Desde principios de la década de 1990, Amnistía Internacional ha estado haciendo campaña con ONG asociadas para lograr normas globales sólidas y jurídicamente vinculantes sobre las transferencias internacionales de armas con objeto de frenar el flujo de armas que fomentan las atrocidades, pero aún queda mucho por hacer para garantizar que este tratado se respeta y pone fin a nuevos derramamientos de sangre

• El Tratado sobre el Comercio de Armas se adoptó hace más de 10 años
• Amnistía Internacional sigue denunciando las transferencias ilegítimas de armas que propician graves abusos
• El incumplimiento de las normas está provocando una pérdida de vidas devastadora en zonas de conflicto

Algunos de los mayores exportadores de armas del mundo siguen incumpliendo abiertamente las normas del Tratado sobre el Comercio de Armas con sus transferencias ilegítimas de armas, lo que provoca una devastadora pérdida de vidas humanas en zonas de conflicto como los Territorios Palestinos Ocupados, en particular la Franja de Gaza ocupada, Sudán y Myanmar, ha manifestado Amnistía Internacional más de diez años después de la adopción del Tratado.

Desde que el Tratado sobre el Comercio de Armas entró en vigor hace casi un decenio, Amnistía Internacional ha seguido documentando y denunciando transferencias ilegítimas de armas que propician graves abusos, en contravención de las sólidas normas mundiales, jurídicamente vinculantes, sobre transferencias internacionales de armas que el Tratado estableció. El 2 de abril de 2013, un total de 155 Estados votaron a favor de adoptar el Tratado sobre el Comercio de Armas. En la actualidad, el Tratado cuenta con 115 Estados Partes y 27 signatarios, incluidos los 10 principales exportadores de armas —que representan más del 90% del comercio de armas—, con la excepción de Rusia.

“El Tratado sobre el Comercio de Armas es el primer tratado su tipo que establece normas mundiales para regular el comercio internacional de armas y municiones convencionales. La legalidad de una transferencia de armas está ahora explícitamente vinculada a las normas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”, ha afirmado Patrick Wilcken, investigador de Amnistía Internacional sobre Asuntos Militares, de Seguridad y Policiales.

“Aunque se han logrado avances, numerosos gobiernos siguen incumpliendo flagrantemente las normas, lo que provoca una enorme pérdida de vidas en las zonas de conflicto. Es hora de que los Estados Partes cumplan sus obligaciones legales e implementen plenamente el Tratado sobre el Comercio de Armas, con el fin de prohibir el flujo de armas a países cuando se sepa que se utilizarán para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, o cuando puedan utilizarse para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario”.

Transferencias ilegítimas de armas a Israel

La transferencia continuada de armas a Israel es un claro ejemplo de que los Estados Partes no cumplen plenamente el Tratado sobre el Comercio de Armas o, en el caso de los signatarios, no socavan su objeto y propósito.

“Amnistía Internacional lleva mucho tiempo pidiendo un embargo total de armas tanto para Israel como para los grupos armados palestinos, debido a las graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que se vienen cometiendo desde hace tiempo, incluidos crímenes de guerra, y que tienen terribles consecuencias para la población civil, incluidos niños, niñas y mujeres”, ha señalado Patrick Wilcken.

“Los Estados Partes y signatarios, incluido Estados Unidos —el mayor proveedor de armas a Israel— siguen autorizando las transferencias de armas a este país a pesar de las abrumadoras pruebas de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas israelíes”.

Amnistía Internacional lleva mucho tiempo pidiendo un embargo total de armas tanto para Israel como para los grupos armados palestinos, debido a las graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.”

Patrick Wilcken, investigador de Amnistía Internacional sobre Asuntos Militares, de Seguridad y Policiales

Por ejemplo, Amnistía ha documentado el uso de armas fabricadas en Estados Unidos en varios ataques aéreos ilegítimos, como las municiones de ataque directo conjunto (JDAM, por sus siglas en inglés), de fabricación estadounidense, en dos mortíferos ataques aéreos ilegítimos contra viviendas en la Franja de Gaza ocupada, en los que murieron 43 civiles —19 niños y niñas, 14 mujeres y 10 hombres— los días 10 y 22 de octubre de 2023.

En un ataque israelí efectuado en enero de 2024 se utilizó una bomba GBU-39 de pequeño diámetro, fabricada en Estados Unidos por Boeing, que alcanzó una vivienda familiar en el barrio de Tal al Sultan de Rafá y mató a 18 civiles, entre ellos 10 niños y niñas, cuatro hombres y cuatro mujeres.

El comercio ilegal de armas fomenta los disturbios en Sudán.

Las transferencias ilegales de armas también han fomentado los disturbios en Sudán. Desde la escalada del conflicto en abril de 2023, Sudán se ha visto inmerso en una enorme crisis humanitaria y de derechos humanos. Los combates entre las Fuerzas de la Alianza de Sudán (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y sus aliados han causado la muerte de más de 16.650 personas y han desplazado a millones de personas más, lo que convierte a Sudán en la mayor crisis de desplazamiento interno del mundo. 

A pesar de esta crisis y del embargo de armas impuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU a la región de Darfur, Amnistía Internacional sigue documentando importantes flujos de armas que llegan al conflicto. Amnistía Internacional ha identificado armas y material militar de reciente fabricación procedentes de países como China y Serbia, que son Estados Partes en el Tratado sobre el Comercio de Armas, y de los signatarios Turquía y Emiratos Árabes Unidos (EAU), que se están importando en grandes cantidades a Sudán, y que en algunos casos se desvían a Darfur, con lo que se alimenta la violencia.

Myanmar importa al menos 1.000 millones de dólares estadounidenses en armas

Según el relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, el ejército ha importado al menos 1.000 millones de dólares estadounidenses en armas, bienes de doble uso, equipamiento y materias primas para fabricar armas —incluso de China— desde que inició un golpe militar en febrero de 2021.

“El ejército de Myanmar ha utilizado estas armas para atacar reiteradamente a la población civil y bienes de carácter civil —lo que a menudo ha causado daños o ha provocado la destrucción de escuelas, edificios religiosos y otras infraestructuras básicas— en los tres años transcurridos desde el golpe de Estado”, ha dicho Patrick Wilcken.

Seguir avanzando

Desde principios de la década de 1990, Amnistía Internacional ha estado haciendo campaña con ONG asociadas para lograr normas globales sólidas y jurídicamente vinculantes sobre las transferencias internacionales de armas con objeto de frenar el flujo de armas que fomentan las atrocidades, pero aún queda mucho por hacer para garantizar que este tratado se respeta y pone fin a nuevos derramamientos de sangre.

“Se han perdido demasiadas vidas a causa de estas peligrosas armas. Los Estados Partes y signatarios del Tratado sobre el Comercio de Armas no pueden permitirse el lujo de seguir eludiendo sus obligaciones”, ha manifestado Patrick Wilcken. “Ahora que el Tratado sobre el Comercio de Armas se acerca al décimo aniversario de su entrada en vigor, los Estados deben ser fieles a sus disposiciones y reducir ya el sufrimiento humano”.

Información adicional

• La 10ª Conferencia de Estados Partes en el Tratado sobre el Comercio de Armas tendrá lugar del 19 al 23 de agosto; en ella, Amnistía Internacional va a pedir la suspensión de las ventas de armas a Israel.
• El 2 de abril de 2013, un total de 155 Estados votaron en la Asamblea General de la ONU a favor de adoptar el Tratado sobre el Comercio de Armas, y éste entró en vigor en diciembre de 2014.
• Más de un millón de personas se sumaron a la campaña, en la que se pedía a los gobiernos que acordaran un Tratado sobre el Comercio de Armas sólido y con normas firmes, con el fin de proteger vidas humanas. 
• Según el Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo (SIPRI), Estados Unidos, uno de los países signatarios, es responsable del 42% del comercio global de armas. Algunas transferencias llevadas a cabo por Estados Partes y signatarios violan claramente las obligaciones y los principios de derechos humanos que forman parte esencial del Tratado sobre el Comercio de Armas.
• Según el Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo, el gasto militar global aumentó por noveno año consecutivo en 2023, alcanzando un total que supera los 2,4 billones de dólares estadounidenses, el mayor nivel registrado por SIPRI hasta la fecha.