Las autoridades iraníes deben detener la ejecución —prevista para este domingo— de un adolescente que sólo tenía 15 años en el momento de su detención, ha declarado Amnistía Internacional.

Las autoridades iraníes deben detener la ejecución —prevista para este domingo— de un adolescente que sólo tenía 15 años en el momento de su detención, ha declarado Amnistía Internacional.

Alireza Tajiki, de 19 años de edad, fue condenado a muerte en abril de 2013 por un tribunal de la provincia de Fars, en el sur de Irán, que lo declaró culpable de asesinato y violación basándose fundamentalmente en “confesiones” obtenidas mediante tortura y de las que se retractó reiteradamente ante el tribunal. Su ejecución está prevista para el domingo 15 de mayo en la prisión Adel Abad de Shiraz, en la provincia de Fars.

“Imponer la pena de muerte a una persona que era menor en el momento del delito es una afrenta al derecho internacional de los derechos humanos, que prohíbe terminantemente la imposición de la pena de muerte por delitos cometidos por personas menores de 18 años. Resulta particularmente espantoso que las autoridades iraníes se muestren inflexibles con la ejecución, habida cuenta de que el caso se caracterizó por los graves motivos de preocupación relativos a las garantías procesales en el juicio y se basó principalmente en pruebas empañadas por el uso de la tortura”, ha afirmado James Lynch, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

El sangriento historial de Irán de llevar a la horca a menores en conflicto con la ley, a menudo tras juicios manifiestamente injustos, constituye una auténtica burla de la justicia de menores y quebranta los compromisos de Irán con los derechos de la infancia.

James Lynch, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional

“El sangriento historial de Irán de llevar a la horca a menores en conflicto con la ley, a menudo tras juicios manifiestamente injustos, constituye una auténtica burla de la justicia de menores y quebranta los compromisos de Irán con los derechos de la infancia. Las autoridades iraníes deben detener inmediatamente esta ejecución y conceder a Alireza Tajiki un nuevo juicio con las debidas garantías en el que no tengan cabida la pena de muerte ni las ‘confesiones’ forzadas.”

Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a las autoridades iraníes que establezcan la suspensión de todas las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte.

Alireza Tajiki fue detenido junto a otros jóvenes en mayo de 2012 bajo sospecha de asesinar y violar a su amigo, que murió apuñalado. Se le negó el acceso a un abogado durante todo el proceso de investigación y estuvo recluido en régimen de aislamiento durante 15 días, sin acceso a su familia. Ha afirmado que durante ese periodo fue sometido a tortura y otros malos tratos, como brutales palizas, latigazos y suspensión por los brazos y las piernas, para que “confesara” el delito. Posteriormente, se retractó de sus “confesiones” ante las autoridades fiscales y durante el juicio, y desde entonces ha mantenido su inocencia en todo momento. No obstante, pese a ello, su “confesión” se admitió como prueba en los procedimientos penales contra él.

En abril de 2014, un año después de que Alireza Tajiki fuera declarado culpable por primera vez, una sección del Tribunal Supremo anuló la sentencia al concluir que la investigación era incompleta debido a la falta de pruebas periciales que lo conectaran con la agresión sexual. Dicha sección ordenó al Tribunal Penal Provincial de la provincia de Fars que examinara su “desarrollo mental y madurez” en el momento de la comisión del delito, en virtud de las nuevas directrices del Código Penal Islámico de 2013 sobre la imposición de condenas a menores de edad.

El Código Penal permite a los jueces sustituir la pena de muerte por una condena alternativa si determinan que hay dudas acerca del “desarrollo mental y la madurez” del menor infractor en el momento del delito.

En noviembre de 2014, el tribunal de lo penal volvió a condenarlo a muerte, remitiéndose a un dictamen médico oficial que concluía que había alcanzado la “madurez mental”. Sin embargo, la sentencia del tribunal no hizo mención alguna a los motivos de preocupación planteados por el Tribunal Supremo sobre la falta de pruebas periciales, lo que sugiere que la investigación que se había ordenado no se llevó a cabo. El tribunal volvió a aceptar nuevamente las “confesiones” forzadas de Alireza Tajiki como prueba de su culpabilidad, sin efectuar ninguna investigación sobre sus denuncias de tortura y otros malos tratos.

A pesar de estas deficiencias, el Tribunal Supremo ratificó la condena en febrero de 2015 en una sentencia de un párrafo en la que invocó el principio de “conocimiento del juez”, que otorga al juez poderes discrecionales para determinar la culpabilidad en ausencia de pruebas concluyentes.

Más de 970 personas fueron ejecutadas en Irán el año pasado. En enero de 2016, Amnistía Internacional publicó un informe que concluyó que, a pesar de las reformas fragmentarias introducidas en 2013 para evitar las críticas a su terrible historial de ejecuciones de menores infractores, las autoridades iraníes han seguido imponiendo la pena capital a decenas de jóvenes por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años, quebrantando sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.