Un nuevo informe de Amnistía Internacional, Purged Beyond Return? No Remedy for Turkey’s Dismissed Public Sector Workers, examina las deficiencias sistemáticas del Estado a la hora de permitir que los trabajadores y las trabajadoras del sector público soliciten una reparación por sus arbitrarios despidos

En los últimos dos años, las autoridades turcas han despedido a 130.000 personas. A la mayoría ni siquiera les dijeron por qué.

“Imagina que un día te despiertas y que tanto tú como tu esposa habéis sido despedidos. No hay otro trabajo para el que estés preparado. No sabes cómo vas a salir adelante. Esa es la situación en la que estamos mi pareja y yo... Nadie [del trabajo] nos dijo nada; lo descubrimos todo buscando en Internet”.

La cita supra es de Deniz*. En una mañana por lo demás normal de septiembre de 2016, Deniz* y su esposa Elif* recibieron una noticia terrible. Sin previo aviso ni razón, ambos fueron despedidos de su trabajo como maestros de escuela en Turquía. Sintieron pánico: sin trabajo, ¿cómo iban a pagar las facturas, comprar comida o cuidar de sus familias?

El mundo dio un vuelco

Lamentablemente, la historia de Deniz y Elif es típica. No son más que dos de los alrededor de 130.000 personas empleadas en el sector público que fueron despedidas sumariamente en virtud de una serie de decretos ejecutivos durante los dos años del estado de excepción en Turquía. El estado de excepción, impuesto tras el intento de golpe de Estado de 2016, ya no está en vigor, pero la pesadilla de quienes se quedaron sin trabajo no ha terminado en absoluto.

A ninguna de las personas que perdieron su empleo les dieron una razón concreta de su despido. La única información que facilitaron las autoridades en los decretos de emergencia sobre despidos fue que se despedía a estas personas por tener presuntamente “lazos” con grupos “terroristas”. No se daban más detalles.

Al principio, Deniz pensó que recuperaría su empleo enseguida, pues se trataba, evidentemente, de un terrible malentendido: “Pensamos que habría una investigación y que nos readmitirían. A mi esposa la sometieron a una investigación penal [y los cargos] se retiraron en su totalidad. Pero aquí estamos, en la misma situación dos años después”.

Sin recurso efectivo

Un nuevo informe de Amnistía Internacional, Purged Beyond Return? No Remedy for Turkey’s Dismissed Public Sector Workers, examina las deficiencias sistemáticas del Estado a la hora de permitir que los trabajadores y las trabajadoras del sector público soliciten una reparación por sus arbitrarios despidos. El informe se basa en la investigación realizada sobre estos despidos masivos y sus consecuencias, que Amnistía Internacional publicó en 2017, No End in Sight: Purged Public Sector Workers Denied a Future in Turkey.

Al igual que decenas de miles de trabajadores y trabajadoras del sector público depurados, a Deniz le denegaron inicialmente el derecho a recurrir contra su despido. Finalmente, en enero de 2017, se estableció la Comisión de Investigación sobre el Estado de Excepción para estudiar los recursos, aunque este órgano no empezó a aceptar solicitudes hasta julio de 2017 y dio a conocer sus primeras decisiones en diciembre de 2017, casi un año y medio después de que las primeras personas afectadas perdieran su empleo.

Muchas de las personas con las que hablamos nos contaron las dificultades que afrontaron cuando presentaron su solicitud a la Comisión. Es una situación kafkiana: ¿cómo podían presentar argumentos en contra de su despido si no sabían por qué habían sido despedidos? Eso significaba que tenían que hacer un recurso en términos muy generales o, peor aún, conjeturar la razón por la que las autoridades habían decidido rescindir sus contratos.

Ayşegül*, cuyo esposo Ali* fue despedido de la radiotelevisión estatal turca TRT, lo expresa en pocas palabras: “Presentamos un recurso sin saber contra qué estábamos recurriendo exactamente”.

Obligar a los trabajadores y trabajadoras a basar sus recursos en conjeturas no es más que una de las muchas deficiencias que nos encontramos durante la investigación para nuestro informe. También descubrimos que la Comisión carece de auténtica independencia institucional, usa procedimientos de revisión dilatados, no da a las personas demandantes la oportunidad de rebatir las acusaciones, y presenta a diario la participación en actividades legítimas, como hacer un ingreso de dinero en un determinado banco o matricular a un niño o una niña en una determinada escuela, a modo de “prueba” para confirmar el despido.

También encontramos problemas graves que afectaban a las personas que fueron readmitidas. Hallamos que recibían paquetes de indemnización insuficientes y que tras la readmisión sufrían un descenso de categoría si habían ocupado un cargo directivo antes del despido.

Está claro que la Comisión no puede proporcionar un recurso efectivo significativo a los trabajadores y trabajadoras del sector público turco que han sido despedidos. De hecho, parece que existe prácticamente para estampar su sello en la mayor parte de los despidos, en lugar de para examinar con rigor los fundamentos de cada caso. En los 15 meses transcurridos desde que empezó a aceptar solicitudes, la Comisión sólo ha revisado 36.000 de un total de 125.000 solicitudes presentadas. De los casos revisados, sólo 2.300 han terminado en readmisión.

Exclusión, aislamiento, depresión

Dado que los nombres de las personas que trabajaban en el sector público despedidas se publican en listas adjuntas a los decretos ejecutivos, el impacto social de esta estrategia de descrédito público es enorme.

Deniz cuenta su experiencia de sentirse como un paria: “La gente es reacia incluso a saludarte. Tus vecinos te miran de forma diferente. Fingen no verte cuando van por la calle. Aunque no sabes de qué se te ha acusado exactamente, te han etiquetado de ‘terrorista’ y te dejan totalmente aislado, incluso de las personas más cercanas”.

Pero no sólo quienes han perdido su trabajo sufren las repercusiones de las purgas. Estos despidos masivos también han afectado seriamente a sus familias:

“Mi hijo está estudiando Ingeniería en la universidad”, dice Ayşegül. “Nos contó que sus amistades [...] han dejado de hablarle. Hubo un momento en que quiso abandonar y dejar la universidad. Eso da una idea de lo mucho que ese estigma social alteró sus estudios”.

Enorme costo económico, incalculable impacto psicológico

Para muchas personas el impacto económico de los despidos masivos ha sido especialmente extenuante. Al habérseles prohibido trabajar en el sector público de forma permanente, la única alternativa que les queda es recurrir a un sector privado poco solidario en el que muchos empleadores son reacios a dar trabajo a personas despedidas por las autoridades.

Esta presión económica, más el profundo estigma social asociado los despedidos, ha provocado graves dificultades psicológicas a muchas personas. Tras estar sin trabajo 16 meses, Kerem*, técnico de radiología de un hospital, pudo recuperar su empleo este año, después de que la Comisión aceptara que no tenía ninguna relación con ningún grupo terrorista. Sin embargo, las cicatrices psicológicas no desaparecieron.

“Me quedé conmocionado cuando vi que me habían despedido. No me lo esperaba. No había hecho nada malo. Ver mi nombre en esa lista... fue devastador para mí y para mi familia. No salí de casa en ocho meses. Recibí tratamiento psicológico... sigo en terapia. Todo esto me pasó a pesar de que no había hecho nada malo.”

“Tengo dos hijos, de 11 y 5 años. Ellos también sufrieron un trauma psicológico... Vino la policía y registró la casa. Buscaban libros, periódicos o documentos para incriminarme. Me confiscaron el ordenador. Me confiscaron el teléfono.”

¿Futuro? ¿Qué futuro?

Los dos años de estado de excepción de Turquía terminaron por fin el 18 de julio de 2018, pero para decenas de miles de personas despedidas del sector público, la vida no ha vuelto aún a la normalidad, pues siguen viviendo con el impacto devastador de unos despidos muy públicos.

“No regresaremos como las personas que antaño fuimos”, dijo Cengiz*, profesor universitario despedido tras firmar una petición que reclamaba el fin de las décadas de conflicto de Turquía con el Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK).

“A mí, en esencia, se me etiquetó públicamente, se me impidió seguir adelante con mi carrera académica. Tuve que trabajar en la construcción porque en ningún otro sitio me daban trabajo.”

“Uno de los valores más fundamentales que tiene una persona es su sensación de justicia. En Turquía, el sistema de justicia es esclavo de los políticos... cambia en función del clima político... En el momento en el que pierdes la sensación de que tienes [acceso a la] justicia, pierdes la sensación de pertenecer a un país.”

*Todos los nombres se han modificado para proteger la identidad de las personas entrevistadas.

Por Andrew Gardner, Turkey Strategy and Research Manager, Amnesty International