La policía política en Venezuela no acata las órdenes de excarcelación que emiten los tribunales y, como Geraldine, se encuentran muchas personas detenidas en espera a que se haga justicia y los liberen finalmente

En el marco de la VIII Cumbre de las Américas que se realizó este miércoles 11 de abril en Lima, Perú, Amnistía Internacional Venezuela, junto a organizaciones locales, participó en el foro “Venezuela, una crisis que impacta el mundo”, para conversar sobre la emergencia humanitaria en el país, el debilitamiento de las instituciones del Estado y casos de violaciones de derechos humanos.

Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional Venezuela, durante su intervención destacó la presencia en el evento de Jorge Fernández, padre de Villca Fernández, detenido arbitrariamente en enero de 2016 por las autoridades venezolanas. Del mismo modo, resaltó el caso de Geraldine Chacón, destacada joven defensora de los derechos humanos que también se encuentra detenida de forma arbitraria a pesar de tener una boleta de excarcelación.

“La policía política en Venezuela no acata las órdenes de excarcelación que emiten los tribunales y, como Geraldine, se encuentran muchas personas detenidas en espera a que se haga justicia y los liberen finalmente”.

En Venezuela las y los defensores de derechos humanos corren especial peligro debido a que en cualquier momento pueden ser detenidos o atacados con el fin de silenciarlos y de no continuar abogando por alguna causa. “Las y los defensores venezolanos no realizan su labor con libertad ni facilidad porque constantemente deben tener cuidado al expresarse, al participar en eventos públicos, incluso, deben estar alertas a la hora de regresar a su propio país porque pueden ser víctimas de alguna amenaza o detención”.

Del mismo modo, resaltó que AI se encuentra preocupada por los altos niveles de violencia armada que se viven en Venezuela, país catalogado como uno los más peligrosos de la región con una tasa de 62 homicidios por cada 100 mil habitantes. Igualmente, denunció la existencia de un gran número de armas de funcionarios públicos involucradas en hechos delictivos y el uso excesivo de la fuerza como mecanismo estatal para controlar la violencia y reprimir las protestas.

“Vemos como el Estado en contextos de violencia, envía operativos de policías y militares a zonas populares que terminan en un gran número de ejecuciones extrajudiciales. Ese patrón de arbitrariedad y hostigamiento se ha trasladado a la crisis política. Uno de nuestros informes refleja cómo durante las protestas de 2017 funcionarios del gobierno allanaban arbitrariamente viviendas y las atacaban buscando a personas que estuvieran relacionadas con manifestaciones”.

Destacó que las principales víctimas de la crisis humanitaria son los jóvenes y las mujeres. “Los jóvenes son los principales detenidos, mientras que las mujeres son las personas que más invierten tiempo acompañando a los presos y yendo al centro de reclusión para llevarle comida y asegurarse de que están bien”.

El drama de la migración venezolana

Urge que los Estados de la región tomen medidas para garantizar los derechos humanos de todas las personas que huyen de la emergencia humanitaria que existe en Venezuela. “Necesitamos una respuesta regional, una respuesta real, pasar del discurso al compromiso”, reiteró el director de AI Venezuela.

Actualmente, los problemas para que las y los venezolanos puedan entrar de forma legal a un país extranjero se están incrementando. Por ejemplo, en Colombia de las más de 700 solicitudes de asilo a venezolanos solo se otorgaron 57 en los últimos 5 años. Es decir, solo brindó asilo a 11 casos por año.

En Perú, el perfil de las y los migrantes provenientes de Venezuela, son jóvenes entre 18 y 35 años y el 60% son mujeres. “Es importante que se protejan a esas mujeres y los gobiernos receptores les brinden todo el apoyo para que se garanticen sus derechos”

Amnistía Internacional teme por las repercusiones negativas que puedan traer consigo las sanciones colectivas de Estados Unidos contra Venezuela, sobre todo para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y que sobreviven en el país por las ayudas sociales que brinda el gobierno nacional. “13 millones de personas viven en Venezuela directamente e indirectamente por las ayudas sociales que les brinda el Estado”. Con la implantación de estas sanciones, las pocas ayudas desaparecerían”, alertó Gómez.

El panel del foro también estuvo integrado por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, la relatora de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, Soledad García Muñoz; el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui y el director ejecutivo de Foro Penal, Gonzalo Himiob.