“Las autoridades palestinas tienen la obligación de hace valer el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. La población palestina, cuyos derechos se han visto aplastados sistemáticamente por la ocupación israelí, no debe ser objeto de la brutalidad y la represión de su propio gobierno. No debe repetirse la fuerza arbitraria y abusiva que hemos visto por parte de las fuerzas de seguridad palestinas durante las recientes manifestaciones”, ha manifestado Saleh Higazi, director de la Oficina de Amnistía Internacional en Jerusalén

Con las protestas previstas en Ramala para esta noche contra las sanciones impuestas en Gaza por las autoridades palestinas con sede en Cisjordania, Amnistía Internacional pide a las autoridades palestinas que ejerzan la moderación y respeten los derechos humanos, incluido el derecho de manifestación pacífica.

Al menos 52 manifestantes y transeúntes sufrieron detención arbitraria y palizas durante una manifestación similar celebrada en Ramala el 13 de junio de 2018. Uno de ellos era Laith Abu Zeyad, responsable de campañas de Amnistía Internacional, que estuvo detenido varias horas y fue golpeado por las autoridades.

“Las autoridades palestinas tienen la obligación de hace valer el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. La población palestina, cuyos derechos se han visto aplastados sistemáticamente por la ocupación israelí, no debe ser objeto de la brutalidad y la represión de su propio gobierno. No debe repetirse la fuerza arbitraria y abusiva que hemos visto por parte de las fuerzas de seguridad palestinas durante las recientes manifestaciones”, ha manifestado Saleh Higazi, director de la Oficina de Amnistía Internacional en Jerusalén.

“El Estado de Palestina es parte en los principales tratados internacionales de derechos humanos, y por tanto las autoridades tienen la obligación de hacer valer estos derechos, incluidos los derechos a la libertad y la seguridad de la persona, la libertad de expresión y de reunión, y la prohibición de la tortura y otros malos tratos. También están obligadas a investigar y reparar cualquier violación de estos derechos.”

En los últimos dos meses, un grupo de activistas de Palestina han estado haciendo campaña para que las autoridades palestinas levanten sus sanciones a Gaza. Según los organizadores, estas sanciones incluyen recortes salariales a más de 63.000 funcionarios públicos, negarse a pagar la factura de electricidad de Gaza, suprimir totalmente el gasto en funciones gubernamentales en la Franja y limitar gravemente la asistencia a su ministerio y su sistema de salud, incluso reduciendo la concesión de permisos para que los pacientes salgan de la Franja de Gaza para recibir tratamiento médico en otro lugar.

Se celebraron manifestaciones durante todo el mes pasado, y en fecha tan reciente como la semana pasada. El 13 de junio, las fuerzas de seguridad con sede en Cisjordania sofocaron una manifestación y utilizaron fuerza excesiva, detención arbitraria y tortura contra manifestantes pacíficos y transeúntes.

No ha habido nada que indique que las autoridades palestinas han tomado medidas para garantizar la rendición de cuentas o investigar violaciones de derechos humanos hasta el momento.

“Las autoridades palestinas deben garantizar que las fuerzas de seguridad se abstienen de utilizar fuerza innecesaria o excesiva. Toda persona sospechosa de ser responsable de uso arbitrario o abusivo de la fuerza debe ser procesada en un juicio justo”, ha manifestado Saleh Higazi.