes tras la crisis diplomática con Qatar y reunirse con diplomáticos extranjeros y proporcionarles información y análisis sobre las políticas del Reino sin informar a las autoridades de Arabia Saudí.

Essam al Zamel fue detenido en septiembre de 2017 junto con otros 20 clérigos religiosos, escritores, intelectuales y activistas. Ha estado más de un año recluido en espera de juicio antes de que comenzara la vista de su juicio. Se desconoce la fecha de la próxima sesión del juicio de Essam al Zamel. Amnistía Internacional pide a las autoridades de Arabia Saudí que retiren todos los cargos formulados en su contra y lo pongan en libertad de inmediato y sin condiciones.

Essam al Zamel es un escritor y comentarista que aborda asuntos económicos y relativos a reformas en Arabia Saudí. Antes de su detención en 2017, criticó la oferta pública inicial de Aramco, que era un importante componente de la Visión 2030 de Arabia Saudí. Es también el fundador de Rimal Ventures, empresa especializada en tecnologías de la información.

Se desconoce la suerte de activistas y familiares de activistas detenidos sin cargos ni juicio desde mayo de 2018

Al menos 12 activistas continúan detenidos sin cargos ni asistencia letrada desde su detención tras la última oleada de detenciones en mayo de 2018. Entre estas personas figuran las destacadas defensoras de los derechos humanos Loujain al Hathloul, Iman al Najfan y Aziza al Yousef, que fueron detenidas un mes antes de que se levantara la prohibición de conducir vehículos en Arabia Saudí. Las tres son destacadas activistas de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí, incluida la campaña para poner fin al sistema de tutela de los varones. Las tres mujeres y otros dos activistas detenidos con ellas, el abogado Ibrahim al Modeimigh y el activista juvenil Mohammad al Rabea, hacen frente a acusaciones en medios de comunicación pro-estatales que incluyen infringir el Real Decreto 44/A mediante la formación de una “célula” y suponer una amenaza para la seguridad del Estado por su “contacto con entidades extranjeras con el objetivo de menoscabar la estabilidad y el tejido social del país”. Amnistía Internacional teme que estas cinco personas puedan ser acusadas formalmente y juzgadas ante el Tribunal Penal Especializado.

Según la información de que dispone Amnistía Internacional, el Real Decreto 44/A, de febrero de 2014, se invocó por primera vez en el juicio de los defensores de derechos humanos Essam Koshak e Issa al Nukheifi, que en 2018 han sido condenados a cuatro y seis años de prisión, respectivamente, por su activismo y trabajo de derechos humanos.

En agosto, las destacadas defensoras de los derechos humanos Samar Badawi y Nassima al Sada también fueron detenidas y continúan recluidas sin cargos. Otras personas detenidas recientemente son las activistas de los derechos de las mujeres Nouf Abdulaziz y Mayaa al Zahrani, así como activistas que han sido perseguidos con anterioridad por su trabajo de derechos humanos, como Mohammad al Bajadi, miembro fundador de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos (ACPRA) y el defensor de los derechos humanos Khalid al Omeir. Hatoon al Fassi, destacada activista de los derechos de las mujeres y académica, también fue detenida, según informes, unos días después de que Arabia Saudí levantase la prohibición de conducir vehículos y continúa detenida sin cargos.

Las autoridades de Arabia Saudí han actuado también contra familiares de activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos desde que comenzó la oleada de detenciones en mayo de 2018. El 31 de julio, Amal al Harbi, madre de dos hijos y esposa de Fawzan al Harbi,defensor de los derechos humanos y miembro fundador de ACPRA, fue detenida el 31 de julio. Continúa detenida sin cargos y sin acceso a asistencia letrada. Además, Ahmad al Zahrani y Abdelmajeed al Zahrani, hermanos del activista saudí Omar Abdulaziz, que reside en Canadá, también fueron detenidos a principios de agosto. Se cree que el motivo de su detención está relacionado con el activismo en Internet y las críticas abiertas de su hermano hacia las autoridades de Arabia Saudí. Omar Abdulaziz es presentador de un programa satírico en YouTube en el que se critica a las autoridades de Arabia Saudí.