La emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela se agudiza con el transcurrir de los días y el estado Monagas no escapa de esa cruda realidad, convirtiéndose en una región marcada por la carencia de servicios públicos, donde los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) no son garantizados por el Estado venezolano.

Contexto que se ve reflejado en las crecientes protestas por la carencia de servicios básicos, como lo son electricidad, gas doméstico, agua potable y gasolina. Es así como el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), lejos de observar voluntad política para impulsar mejoras, evidenció que la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado creció con la llegada de la pandemia, especialmente por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos concluyó en su informe presentado el 2 de julio de 2020 que las acciones tomadas por el Estado en este contexto “han resultado insuficientes para garantizar un nivel mínimo esencial de derechos económicos y sociales, en particular para los sectores que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad”.

Agua Potable, ¿Derecho o lujo?

En Monagas el suministro de agua potable para muchos es un lujo, aun cuando este es considerado un derecho humano indispensable, conducente para otros derechos, tales como el derecho a la vida, a la salud y a un nivel de vida digno. Lo que ha desencadenado en un sinfín de protestas en el municipio Maturín, particularmente en siete de sus diez parroquias, siendo estás La Pica, Las Cocuizas, Boquerón, Alto de Los Godos, San Simón, Santa Cruz y El Furrial.

Al cumplir tres meses sin acceso a agua potable, Lismar Medina,habitante del sector Parari de la parroquia La Pica, decidió salir a protestar en compañía de sus vecinos. Se reunieron en la entrada del sector y cuando la concentración alcanzaba las 60 personas decidieron obstaculizar el tránsito para exigir la presencia de un funcionario de Aguas de Monagas para que les ofreciera una solución a corto plazo. No obstante, los primeros en llegar fueron una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) quienes exigían el levantamiento inmediato de la protesta.

A los pocos minutos de iniciar la protesta llegaron al menos 10 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) exigiendo en tono amenazante que nos retiráramos del lugar, asegurando que de lo contrario tomarían acciones contundentes. Sin embargo, decidimos no movernos del lugar y seguir exigiendo pacíficamente el suministro de agua potable. Sin embargo, a las pocas horas nos dispersaron”, Lismar, habitante del sector.

Cumplidas las seis horas de protesta ininterrumpida una camioneta identificada con la unidad de traslados del Internado Judicial del Estado Monagas y conducida por funcionarios del Estado avanzaron abruptamente y sin mediar, logrando así dispersar a los manifestantes. Evidenciando, una vez más, el reprochable accionar de los cuerpos de seguridad contra la ciudadanía que exige la garantía plena de sus derechos fundamentales.

Personas mayores, carencias diferenciadas

La emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país tiene consecuencias negativas para la población en general, aunque es sabido que el peso de esta se desbalancea, implicando mayores desafíos para un sector de la población que para el otro. Los retos que enfrentan las personas mayores son significativos, pues su condición, a lo que se suma la realidad nacional, los hace depender en gran medida del auxilio económico de familiares, cuando no de los programas sociales del Estado, que cada día son más precarios.

Mirna Sandoval*, vive desde hace tiempo en Campo Miraflores, perteneciente a la población de Quiriquire, Municipio Punceres. Asegura que, al igual que ella, la mayoría de sus vecinos están “a la buena de Dios”. Estas personas reciben pensiones por parte de PDVSA o algún otro organismo público, pero insisten en que es poco para lo que les alcanza.

El Gobierno dice que envía bolsas de comida a las comunidades. Aquí llegan cada cuatro, cinco y hasta seis meses, no llega con regularidad.

Pese a que el Estado venezolano asegura mantener esfuerzos significativos para garantizar a la población el derecho a la alimentación por medio de los CLAP de manera equitativa, la señora Sandoval relata que cuando las bolsas llegan a su comunidad, son repartidas “de la forma que mejor les parece a lo Consejos Comunales”.

Los niveles de hiperinflación en Venezuela, las pensiones que no alcanzan para cancelar o comprar los medicamentos ni la totalidad de la canasta básica, son algunos de los efectos de la emergencia humanitaria compleja, agravada ahora por la Covid-19. Esto dificulta la subsistencia de las personas mayores, quienes encuentran trabas para reinventarse y diversificar sus actividades económicas, ya que además muchos dependen de las remesas de sus familiares en el exterior que envían cada cierto tiempo.

Acceso al agua y enfermedades no controladas

El acceso al agua es un derecho humano reconocido internacionalmente. Implica un servicio público que el Estado debe garantizar a toda la población por igual, pues entraña, así como otros derechos de carácter prestacional, la posibilidad de tener acceso a una óptima calidad de vida, por lo cual son necesarias políticas públicas que tiendan a minimizar los riesgos de contraer enfermedades causadas por el consumo de agua insalubre.

En esta misma tónica, la señora Sandoval confirma que un brote de hepatitis se generó recientemente, coincidiendo con la llegada de las lluvias, pero que es también producto del mal tratamiento del agua, asegura.

Asimismo, el acceso a agua potable, apta para el consumo humano escasea cada vez más. El cuadro que se presenta coloca a las personas mayores en clara indefensión ante enfermedades que, con inversión suficiente y medidas tempranas de prevención, podrían controlarse, pero también representa un reto significativo para la adopción de medidas preventivas contra la Covid-19, pues organizaciones como la Organización Mundial de la salud (OMS) insisten en el lavado de manos como una medida necesaria frente al nuevo virus.

Anteriormente, ya veníamos presentando problemas en cuanto al acceso al agua en la comunidad y esto se ha agravado con el tiempo, porque casi no llega y, cuando llega, se nota que no es apta para tomarla por el color oscuro”.

En Venezuela es cada vez más notorio el resurgimiento de enfermedades que anteriormente estaban controladas. El dengue o la malaria están a la orden del día, y esto ocurre por falta de políticas gubernamentales tendientes a minimizar la proliferación de vectores y agentes contagiosos. Pero ante la actual pandemia, las consecuencias imprevisibles en las personas mayores son motivos de alarma quienes sin lugar a dudas son un sector de la población invisibilizado.

Es importante destacar que, según el testimonio recogido en la población de Quiriquire, las personas mayores han optado, pese a las precarias condiciones en las que viven, no ejercer su derecho a la manifestación pacífica, en ocasiones por miedo, otras por falta de esperanza en que lleguen las soluciones de sus problemas por parte de las autoridades gubernamentales. Aunque pareciera, impera el hecho de no ser este un sector típicamente proclive a ejercer tal facultad.

¿Derechos en cuarentena? Puntos a considerar

El concepto mismo de derechos humanos nos evoca la idea de la dignidad humana, es decir que todos somos merecedores de una serie de derechos por el simple hecho de pertenecer a la especie humana. Sin embargo, de la misma manera, implica excluir la interferencia del Estado en áreas de la vida individual de las personas, permitiendo asegurar la prestación de determinados servicios por parte del Estado. Esta definición de los derechos humanos nos permite elevar la garantía del acceso de los servicios públicos a dicha categoría, acentuando la importancia de tomar medidas que a todos beneficien y tomen en consideración las necesidades de todas las personas.

En una región como Monagas, se acentúan cada día más las carencias relacionadas al ejercicio de los DESCA, derechos de carácter prestacional y que dignifican, cuando no son garantizados, la vida misma de los ciudadanos.

A partir de la pandemia por Covid-19 se agrava la realidad de muchas personas en la región, pues las dificultades preexistentes vienen a sumarse a un contexto extraordinario para el que nadie esperaba ni podía prepararse.

Urge que el Estado venezolano tome todas las medidas conducentes para garantizar los derechos de la población y, alivie el sufrimiento de esta, coordinando acciones con diversos actores humanitarios de reconocida trayectoria, así como también adopte medidas que respete el ejercicio del derecho a la protesta pacífica de los ciudadanos que reclaman la prestación de servicios básicos.