El genocidio se define como ciertos actos cometidos con “la intención de destruir, total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. Las medidas provisionales que ha solicitado Sudáfrica incluyen pedir a Israel que desista de cometer actos previstos en el artículo II de la Convención sobre el Genocidio, como la “[m]atanza de miembros del grupo [protegido]” y el “[s]ometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”

“Las actuaciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la causa judicial solicitada por Sudáfrica, que alega que el Estado de Israel está incumpliendo sus obligaciones contraídas en virtud de la Convención sobre el Genocidio de la ONU, podrían contribuir a proteger a la población civil palestina, acabar con la catástrofe humanitaria provocada por el ser humano en la Franja de Gaza ocupada y ofrecer un rayo de esperanza para la justicia internacional”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

Sudáfrica presentó una solicitud en la que alegaba que los actos de Israel y su inacción en relación con la población palestina en Gaza tras los ataques de Hamás y otros grupos armados del 7 de octubre de 2023 tienen carácter genocida. En su solicitud, Sudáfrica insta a la Corte a que ordene “medidas provisionales” para proteger a la población palestina en Gaza, que incluyen pedir a Israel que detenga inmediatamente los ataques militares que “constituyan o den lugar a violaciones de la Convención sobre el Genocidio” y rescinda las medidas relacionadas que constituyan castigo colectivo y desplazamiento forzado. Las audiencias iniciales se celebrarán ante la CIJ en La Haya los días 11 y 12 de enero.

Mientras Estados Unidos sigue usando su poder de veto para bloquear al Consejo de Seguridad de la ONU e impedir que pida un alto el fuego, los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad son generalizados y el riesgo de genocidio es real.

Agnès Callamard, Amnistía Internacional

Amnistía Internacional no ha determinado que la situación en Gaza constituye genocidio. Sin embargo, hay señales de advertencia alarmantes habida cuenta de la extraordinaria magnitud de muerte y destrucción con más de 23.000 homicidios de personas palestinas en poco más de 3 meses y otras 10.000 en paradero desconocido bajo los escombros, presumiblemente sin vida, así como del espeluznante aumento de la retórica deshumanizadora y racista contra la población palestina por ciertas autoridades del gobierno y el ejército israelíes. Esto, unido a la imposición por Israel de un asedio ilegal en Gaza que ha interrumpido o restringido gravemente el acceso de la población civil a agua, alimentos, asistencia médica y combustible, está infligiendo un sufrimiento inimaginable a la población gazatí y poniendo en peligro su supervivencia.

“No se vislumbra el final del sufrimiento humano, de la devastación y de la destrucción a escala masiva que estamos presenciando cada hora en Gaza. El riesgo de que Gaza deje de ser la mayor prisión al aire libre del mundo para convertirse en un cementerio gigantesco se ha materializado de forma abrumadora delante de nuestros ojos”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Mientras Estados Unidos sigue usando su poder de veto para bloquear al Consejo de Seguridad de la ONU e impedir que pida un alto el fuego, los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad son generalizados y el riesgo de genocidio es real. Los Estados tienen la obligación positiva de prevenir y castigar el genocidio y otros crímenes atroces. El examen por la CIJ de la conducta de Israel es un paso vital para proteger la vida de la población palestina, restablecer la confianza en la aplicación universal del derecho internacional y la credibilidad de ésta, y allanar el camino para la justicia y la reparación de las víctimas”.

Todos los Estados tienen la obligación legal internacional de actuar para prevenir el genocidio en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948 y, como ha determinado con anterioridad la CIJ, en virtud del derecho consuetudinario. Esto significa que la obligación de prevenir es vinculante para todos los Estados, incluidos los que no son partes en la Convención. El 16 de noviembre de 2023, un grupo de especialistas de la ONU advirtieron de que había un “genocidio en ciernes” en los Territorios Palestinos Ocupados y, en concreto, en Gaza.

“Es difícil exagerar la magnitud de la devastación y la destrucción que se han fraguado en Gaza en los últimos tres meses. Gran parte del norte de Gaza está destruido y al menos el 85% de la población está ahora internamente desplazada. Muchas personas palestinas y expertas en derechos humanos consideran que esto es parte de una estrategia de Israel para hacer que Gaza sea ‘inhabitable’. Esto se suma a las inquietantes declaraciones de ciertas autoridades israelíes que propugnan la deportación ilegítima o el traslado forzado de personas palestinas fuera de Gaza y el uso aberrante de una retórica deshumanizadora”, añadió Agnès Callamard.

“Mientras la Corte Internacional de Justicia dicta una resolución definitiva sobre si se están cometiendo crímenes de genocidio y otros crímenes de derecho internacional, una orden urgente para imponer medidas provisionales sería un medio importante que ayudaría a prevenir más muerte, destrucción y sufrimiento de la población civil y a advertir a otros Estados que no deben contribuir a que se cometan violaciones y crímenes graves contra la población palestina”.

Información complementaria

El genocidio se define como ciertos actos cometidos con “la intención de destruir, total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.

Las medidas provisionales que ha solicitado Sudáfrica incluyen pedir a Israel que desista de cometer actos previstos en el artículo II de la Convención sobre el Genocidio, como la “[m]atanza de miembros del grupo [protegido]” y el “[s]ometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”. Por tanto, pide a Israel que prevenga el desplazamiento forzado y la privación del acceso de la población palestina a alimentos, agua, ayuda humanitaria y suministros médicos suficientes. Según la Convención, ninguna persona, ni siquiera las máximas autoridades de un gobierno, puede reclamar inmunidad personal por ningún presunto acto.

La solicitud de Sudáfrica a la CIJ cita información reunida por Amnistía Internacional que documenta pruebas irrefutables de crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional cometidos por fuerzas israelíes en su intenso bombardeo de Gaza, como ataques directos contra civiles y bienes de carácter civil, ataques indiscriminados y otros ataques ilegítimos, desplazamiento forzado de civiles y el castigo colectivo de la población civil. También cita investigaciones de Amnistía Internacional que ponen de relieve que el sistema israelí de dominación y opresión de la población palestina constituye apartheid.

Además, Amnistía Internacional condena los crímenes de guerra cometidos por Hamás y otros grupos armados el 7 de octubre, incluida la toma de rehenes y el homicidio deliberado de civiles, y sus continuos ataques indiscriminados con cohetes.

La organización ha pedido reiteradamente que se investiguen las violaciones del derecho internacional cometidas por todas las partes y un alto el fuego sostenido inmediato, la liberación de todos los rehenes civiles restantes en poder de grupos armados en Gaza, la libertad de todas las personas palestinas detenidas arbitrariamente por Israel y que Israel ponga fin a su asedio, ilegal e inhumano, de Gaza.