La detención arbitraria prolongada y la tortura y otros malos tratos han causado daños físicos y psicológicos a cientos de personas. El gobierno de Sudán del Sur debe poner fin a estas violaciones de derechos humanos y garantizar que las víctimas reciben una reparación completa, incluida una compensación por el daño físico y psicológico, y rehabilitación

La Dirección de Inteligencia Militar de Sudán del Sur detuvo a Gatwich, de 34 años, tras los enfrentamientos en Juba de julio de 2016 y lo recluyó en la base militar de Gorom, a 20 kilómetros al sur de Juba. Durante su detención e interrogatorio iniciales lo sometieron a palizas y le hicieron cortes con un cuchillo sin filo. Los malos tratos continuaron durante su reclusión.

Habló con Amnistía Internacional en diciembre de 2017, poco después de ser liberado: “En Gorom no puedes hablar. Cuando nos oían hablando, nos sacaban afuera, nos pegaban y nos torturaban. Para las palizas usaban leños, varas de bambú y cinturones. Si decidían matarte, te metían un clavo en la cabeza y nos obligaban a mirar a los demás”.

Pero Gatwich no está solo. Es uno de los centenares de personas, en su mayoría hombres, detenidos arbitrariamente y recluidos por el Servicio de Seguridad Nacional y la Dirección de Inteligencia Militar desde que comenzó el conflicto en diciembre de 2013.

Joseph, otro exdetenido de 49 años, nos dijo, reflexionando sobre su vida antes de los dos años de reclusión: “No se puede hablar de cómo era antes. Por eso la gente muere en el mar en Italia. No puedo enviar ni siquiera 50 dólares para que mi familia pueda comer. Las preocupaciones que tengo son por no poder mantener a mi familia. Para eso es mejor morirse”.

Algunos detenidos han muerto bajo custodia como consecuencia de los abusos, los malos tratos y la ausencia de servicios médicos. Otros, como Gatwich y Joseph, tienen dificultades para obtener la atención médica y psicológica que tanto necesitan a fin de volver a la normalidad. La mayoría de los exdetenidos tiene problemas para reconstruir una vida rota.

“Antes de la detención, mi vida estaba bien. No tenía problemas. Pero desde que me detuvieron —estuve allí tres años y dos meses—, la vida se ha vuelto difícil. Cuando me detuvieron, fueron a mi casa y se lo llevaron todo. Me pusieron en libertad y no encontré nada. Ahora no puedo pagar el colegio de los niños ni el alquiler. No puedo buscar trabajo porque cuando me detuvieron se llevaron mis documentos, y mi salud tampoco es buena”, dijo Moses, de 32 años.

Los supervivientes contaron que se habían preguntado a menudo si saldrían algún día vivos de la detención, si verían de nuevo a sus familias. Ahora son libres, pero viven cada día al límite, con el miedo constante a ser detenidos de nuevo.

“Yo me desplazaba libremente y sin miedo, pero ahora no tengo protección y estoy seguro de que continúan siguiéndonos para ver si sus acusaciones contra nosotros son ciertas. La mayoría estamos traumatizados; necesitamos curar los traumas”, dijo David, otro exdetenido de 49 años, liberado en 2017 después de tres años bajo custodia.

Además de una considerable angustia psicológica, varios exdetenidos se quejan de problemas de visión, tensión arterial alta y dificultades para caminar, entre otras afecciones que contrajeron o se vieron agravadas por las condiciones de hacinamiento y antihigiénicas de reclusión.

Debido a la insuficiente atención sanitaria en Sudán del Sur, donde incluso la atención primaria de salud para la población general es proporcionada por ONG, los exdetenidos no pueden obtener la atención médica o psicológica que necesitan y a la que tienen derecho.

La disponibilidad y accesibilidad de los servicios de ayuda psicosocial y de salud mental en Sudán del Sur es sumamente limitada. En julio de 2016, el Hospital Universitario de Juba —el único centro médico público que facilita atención psiquiátrica— tenía capacidad para sólo 12 pacientes. El país tiene muy pocos psiquiatras.

Aunque algunas ONG proporcionan ayuda a exdetenidos, en general no hay ayuda personalizada para las víctimas. Los hombres están en situación de especial desventaja. Aunque Amnistía Internacional ha documentado que los hombres son también objeto de violencia sexual y de género, sobre todo bajo custodia, apenas hay servicios de salud y de apoyo especializados para víctimas varones.

La detención arbitraria prolongada y la tortura y otros malos tratos han causado daños físicos y psicológicos a cientos de personas. El gobierno de Sudán del Sur debe poner fin a estas violaciones de derechos humanos y garantizar que las víctimas reciben una reparación completa, incluida una compensación por el daño físico y psicológico, y rehabilitación. El gobierno debe también realizar investigaciones independientes e imparciales sobre las denuncias de tortura y enjuiciar a los responsables en juicios justos sin recurso a la pena de muerte.

Aunque la responsabilidad primaria de la atención a los exdetenidos es del gobierno, las ONG nacionales e internacionales tienen también una función, asegurándose de que sus programas atienden todo el abanico de violaciones de derechos humanos sufridas por las víctimas del conflicto de Sudán del Sur, incluidas la detención prolongada y arbitraria, la tortura y otros malos tratos, y la violencia sexual y de género. Las intervenciones de salud mental y psicológica deben integrarse para formar parte de la atención médica que se proporciona normalmente en Sudán del Sur a la vista de la crisis en curso.

Por Joan Nyanyuki, directora regional de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.