Las autoridades estatales y fuerzas de seguridad públicas deben respetar el derecho a la protesta, cuya protección es un elemento esencial en las democracias y una herramienta histórica para el reclamo de derechos. Igualmente es una forma en la que la ciudadanía participa en los asuntos de interés público. Asimismo, las autoridades deben evitar el uso de discursos que alientan e incitan a la violencia contra las personas que ejercen su legítimo derecho a participar en manifestaciones pacíficas, así como a evitar la estigmatización contra las organizaciones de la sociedad civil

En el marco de las protestas en el contexto post-electoral en Venezuela y ante el uso desproporcionado de la fuerza que se ha documentado por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas, las organizaciones firmantes exigimos respeto y garantía del derecho a la libertad de expresión, reunión y protesta pacífica. Hacemos un llamado a las autoridades para que se abstengan de criminalizar la protesta y cumplan plenamente con los estándares y normas internacionales sobre el uso de la fuerza. 

Las protestas en Venezuela se dan en un contexto posterior a las elecciones presidenciales que se celebraron el pasado domingo 28 de julio de 2024 y cuya transparencia ha sido altamente cuestionada por la comunidad internacional. El Centro Carter, una de las dos misiones de observación técnica internacional invitada y acreditadas por el propio Consejo Nacional Electoral de Venezuela, declaró que “la elección presidencial de 2024 en Venezuela no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada democrática”. 

Las autoridades estatales y fuerzas de seguridad públicas deben respetar el derecho a la protesta, cuya protección es un elemento esencial en las democracias y una herramienta histórica para el reclamo de derechos. Igualmente es una forma en la que la ciudadanía participa en los asuntos de interés público. Asimismo, las autoridades deben evitar el uso de discursos que alientan e incitan a la violencia contra las personas que ejercen su legítimo derecho a participar en manifestaciones pacíficas, así como a evitar la estigmatización contra las organizaciones de la sociedad civil. 

Tras la celebración de los comicios y hasta la publicación de este comunicado, organizaciones nacionales han registrado al menos 11 personas fallecidas y han identificado el uso de armamento letal por supuestos civiles armados vinculados con las fuerzas de seguridad y posible fuerza pública. Las organizaciones firmantes condenan el uso de este armamento y recuerdan que en ningún caso la fuerza letal puede ser utilizada para el control de manifestaciones. Según estándares internacionales, la privación del derecho a la vida en el contexto del uso de la fuerza por parte del Estado sería arbitraria y, en algunos casos, una ejecución extrajudicial. Estos hechos deben ser investigados de manera pronta, independiente e imparcial y con la diligencia debida. 

Así, el contexto preelectoral y postelectoral en Venezuela ha estado marcado por represión y múltiples violaciones a los derechos humanos, incluyendo un grave patrón de detenciones por razones políticas, muertes potencialmente ilícitas, restricciones a la libertad de prensa y cortes de internet.  Nos preocupa particularmente las cientas de detenciones arbitrarias posteriores al 28 de julio, documentadas por las organizaciones nacionales, quienes continúan recibiendo información de nuevos casos y llevan a cabo esta labor de documentación en un contexto sumamente adverso.  

Además, nos alarma particularmente la criminalización de la protesta y en particular, las declaraciones  del Fiscal General Tarek William Saab quien informó a la prensa que más de 749 personas han sido detenidas en relación con las protestas. Las mismas estan siendo señaladas por “actos violentos” y se les imputarán delitos como instigación pública, obstrucción de vías públicas, instigación al odio, resistencia a la autoridad y, en los casos más graves, terrorismo. Además, se les impondrá pena privativa de libertad. 

Recordamos que el Estado de Venezuela está obligado, según el artículo 68 de su Constitución y el derecho internacional, a respetar y proteger, sin discriminación alguna, los derechos de todas las personas manifestantes, así como de los observadores de protestas, transeúntes y periodistas. El uso de la fuerza constituye una violación de esta obligación si no se ajusta a las normas internacionales incluyendo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución, no discriminación y rendición de cuentas. Las autoridades en Venezuela tienen la obligación de desescalar la conflictividad, hacer uso de medios no violentos, utilizar la fuerza de manera progresiva y diferenciada, y respetar el derecho a la participación política a través del proceso electoral.  

Tomando en cuenta los cortes de internet documentados en el contexto electoral, recordamos que el acceso a internet está íntimamente relacionado con el derecho a la protesta pues permite denunciar abusos, comunicarse en tiempo real y organizarse de manera pacífica. Los bloqueos de internet afectan la libertad de expresión y el acceso a la información, esenciales para la democracia y el pluralismo. Las restricciones al acceso a internet durante contextos de protesta son comúnmente utilizados como una forma de represión y control para limitar  la capacidad de la población de movilizarse y ejercer sus derechos libremente dentro y fuera del espacio digital. 

Es crucial que todas las personas puedan ejercer libremente su derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación sin temor por su integridad física y vida. Además, las autoridades venezolanas deben garantizar que nadie sea procesado ni privado de libertad por ejercer sus derechos de manera pacífica.  

Por último, hacemos un llamado a la comunidad internacional a exigir el respeto a los derechos civiles y políticos de las personas en Venezuela. Invitamos además a los mecanismos de justicia internacional, a mantenerse alerta ante posibles graves violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas que se desarrollan desde el 28 de julio y a incluir la documentación de dichos crímenes internacionales en los mecanismos de justicia internacional en curso  como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU o la Corte Penal Internacional.  

Organizaciones firmantes 

• Amnistía Internacional 

• Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) 

• CIVICUS 

• Comisión Internacional de Juristas 

• Freedom House  

• Global Centre for the Responsibility to Protect  

• Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) 

• Robert F. Kennedy Human Rights 

Para más información o concertar una entrevista, por favor contacte a press@amnesty.org