Jueves, 31 de mayo, 2018
“El gobierno tailandés debe trabajar para derogar todas las leyes de difamación criminal y tomar medidas para proteger tanto los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes como la libertad de expresión de quienes defienden esos derechos", declaró Katherine Gerson, responsable de campañas de Amnistía Internacional sobre Tailandia
En reacción a la decisión del Tribunal de lo Penal de Bangkok Sur de anular la declaración de culpabilidad que dictó contra Andy Hall, defensor británico de los derechos de las personas migrantes declarado culpable de difamación criminal en septiembre de 2016 por su trabajo en un informe sobre los abusos contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes en Tailandia, Katherine Gerson, responsable de campañas de Amnistía Internacional sobre Tailandia, ha declarado:
“El éxito de esta apelación es motivo de gran alegría, y subraya que la declaración de culpabilidad original contra Andy Hall fue un abuso de la justicia que no debería haberse permitido”.
“Sin embargo, a menos que venga seguida de cambios legislativos y políticos, esta decisión servirá poco para compensar un sistema que permite atacar a los y las activistas de derechos humanos que se atreven a alzarse contra las empresas que realizan prácticas abusivas.”
“El gobierno tailandés debe trabajar para derogar todas las leyes de difamación criminal y tomar medidas para proteger tanto los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes como la libertad de expresión de quienes defienden esos derechos.”
Información complementaria
Andy Hall fue declarado culpable por el Tribunal de lo Penal de Bangkok Sur en 2016 por cargos de difamación criminal presentados contra él por Natural Fruit Company Ltd. La empresa había sido objeto de un informe de 2013 en el que Andy Hall había trabajado para el grupo de la sociedad civil Finnwatch mientras investigaba los abusos contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes en Tailandia.
A Andy Hall le impusieron una multa de 150.000 bahts y una pena de tres años de prisión. Su condena quedó en suspenso durante dos años.