Abir Moussi, de 48 años, es abogada, presidenta del Partido Desturiano Libre y una firme opositora política del presidente Kais Saied. Fue miembro del Parlamento de 2019 a 2021. Según una carta compartida en sus redes sociales, la salud de Abir Moussi se está deteriorando durante su reclusión, dado que sufre de dolor de cabeza, cuello, piernas, hombros y espalda. Había iniciado una huelga de hambre de 16 días el 28 de noviembre, y estuvo dos días en huelga posteriormente sin probar alimentos ni agua del 26 al 28 de enero para protestar por su detención injusta

Abir Moussi, figura de la oposición detenida de manera arbitraria, está siendo objeto de investigación penal en dos procedimientos judiciales independientes por el ejercicio legítimo de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. La Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE) ha presentado cuatro denuncias contra Abir Moussi luego de sus críticas públicas sobre el proceso electoral. Abir Moussi está siendo objeto de investigación en el marco del draconiano Decreto Ley 54 sobre ciberdelitos. También se enfrenta a otra investigación por ejercer su derecho a la libertad de reunión en relación con dos protestas organizadas por su partido político, el Partido Desturiano Libre (PDL). Abir Moussi ha estado detenida injustamente desde el 3 de octubre de 2023 por haber intentado presentar un recurso en contra de los decretos presidenciales con anterioridad a las elecciones locales. Las autoridades tunecinas deben liberar de inmediato a Abir Moussi y retirar los cargos en su contra, ya que se basan solamente en el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

Presidente de la República

President of the Republic, Kais Saied

Route de la Goulette

Site archéologique de Carthage, Túnez

Correo-e: contact@carthage.tn

X/Twitter: @TnPresidency

Señor Presidente:

Lo insto a poner en libertad inmediata a Abir Moussi y a cesar toda investigación penal que esté fundamentada únicamente en el ejercicio legítimo de sus derechos humanos. Abir Moussi está siendo objeto de investigación en virtud de la Ley de Protección de Datos y el Decreto Ley 2022-54 sobre ciberdelitos. Expresó su interés en participar en las próximas elecciones presidenciales, previstas en octubre de 2024, según una persona integrante de su partido político.

La ISIE ha presentado cuatro denuncias contra Abir Moussi ante el Tribunal de Primera Instancia de Túnez, la capital, en relación con sus publicaciones en redes sociales, incluidos dos videos que publicó en sus cuentas en enero de 2023, en donde critica el proceso electoral y describe las elecciones legislativas como “amañadas”. Otra denuncia se basa en una carta abierta que Abir Moussi publicó el 12 de junio de 2023 en sus redes sociales, en la que criticaba duramente las acciones unilaterales del presidente Saied, y por la que se le acusa de “insultar a un funcionario público y difundir noticias falsas” en virtud del artículo 24 del decreto 54. El 21 de febrero de 2024, el juez de instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Túnez ordenó su detención en espera de juicio. La crítica legítima de Abir Moussi a los procesos y a las personas que ocupan cargos públicos está protegida por el derecho internacional, por lo que Abir no debería ser enjuiciada por manifestar su opinión.

En otro caso, Abir Moussi enfrenta dos denuncias en relación con las protestas organizadas por el partido político que lidera, el PDL. La primera fue presentada por el Ministerio de Asuntos Exteriores en relación con una protesta organizada por el PDL frente al Ministerio, en Túnez, en septiembre de 2023, por exceder la duración máxima de la protesta. La segunda fue presentada por la Unión de Ulemas de Túnez —una organización religiosa— tras los plantones organizados por el PDL frente a la sede de la Unión en Túnez en agosto de 2022, en los que Abir Moussi criticó a la Unión, al presidente Saied y a la ISIE. Se la acusa de difundir información falsa.

Lo insto a poner en libertad de inmediato a Abir Moussi y a retirar todos los cargos en su contra, basados en su activismo político pacífico. Hasta que quede en libertad, se le debe permitir el acceso regular a su familia, a sus abogados y a atención médica adecuada, y sus condiciones de reclusión deben cumplir las normas internacionales sobre el tratamiento a los reclusos.

Atentamente,

Información complementaria

Abir Moussi, de 48 años, es abogada, presidenta del Partido Desturiano Libre y una firme opositora política del presidente Kais Saied. Fue miembro del Parlamento de 2019 a 2021. Según una carta compartida en sus redes sociales, la salud de Abir Moussi se está deteriorando durante su reclusión, dado que sufre de dolor de cabeza, cuello, piernas, hombros y espalda. Había iniciado una huelga de hambre de 16 días el 28 de noviembre, y estuvo dos días en huelga posteriormente sin probar alimentos ni agua del 26 al 28 de enero para protestar por su detención injusta. El 3 de octubre de 2023, 11 días después de que expresara su interés en presentarse a las próximas elecciones presidenciales, las fuerzas de seguridad arrestaron a Abir Moussi frente a la oficina de administración pública anexa al palacio presidencial en Cartago, al noreste de Túnez. Abir Moussi intentaba presentar un recurso contra varios decretos presidenciales ante la administración competente, pero se le impidió hacerlo. Abir Moussi protestaba por esa negación arbitraria e insistió en quedarse delante del edificio de la administración y transmitir los acontecimientos en directo en Facebook.

Según testigos presenciales y sus abogados, las fuerzas de seguridad la detuvieron y la llevaron a un lugar no revelado donde estuvo durante aproximadamente dos horas antes de que sus representantes letrados la localizaran en una comisaría de policía de La Goleta, una localidad cercana a la capital, Túnez. Los abogados de Abir Moussi también dijeron a Amnistía Internacional que había sufrido lesiones físicas debido al uso de fuerza excesiva por parte de la policía durante su detención. Los abogados afirmaron que las autoridades les habían negado el acceso a su cliente durante los interrogatorios policiales, lo que vulnera claramente su derecho al debido proceso, y que sólo posteriormente se les informó de la decisión de la fiscalía de ordenar su reclusión en espera de juicio tras haber estado bajo custodia policial durante 48 horas. Según sus abogados, durante la primera noche que pasó bajo custodia, los agentes que tenían detenida a Abir Moussi ignoraron sus peticiones de acceso a la medicación que debe tomar a diario a una hora precisa, lo que dio lugar a complicaciones de salud que la llevaron al hospital unos días después. El 5 de octubre, un juez de instrucción interrogó a Abir Moussi en el Tribunal de Primera Instancia de Túnez en relación con los cargos de intentar “cambiar la forma de gobierno”, “incitar a la violencia en territorio tunecino” y “agresión con el objetivo de provocar desorden” en virtud del artículo 72 del Código Penal, así como con los cargos de “tratamiento de datos personales sin consentimiento del titular de los datos” e “interferencia en la libertad de trabajar” en virtud de los artículos 27 y 87 de la Ley de Protección de Datos. El 30 de enero, el juez de instrucción retiró los cargos en virtud del artículo 72, según el abogado de Abir Moussi.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su Observación general 34, declara que “cuando un Estado parte impone restricciones al ejercicio de la libertad de expresión, estas no pueden poner en peligro el derecho propiamente dicho.” Las restricciones que no se ajustan a este criterio violan la libertad de expresión aun cuando no se deriven sanciones penales. No sólo vulneran el derecho a la libertad de expresión de las personas a las que se impone la restricción, sino también el derecho de otras personas a recibir información e ideas. Estas restricciones nunca pueden incluir la censura de críticas a figuras públicas y a las personas que ocupan cargos públicos. De hecho, por lo que concierne a los derechos y la reputación de otras personas, el derecho y las normas internacionales de derechos humanos exigen que las personas que ocupan cargos públicos toleren un mayor grado de escrutinio y críticas que las personas particulares. Y no debería haber penas más severas por insultar o difamar a personas que ocupan cargos públicos. A este respecto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su Observación general 34, señala que todas las figuras públicas pueden ser objeto legítimo de críticas públicas, y que no debería prohibirse la crítica hacia las instituciones públicas. El Comité manifiesta que “en el debate público sobre figuras políticas y de las instituciones públicas a efectos del Pacto es sumamente importante que la expresión pueda tener lugar sin inhibiciones. Por lo tanto, el simple hecho de considerar que una declaración insulta a una figura pública no basta para justificar la imposición de sanciones”.

Además, según el derecho internacional, la difamación debe tratarse como un asunto civil y no como uno penal, y nunca debe castigarse con un periodo en prisión. Las personas que ocupan cargos públicos u otras personas que buscan una reparación sobre asuntos relacionados con la difamación, deben hacerlo en un tribunal civil y no en uno penal. El único propósito de las leyes sobre difamación, calumnia e injuria debe ser proteger reputaciones, y nunca evitar que se critique a los gobiernos. El uso de leyes sobre difamación con el fin o el efecto de impedir las críticas legítimas al gobierno o a personas que ocupan cargos públicos viola el derecho a la libertad de expresión.

El 25 de julio de 2021, el presidente Saied reclamó amplios poderes excepcionales que, según afirmó, le otorgaba la Constitución de Túnez de 2014. Desde febrero de 2023, la situación de los derechos humanos en Túnez se ha deteriorado con rapidez y se ha actuado contra varias figuras de la oposición. Las autoridades han abierto investigaciones penales contra al menos 74 figuras de la oposición y otras personas consideradas enemigas del presidente, incluidas al menos 44 personas acusadas de delitos en relación con el ejercicio pacífico de sus derechos humanos.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Árabe, francés o inglés

También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 18 de abril de 2024

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Abir Moussi (femenino)

ENLACE A LA AU ANTERIOR: https://www.amnesty.org/es/documents/mde30/7517/2023/es/

Fotografía: Pixabay