“No importa el delito que hayan cometido: nadie debe ser obligado a soportar condiciones inhumanas de reclusión. Sin embargo, en muchos casos, los presos y presas condenados a muerte permanecen en aislamiento estricto, sin acceso a medicación que necesitan y viviendo en un estado de constante ansiedad por la amenaza de la ejecución”, ha manifestado Stephen Cockburn, director adjunto del Programa de Asuntos Globales de Amnistía Internacional

Las personas condenadas a muerte deben ser tratadas con humanidad y dignidad y recluidas en condiciones que cumplan el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional el Día Mundial contra la Pena de Muerte (10 de octubre).

La organización ha lanzado una nueva campaña para presionar a cinco países (Bielorrusia, Ghana, Irán, Japón y Malasia) con el objetivo de que pongan fin a las condiciones inhumanas de detención de las personas condenadas a muerte y avancen hacia la abolición total de la pena capital.

“No importa el delito que hayan cometido: nadie debe ser obligado a soportar condiciones inhumanas de reclusión. Sin embargo, en muchos casos, los presos y presas condenados a muerte permanecen en aislamiento estricto, sin acceso a medicación que necesitan y viviendo en un estado de constante ansiedad por la amenaza de la ejecución”, ha manifestado Stephen Cockburn, director adjunto del Programa de Asuntos Globales de Amnistía Internacional.

“El hecho de que algunos gobiernos notifiquen a los presos y sus familiares la ejecución con tan sólo unos días o, en algunos casos, unos momentos de antelación es una práctica cruel.”

“Todos los gobiernos que mantienen la pena de muerte deben abolirla de inmediato y poner fin a las terribles condiciones de reclusión que se ven obligados a soportar demasiados condenados y condenadas a muerte.”

Aunque Amnistía Internacional ha documentado abusos terribles en todo el mundo, su nueva campaña destaca casos de Bielorrusia, Ghana, Irán, Japón y Malasia, donde la pena de muerte es generalizada.

En Ghana, las personas condenadas a muerte han relatado que, a menudo, no tienen acceso a medicación para tratar enfermedades y problemas de salud a largo plazo.

En Irán, Mohammad Reza Haddadi, condenado a muerte desde que tenía 15 años, ha tenido que soportar la tortura mental de que su ejecución se programara y pospusiera al menos seis veces en los últimos 14 años.

Matsumoto Kenji, en Japón, ha desarrollado un trastorno delirante, casi con toda probabilidad a causa de su prolongada reclusión en régimen de aislamiento mientras espera la ejecución.

Hoo Yew Wah, en Malasia, presentó una petición de clemencia en 2014, pero aún no ha recibido respuesta.

El secreto en torno al uso de la pena de muerte prevalece también en Bielorrusia, donde las ejecuciones se ocultan estrictamente al público y se llevan a cabo sin dar aviso previo a las personas condenadas, a sus familias o a sus abogados.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.

La pena capital viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.

Amnistía Internacional registró 993 ejecuciones en 23 países en 2017, un descenso del 4% respecto a 2016 y del 39% respecto a 2015. La mayoría de las ejecuciones tuvieron lugar en Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán. Estos totales no incluyen los miles de ejecuciones realizadas en China, donde los datos sobre el uso de la pena de muerte seguían estando clasificados como secreto de Estado.