Miércoles, 02 de agosto, 2017
Fernandez, Jackeline
Las estadísticas emanadas del Ministerio de Salud venezolano sobre morbilidad materna, permiten comprender el elevado número de mujeres embarazadas que están cruzando la frontera con Colombia para parir. De acuerdo a las autoridades de salud del Distrito de Barranquilla “en lo que va del año 51 pacientes han sido atendidas por los servicios” agregando que “las venezolanas utilizan el servicios de salud pública a pesar de no estar afiliadas a ningún régimen de seguridad social porque así lo permite la normativa vigente”.
“Los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer (…) En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada (…)”.Convención de Belém do Pará, Artículo 9.
El último Boletín Epidemiológico publicado por el Ministerio de Salud identificado con el Nº 52, que presenta las estadísticas en dicha área correspondientes a la última semana del año 2016 e información general del mismo año, presentó algunas cifras alarmantes, entre las que destacan un aumento del 65,79% de muertes maternas, así como un incremento de 30,12% en muertes de niños menores de un año, del cual el 53,9% corresponden al periodo neonatal (primeros 28 días de nacido).
“El aumento de muertes maternas el año pasado se dio en el segundo semestre, cuando empezaron a faltar aún más los insumos (…) ahorita no hay nada para atender a una paciente embarazada de emergencia, y eso nos llena de preocupación y a hacer un llamado a las autoridades” estas fueron las palabras del doctor José Guilàn, gineco-obstetra del Hospital Dr. Raúl Leoni, de San Félix (edo. Bolívar) al revelar que en 2016 hubo 29 muertes maternas y hasta junio de 2017 habían fallecido 21 parturientas, lo cual implicaba un aumento significativo y alarmante.
La falta de insumos, fallas en la insfraestructura, disminución de personal y otras condiciones precarias en el sector salud han sido denunciadas tanto por el gremio médico como por varias ONG de Derechos Humanos, como Codevida, Acción Solidaria, Stop VIH, y otras.
La Convención de Belem do Parà y el Protocolo de San Salvador, entre otros instrumentos legales internacionales, señalan expresamente “la obligación de los Estados de brindar adecuada protección a las mujeres y la obligación de garantizar que las mujeres accedan a los servicios de salud sin discriminación”, así como la asignación de recursos suficientes que permitan garantizar el progresivo y efectivo disfrute del derecho a la salud por parte de niñas, adolescentes y mujeres.
Violencia obstétrica en América Latina
La violencia obstétrica es definida como “el maltrato que sufre la mujer embarazada al ser juzgada, atemorizada, vejada, lastimada física y emocionalmente, también se incluye el no ser respetada en sus decisiones. Es recurrente en los hospitales y se da en todas la esferas de la sociedad”. Es un tipo de violencia poco visibilizada, sobre todo por el manejo de estereotipos que condicionan la aceptación de situaciones precarias al momento del parto, en virtud de que es algo “natural”, las “mujeres están hechas para parir”, y otros juicios similares, que confieren a muchos operadores de salud el permiso para vejar y humillar a las parturientas. Aquello de “parirás con dolor” está grabado a sangre y fuego en la mente de muchas personas.
El empoderamiento de la mujer en materia de salud sexual y reproductiva sigue siendo un tema pendiente en América Latina. Tomar decisiones sobre su cuerpo no es un tema sujeto a discusión, por ejemplo: algunas veces embarazarse es un asunto familiar (“cuando nos darás un nieto/sobrino/primito”), otras es una “locura” (“¿cómo se le ocurre salir embarazada en estas condiciones físicas/económicas/sociales?”) pero siempre es responsabilidad de la mujer. Y es así es un continente donde el acceso a programas de salud en materia sexual y reproductiva sigue siendo precario y discriminatorio, sobre todo para las minorías: mujeres con discapacidad, indígenas, afrodescendientes, migrantes, etc.
El Informe del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Mesecvi), en materia de feminicidio, y salud sexual y reproductiva de 2015, indicaba que solo tres países (entre ellos Venezuela) había tipificado la Violencia Obstétrica como una violación de los derechos humanos de la mujer.
En Venezuela, la violencia obstétrica es definida el artículo 15 de la Ley Orgánica sobre el derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, como “la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres”.
Sin embargo, es necesario señalar que la sola incorporación de este tipo de violencia en un instrumento legal, no es garantía de protección, y así lo señala el Mesecvi cuando indica que: “Con respecto a la aplicación de la ley que sanciona la violencia obstétrica, el Comité no recibió ninguna información sobre el número de sentencias judiciales o dictámenes por violencia obstétrica, lo que sugiere que existe una brecha entre las disposiciones normativas y su efectiva aplicación”. Esa brecha se traduce en ausencia de políticas públicas que permitan a las mujeres el acceso a la justicia: denunciar, recibir protección y respuestas inmediatas, investigaciones transparentes, identificación de responsabilidades en los casos de muertes maternas por negligencia o falta de insumos, etc.
Vulnerabilidad y desprotección
En el Informe (2014) “Patrones de Violencia contra las Mujeres en América Latina y el Caribe” presentado por la Relatora de la ONU sobre Violencia contra la Mujer, Rashida Manjoo señalaba que “La libertad reproductiva también está vinculada a los altos índices de mortalidad materna (con una media regional de 81/100 mil) 46 asociados a la mala calidad de la atención y tratos deshumanizados del personal de salud hacia las mujeres”.
Los tratos deshumanizados que menciona la Relatora se fundamentan en los roles de poder entronizados en el sistema de salud, donde el personal médico y de enfermería asumen el control del proceso de parto desde su formación profesional, pero no desde el respeto por los derechos de la mujer, transformándola en actriz de reparto en una historia donde debería ser la protagonista.
Ahora bien, desde la perspectiva de los derechos humanos los sectores más vulnerables ven exacerbada esa condición en contextos de crisis. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Declaración sobre la Prevención y Erradicación de la Falta de Respeto y el Maltrato durante la atención del Parto en Centros de Salud señala que “es más probable que las mujeres adolescentes, las solteras, las de nivel socioeconómico bajo, las que pertenecen a una minoría étnica, las inmigrantes y las que padecen VIH, entre otras, sufran un trato irrespetuoso y ofensivo”. Un ejemplo de esto lo podemos evidenciar en lo que ocurre con respecto a la crisis migratoria, donde nadie se pregunta bajo qué condiciones las mujeres embarazadas están viviendo su proceso: controles, alimentación, exámenes, parto.
Asimismo pudimos ver como las autoridades sanitarias de varios países asumieron como una respuesta válida durante la crisis por el virus Zika, indicarles a las mujeres que no salieran embarazadas, haciéndolas responsables de las consecuencias por sus propias omisiones en el manejo de dicha crisis y la evidencia de un sistema sanitario no apto para proporcionar respuestas efectivas a las mujeres ante virus como el Zika o la malaria.
Las estadísticas emanadas del Ministerio de Salud venezolano sobre morbilidad materna, permiten comprender el elevado número de mujeres embarazadas que están cruzando la frontera con Colombia para parir. De acuerdo a las autoridades de salud del Distrito de Barranquilla “en lo que va del año 51 pacientes han sido atendidas por los servicios” agregando que “las venezolanas utilizan el servicios de salud pública a pesar de no estar afiliadas a ningún régimen de seguridad social porque así lo permite la normativa vigente”.
La reducción de la mortalidad materna es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por tanto, el compromiso de todos los países debe ir encaminado hacia la constante mejora en los servicios de salud y atención primaria para las mujeres embarazadas.
“En todo el mundo, muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de salud, que no solo viola los derechos de las mujeres a una atención respetuosa, sino que también amenaza sus derechos a la vida, la salud, la integridad física y la no discriminación” OMS
Imagen: Ronen Boidek / Shutterstock.com
Fuentes:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/134590/1/WHO_RHR_14.23_spa.pdf
http://catalogo.mp.gob.ve/min-publico/bases/marc/texto/Eventos/E_2012_p.77-83.pdf
http://cisav.mx/violencia-obstetrica/
http://www.unesco.org.uy/shs/red-bioetica/fileadmin/shs/redbioetica/Revista_7/Art2-BelliR7.pdf
http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/MESECVI-SegundoInformeSeguimiento-ES.pdf
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33590.pdf