“En el Zulia, la tuberculosis está diezmando a la población Barí, ha sido una enfermedad permanente, a pesar de que era una epidemia erradicada del país, al igual que la Malaria. Otras enfermedades que están volviendo a surgir son el Dengue y el Paludismo, porque las estructuras de asistencia a las personas con alguna enfermedad ya no existen”, alertó el defensor de los pueblos indígenas y cofundador de la organización Wainjirawa, Juan Carlos La Rosa

La emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela afecta todos los aspectos de la vida, pero con una fuerza arrolladora sobre grupos sociales vulnerables y con difícil acceso a los bienes, servicios y recursos económicos, como ocurre con los pueblos indígenas.

El defensor de derechos de los indígenas, de la tierra y el medio ambiente, Juan Carlos La Rosa, alertó sobre las catastróficas consecuencias que está teniendo la escasez de alimentos, medicinas, el avance implacable de las enfermedades y el desplazamiento de las comunidades aborígenes de sus territorios ancestrales.

“En el Zulia, la tuberculosis está diezmando a la población Barí, ha sido una enfermedad permanente, a pesar de que era una epidemia erradicada del país, al igual que la Malaria. Otras enfermedades que están volviendo a surgir son el Dengue y el Paludismo, porque las estructuras de asistencia a las personas con alguna enfermedad ya no existen”.

El cofundador de la Organización Intercultural de Educación Autónoma Wainjirawa añadió que los planes económicos del gobierno venezolano han puesto en peligro las condiciones medioambientales en las que habitan los pueblos Wayuú, Yukpa, Yanomami, Barí y Pemón.

“El Paludismo apareció con los procesos de desplazamiento de los pueblos indígenas, porque se han enfrentado a ambientes en donde los vectores que actúan para contagiar al Paludismo están libres en el ambiente. Entonces, esta enfermedad está presente entre los Yukpa, los Barí y los Wayuú, pese a que no debería de existir”, insistió.

Sin medicinas

Amnistía Internacional publicó en el sitio web Salida de Emergencia que la escasez de medicamentos e insumos médicos se encuentra entre 80 y 90% en Venezuela, mientras que 50% de los hospitales están colapsados.

Sin embargo, la situación es más grave para los pueblos indígenas, ya que la falta de acceso a la atención oportuna, por el colapso de las instalaciones y lo lejos de su ubicación, hace que obtener una consulta y los respectivos medicamentos sea imposible.

Además, organizaciones de la sociedad civil han alertado sobre la ausencia absoluta de antirretrovirales para las personas con VIH/Sida, y esta situación no es ajena a los pueblos aborígenes, como los Warao, en donde se han incrementado los casos en los últimos años.

“Esta crisis de VIH en el pueblo Warao tiene que ver con el proceso de desplazamiento forzado”.

Ante esta situación, las autoridades no han tomado las medidas necesarias para permitir que las personas puedan acceder a los medicamentos, ya que se niegan a aceptar la cooperación internacional humanitaria, así como no importan desde hace varios meses los antirretrovirales requeridos.

En cambio, la respuesta ha sido la criminalización de la protesta y el intento constante por desintegrar las organizaciones indígenas, así como sus gobiernos ancestrales.

“Que deje de existir”

Desde 2007 funciona en Venezuela un ministerio dedicado, en teoría, a atender las necesidades de los pueblos indígenas y a defender sus territorios, así como a promover sus costumbres y tradiciones. Sin embargo, la realidad dista mucho de lo teórico.

La Rosa recordó, con bastante fuerza y seguridad, las palabras del padre jesuita José María Korta, quien durante una huelga de hambre, por el asesinato del líder indígena Sabino Romero, pidió al Ministerio para los Pueblos Indígenas “que deje de existir”.

“El Ministerio para los Pueblos Indígenas no nos representa, porque no es una manera sincera de resolver nuestros problemas ni una forma en la que el Estado quiera entrar en contacto con nosotros, sino que pretende usurpar la vocería indígena”.

El defensor relató que en el Ministerio se encuentran en nómina al menos 500 personas que son movilizadas para que, mediáticamente, se vea que los pueblos indígenas respaldan cualquier medida tomada por el gobierno venezolano.

Además, denuncia la manera cómo las autoridades han intentado –y en algunos casos han logrado- desintegrar organizaciones indígenas e incluso enfrentarlas entre sí para dividir a las comunidades.

“Hay comunidades que hasta hace algunos meses trabajaban juntos, pero se terminaron enfrentando”.

Otra de las formas en las que se han vulnerado los derechos de los pueblos indígenas y se ha pretendido eliminar sus gobiernos ancestrales es a través de los consejos comunales, una forma de organización establecida por el gobierno y ratificada por leyes que les otorgan la potestad de distribuir programas económicos y sociales, así como para emitir documentación oficial.

“La Ley de Consejo Comunal también lesiona la forma como los pueblos indígenas se organizan. La primera de estas establece que no es necesario crear un consejo comunal en territorios ancestrales donde hay gobierno indígena, pero en su versión actual establece que se crearán consejos comunales respetando la cultura indígena”, explica La Rosa.

Además, el defensor señala que las autoridades del Estado impusieron, con financiamiento público, a caciques mayores sobre el propio gobierno de los pueblos indígenas.

Este desconocimiento de facto de la organización ancestral y de los territorios ancestrales no es de cercana data, ya que “las expectativas de la Constitución de 1999 ya fueron defraudadas. Incluso, hay períodos para fijar la demarcación territorial que ya vencieron, a pesar que estaban establecidos por ley. Ha pasado más de una década y no han sido entregados los territorios”.

“Lo que se pretende entregar como una victoria de los pueblos indígenas, en cuanto a sus tierras, es solo un proyecto de demarcación propuesto por el gobierno y por gente contraria a la demarcación. Incluso, con un modelo irregular y carente de bases jurídicas que pretende fragmentar el territorio”, agrega.

Los defensores y organizaciones indígenas no desmayan en seguir defendiendo sus territorios, costumbres y gobierno ancestral, aunque La Rosa asegura que estas agresiones y vulneraciones a sus derechos tiene como fin “el despojo definitivo de las tierras”.   

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