Amnistía Internacional hace un llamado urgente para que se respeten las garantías judiciales, el debido proceso y la libertad de las personas que han sido detenidas arbitrariamente por motivos políticos. El Estado venezolano está obligado a promover garantías de no repetición para desmantelar la política de represión implementada por las autoridades

Durante los últimos años Amnistía Internacional ha documentado y denunciado ampliamente las detenciones arbitrarias por motivos políticos que son cometidas por agentes estatales en Venezuela. La organización advierte la existencia de distintos patrones mediante los cuales se detiene de forma arbitraria a disidentes políticos o a quienes son percibidos como tales. Estos patrones van desde las detenciones sin órdenes judiciales, ni en situación de flagrancia; el uso de tipos penales ambiguos y de interpretación discrecional; el procesamiento de civiles ante tribunales militares; hasta el desconocimiento de órdenes de liberación de personas privadas de su libertad emitidas por la autoridad judicial por parte de los custodios u otros agentes estatales.

Asimismo, Amnistía Internacional ha recibido numerosas denuncias sobre las condiciones inhumanas en las que están recluidas muchas de estas personas en diferentes cárceles del país que incluyen lugares ilegales de reclusión. Entre las denuncias se encuentran la falta de acceso al agua, alimentos o a la luz solar. En muchas ocasiones se suspenden visitas y se aíslan e incomunican a las personas sin motivo alguno.

Estos patrones de detención arbitraria, ha podido concluir la organización, forman parte de una política de represión que incluye también el uso de la fuerza de forma excesiva.

Amnistía Internacional manifiesta una vez más su preocupación porque estos patrones arbitrarios continúan siendo usados para acallar la crítica e incluso obstaculizar el trabajo de activistas sociales y líderes estudiantiles. En tal sentido, la organización exige nuevamente la liberación inmediata e incondicional de los presos de conciencia Geraldine Chacón, Gregory Hinds, Leopoldo López y Villca Fernández. Igualmente, la organización expresa su rechazo ante la posibilidad de que adolescentes se encuentren recluidos en dependencias del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y al reiterado desconocimiento de órdenes judiciales de traslados médicos y de liberación.

Finalmente, Amnistía Internacional hace un llamado urgente para que se respeten las garantías judiciales, el debido proceso y la libertad de las personas que han sido detenidas arbitrariamente por motivos políticos. El Estado venezolano está obligado a promover garantías de no repetición para desmantelar la política de represión implementada por las autoridades.

Originalmente publicado en: https://www.amnesty.org/en/documents/amr53/8441/2018/es/