En octubre de 2024, Amnistía Internacional publicó un documento de trabajo de incidencia con recomendaciones para los Estados Partes en la CMNUCC y en el Acuerdo de París. En consonancia con el movimiento global por la justicia climática, la organización está subrayando la urgente necesidad de que se produzca un aumento sustancial de la financiación climática pública que sea accesible para los países y comunidades que lo necesitan

Los líderes y lideresas mundiales presentes en la COP29 deben escuchar las demandas de justicia climática poniendo los derechos humanos en el núcleo de toda la toma de decisiones, y deben comprometerse a aumentar sustancialmente la financiación climática basada en las necesidades y a eliminar gradualmente de forma completa, rápida, justa y financiada los combustibles fósiles en todos los sectores. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en vísperas de la cumbre de la ONU sobre el clima que se celebrará en Azerbaiyán.

“La crisis climática global constituye la amenaza única más grave a la humanidad. En el informe anual sobre la Brecha de Emisiones del Programa para el Medio Ambiente de Naciones Unidas se afirma que, de no haber cambios significativos, el mundo se encamina a un calentamiento catastrófico de 2,6 a 3,1°C este siglo. Si no emprendemos hoy acciones osadas, enérgicas y colectivas, el mundo de mañana será cada vez más inhabitable. Desde las sequías hasta los incendios forestales, pasando por las inundaciones y las tormentas sobrecargadas, estos devastadores desastres antinaturales se han convertido demasiado a menudo en una característica regular de la vida de personas de todo el mundo. Estos fenómenos aumentarán inevitablemente en magnitud, alcance e intensidad, poniendo fin a muchas más vidas, destruyendo medios de sustento y alimentando niveles sin precedentes de hambruna y migración forzada. No es demasiado tarde para evitar un colapso climático total, pero no podemos perder ni un minuto más”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Los Estados deben basarse en la decisión de la COP28 y comprometerse a una eliminación gradual completa, rápida, justa y financiada de los combustibles fósiles. Esto requerirá el acuerdo sobre un objetivo de financiación climática muchísimo más alta para ayudar a financiar transiciones justas a economías sin emisiones de carbono en los Estados de ingresos más bajos: al menos un billón de dólares estadounidenses al año. La actual falta de progresos hacia un acuerdo sobre este tema resulta escandalosa. Un billón de dólares puede parecer mucho, pero los costes económicos y de derechos humanos de mantener la situación tal como está son incalculables. El destino de la humanidad depende de ello.”

“Los países de ingresos elevados que comparten la mayor responsabilidad de la crisis climática deben negociar de buena fe para alcanzar un objetivo ambicioso y adecuado y cumplir sus compromisos. También deben aumentar sustancialmente tanto la financiación para la adaptación al considerable daño climático que ya está aquí y que empeorará rápidamente, como su aportación al Fondo de Respuesta ante Pérdidas y Daños para ayudar a las poblaciones más afectadas por los efectos del calentamiento global.”

La crisis climática global constituye la amenaza única más grave a la humanidad. Si no emprendemos hoy acciones osadas, enérgicas y colectivas, el mundo de mañana será cada vez más inhabitable.

Agnès Callamard, Amnesty International’s Secretary General

Azerbaiyán será el Estado anfitrión de la 29ª Conferencia de las Partes (COP29) en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que se celebrará en Bakú del 11 al 22 de noviembre. Más de 190 Estados Partes en el tratado debatirán cuestiones como el nuevo objetivo global de financiación climática, las metas para poner fin a la emisiones de gases de efecto invernadero (especialmente mediante la eliminación gradual de los combustibles fósiles), la transición justa a economías sin emisiones de carbono, y cómo apoyar las medidas para reducir el cambio climático y abordar las inevitables pérdidas y daños en los Estados de ingresos más bajos que soportan la carga del daño climático pese a ser los que menos han contribuido a crearlo.

Amnistía Internacional tendrá una delegación en la COP29 desde el 9 hasta el 24 de noviembre, que estará disponible para entrevistas sobre la necesidad de centrar en los derechos humanos las decisiones sobre acciones climáticas, y sobre los constantes ataques del gobierno azerbaiyano a la sociedad civil.

“Teniendo en cuenta las inadecuadas salvaguardias en materia de derechos humanos en el acuerdo con el país anfitrión, los Estados también deben tomar medidas para proteger la libertad de expresión y de manifestación pacífica para todos los participantes en la COP29 y para limitar la perniciosa influencia de los grupos de presión de los combustibles fósiles, que serán omnipresentes en la COP. Azerbaiyán cuenta con un terrible historial en lo que se refiere al respeto a la libertad de expresión y la disidencia. Por tanto, es importantísimo que estos derechos estén protegidos en el espacio oficial de la ONU. Tanto la secretaría de la CMNUCC como los Estados Partes deben hacer mucho más de lo que hicieron en Emiratos Árabes Unidos o en Egipto para garantizar la seguridad, la integridad y los derechos de todas las personas”, ha manifestado Agnès Callamard.

En octubre de 2024, Amnistía Internacional publicó un documento de trabajo de incidencia con recomendaciones para los Estados Partes en la CMNUCC y en el Acuerdo de París. En consonancia con el movimiento global por la justicia climática, la organización está subrayando la urgente necesidad de que se produzca un aumento sustancial de la financiación climática pública que sea accesible para los países y comunidades que lo necesitan.

Amnistía Internacional insta a las delegaciones de la COP29 y a la secretaría de la CMNUCC a implementar estas recomendaciones, que incluyen:

• situar los derechos humanos en el centro de todas las decisiones sobre acción climática para garantizar una transición rápida, equitativa y justa hacia economías sin emisiones de carbono y proteger el derecho de todas las personas, sin discriminación, a la vida, la salud, la alimentación, el agua, el saneamiento, la vivienda, un trabajo decente y un entorno limpio, saludable y sostenible, que son fundamentales para conseguir justicia climática;

• aumentar sustancialmente la financiación climática —en particular en lo que respecta a la adaptación y las pérdidas y daños—, en forma de subvenciones, no de préstamos; los principales responsables de las emisiones deben ser los que más contribuyan;

• comprometerse a abandonar gradualmente de forma completa, rápida, justa y financiada los combustibles fósiles en todos los sectores, sin recurrir a tecnologías arriesgadas y no probadas ni a compensaciones que no conduzcan a una reducción real de las emisiones;

• presentar nuevas contribuciones determinadas a nivel nacional respetuosas con los derechos humanos que mantengan el calentamiento global por debajo de los 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, y en las que los países de ingresos elevados con mayor responsabilidad histórica en la emisión de carbono, otros grandes emisores miembros del G20 y los países productores de combustibles fósiles con ingresos elevados sean los que vayan más lejos y más rápido;

• proteger el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica de todas las personas que participan en la COP29, que se celebra en Azerbaiyán, un país en el que estas libertades están severamente restringidas, y adoptar una política firme sobre conflicto de intereses para limitar la influencia del sector de los combustibles fósiles.