Las protestas en la calle, así como en redes sociales, de las semanas posteriores a las elecciones abrieron paso a una feroz represión por la maquinaria del Estado, dirigida por sus más altas autoridades, creando un clima de temor generalizado. La Misión lleva un registro de 23 muertes, la gran mayoría por disparos de armas de fuego, que tuvieron lugar entre el 28 de julio y el 8 de agosto, en el contexto de las protestas. En 18 casos, las víctimas fueron hombres de menos de 30 años

Artículo publicado originalmente en la página web de Provea

El Gobierno de Venezuela debe detener inmediatamente la creciente represión que está conmocionando el país desde la celebración de la elección presidencial el 28 de julio, e investigar a fondo la avalancha de graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo, dijo hoy la Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.

Las protestas en la calle, así como en redes sociales, de las semanas posteriores a las elecciones abrieron paso a una feroz represión por la maquinaria del Estado, dirigida por sus más altas autoridades, creando un clima de temor generalizado. La Misión lleva un registro de 23 muertes, la gran mayoría por disparos de armas de fuego, que tuvieron lugar entre el 28 de julio y el 8 de agosto, en el contexto de las protestas. En 18 casos, las víctimas fueron hombres de menos de 30 años.

“Las muertes denunciadas en el marco de las protestas deben ser investigadas exhaustivamente y, de confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión. “Las víctimas y sus familiares deben obtener justicia”.

Después de analizar los datos publicados por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, la Misión puede concluir preliminarmente que al menos 1260 personas fueron detenidas desde el 28 de julio, entre ellas 160 mujeres. La mayoría de las detenciones se produjeron en el Distrito Capital (18%), seguido de los estados de Carabobo (16%) y Anzoátegui (9%). Datos anunciados por el Fiscal General de la República elevan la cifra a 2200 personas, calificadas de manera indiscriminada como “terroristas”, que han sido detenidas.

La Misión ha registrado elementos comunes en estas detenciones, que las convierten en detenciones arbitrarias y constituyen graves violaciones al debido proceso, dejando a las personas desprotegidas ante el sistema de justicia. Entre estos elementos se incluyen audiencias telemáticas sumarias, llevadas a cabo por los Tribunales con competencia en terrorismo de Caracas, aunque los hechos hubieran ocurrido en otro lugar; la imputación de graves cargos penales como terrorismo, conspiración y delitos de odio, sin una base probatoria que lo fundamente o aplicados de forma desproporcionada; la negación de información a familiares o información tardía e incompleta; o los impedimentos para el nombramiento de abogados de confianza de las personas detenidas.

“Todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas de inmediato”, dijo Patricia Tappatá, experta de la Misión. “Las autoridades tienen que respetar de manera irrestricta las normas internacionales sobre el debido proceso y sobre las condiciones de detención, usando los canales formales para comunicarse con los familiares”.

Entre las personas que han sido detenidas hay dirigentes, miembros y simpatizantes de partidos políticos, periodistas, así como defensoras y defensores de derechos humanos, consideradas o percibidas como opositoras por las autoridades. Sin embargo, la gran mayoría de las personas detenidas simplemente manifestaron su rechazo al resultado de la elección presidencial anunciado por las autoridades. Muchas de estas detenciones ocurrieron después de que las personas participaran en protestas o expresaran sus opiniones en redes sociales, cuando las autoridades las fueron a buscar selectivamente en sus casas.

La Misión ha recibido información especialmente preocupante sobre detenciones de más de 100 niños, niñas y adolescentes, que han sido imputados por los mismos crímenes graves que las personas adultas. Además, los niños, niñas y adolescentes no cuentan con la presencia de sus padres, madres o tutores durante las actuaciones judiciales

“La Misión reclama con firmeza la obligación de garantizar que los niños, niñas y adolescentes detenidos sean tratados con estricto apego a las normas internacionales de protección de la niñez, respetando su interés superior”, señaló Francisco Cox, experto de la Misión.

La Misión continúa su proceso de documentación, análisis, verificación e investigación de las violaciones a los derechos en la República Bolivariana de Venezuela, y exige que la represión desatada desde el 28 de julio se detenga de inmediato

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