Jueves, 30 de noviembre, 2023
Los anuncios realizados por varios países europeos y la Comisión Europea sobre la restricción de la financiación a organizaciones palestinas de derechos humanos supondrán un deterioro aún mayor de la credibilidad de la Unión Europea como autoproclamada defensora de los derechos humanos. Amnistía Internacional y otras 95 organizaciones han publicado una carta dirigida a la UE y a los Estados miembros en la que expresan su preocupación por el impacto de estas medidas discriminatorias sobre los derechos humanos.
“Los derechos humanos en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) ya están inmersos en una profunda crisis. Las organizaciones palestinas e israelíes en la región realizan una labor crucial de protección los derechos de las personas. Unas actúan como órganos de vigilancia de las violaciones sistemáticas de los derechos de los palestinos que cometen con impunidad las autoridades israelíes, otras proporcionan representación legal gratuita a las víctimas, que de otro modo se quedarían sin apoyo en su búsqueda de justicia. Restringir la financiación únicamente de las organizaciones palestinas es discriminatorio y las silenciaría al obstaculizar su labor vital, además de privar a las víctimas de cualquier posibilidad de protección”, ha afirmado Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas.
Varios países europeos, como Austria, Dinamarca, Alemania, Suecia y Suiza, así como la Comisión Europea, han tomado medidas para suspender o restringir su financiación a las organizaciones de la sociedad civil palestina basándose en acusaciones infundadas de que la financiación se ha desviado a “organizaciones terroristas” o se ha utilizado para “incitar al odio y la violencia”. Tales acusaciones activan arraigados estereotipos racistas e islamófobos que representan a la población árabe y musulmana como propensas a la violencia y como potenciales terroristas. Algunas medidas para suspender la financiación de ONG palestinas son anteriores a los ataques del 7 de octubre de 2023, en los que miembros de Hamás y otros grupos armados cometieron crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional, como homicidios ilegítimos, toma como rehenes de civiles y lanzamiento de ataques indiscriminados con cohetes contra Israel. Sin embargo, las restricciones se han intensificado desde entonces.
Doble rasero de la UE
El 21 de noviembre de 2023, la Comisión Europea anunció que «“hasta la fecha no se han encontrado pruebas de que el dinero se haya desviado para fines no deseados”. A pesar de ello, anunció la introducción de cláusulas contractuales “contra la incitación” en todos los nuevos contratos con ONG palestinas, que obligan a los beneficiarios de los fondos a declarar que no incitarán al odio y a someterlos a un “control […] efectuado por terceros” para garantizar su cumplimiento. Si bien la cláusula no es intrínsecamente problemática, aplicarla sólo a las ONG palestinas estigmatiza a la población palestina, al tiempo que envalentona a otros para incitar al odio.
“Es esencial que los gobiernos europeos donantes garanticen la rendición de cuentas y la transparencia de todos los socios. Pero señalar exclusivamente a la población palestina, así como el momento y la justificación de estos anuncios para restringir la financiación, plantea cuestiones preocupantes. ¿Por qué los donantes restringen la financiación solo a las ONG palestinas? ¿Y por qué las organizaciones palestinas de la sociedad civil que documentan violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno israelí tienen que defenderse repetidamente de las acusaciones de antisemitismo y de apoyo a la violencia contra el Estado de Israel, cuando en repetidas investigaciones no se han encontrado pruebas de ello?”, ha manifestado Eve Geddie.
Es vital que la UE y los Estados miembros combatan todas las formas de racismo y otras formas de discriminación, como el antisemitismo, la islamofobia, el racismo antiárabe y antipalestino, y tomen todas las medidas necesarias para prohibir la apología del odio que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Los beneficiarios de dinero de la UE ya estaban obligados a respetar estos principios. Agregar cláusulas “contra la incitación” únicamente a los contratos de las organizaciones palestinas y someterlas a un ”control efectuado por terceros” denota una toma de posición política, es discriminatorio y refuerza los supuestos racistas hacia la población palestina y quienes defienden sus derechos humanos.
Suecia, por ejemplo, también ha declarado que en el futuro exigirá a los socios palestinos que condenen a Hamás. Exigir a una organización que exprese tal condena y condicionar la financiación a ello, es un ataque al derecho humano a la libertad de expresión y asociación, entre otros, y en la medida en que se dirige exclusivamente a las organizaciones que trabajan sobre Palestina, es discriminatorio.
Mientras tanto, a pesar de los atroces llamamientos a matar, desplazar por la fuerza o usar armas nucleares contra la población palestina realizados por autoridades y ONG israelíes, así como de los reiterados ataques mortales contra civiles por parte de fuerzas y colonos israelíes, e incluso de ONG que construyen asentamientos ilegales en tierras palestinas ocupadas, incluidos los denunciados por la UE, no se exige nada similar a las organizaciones israelíes o los organismos gubernamentales que cooperan con Suecia para que condenen estos crímenes. Este doble rasero flagrante no sólo es discriminatorio, sino que también demuestra un enfoque preocupantemente selectivo de los derechos humanos.
Uso indebido del antisemitismo como herramienta de represión
Combatir el antisemitismo y el discurso de odio es vital, pero en los últimos años, autoridades y funcionarios israelíes de varios países de Europa, especialmente Alemania y Hungría, y los comisarios de la UE Verheyli y Schinas, han utilizado acusaciones infundadas de antisemitismo para silenciar las críticas a las violaciones israelíes del derecho internacional, incluido el actual sistema de apartheid que Israel impone a la población palestina. Incluso ahora, cuando las fuerzas israelíes han matado al menos a 14.128 civiles, más de un tercio de los cuales son niños, y han desplazado por la fuerza a más de 1,2 millones de palestinos, las acusaciones de antisemitismo se están utilizando para silenciar, y en algunos casos criminalizar, a aquellos, incluidos activistas judíos, que expresan solidaridad con la población palestina y abogan por sus derechos. Los autoridades israelíes incluso han utilizado las acusaciones de antisemitismo para justificar el asesinato de civiles palestinos alegando que la población palestina en Gaza apoya la ideología nazi.
“Ante el aumento del antisemitismo, los líderes europeos tienen la obligación de tomar medidas para proteger a las poblaciones judías, sin embargo, confundir la defensa de los derechos de la población palestina con el antisemitismo y señalar a palestinos y árabes por el aumento del antisemitismo es contraproducente y solo alimenta más odio”, dijo Eve Geddie.
Las recientes declaraciones infundadas y discriminatorias de políticos alemanes, austriacos y húngaros han estigmatizado a las personas migrantes de países de mayoría musulmana al culparlos del aumento del antisemitismo en Europa. La UE, que establece requisitos adicionales sólo para los beneficiarios palestinos de financiación, se basa de manera similar en estereotipos discriminatorios y racistas.
“Los Estados europeos que restringen la financiación a organizaciones que defienden los derechos humanos en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados son una clara prueba del doble rasero de algunos Estados europeos. La credibilidad de los estados europeos que dicen defender los derechos humanos ya se ha visto debilitada por haber pedido un alto el fuego y por seguir armando a Israel mientras mata a miles de personas palestinas con impunidad. Estas restricciones de financiación discriminatorias están dañando aún más su credibilidad”, ha afirmado Eve Geddie.
“Pedimos a la UE, a los Estados miembros y a otros donantes que garanticen que se reanuda la financiación a la población palestina, sin aplicar restricciones innecesarias y discriminatorias. Si la UE cree que las salvaguardias vigentes no son suficientes para hacer frente a la incitación, entonces deberían adoptar salvaguardias más estrictas para todos los contratos, incluidos los de Israel y dentro de Europa, en lugar de señalar a la población palestina por motivos racistas y sin envalentonar ni respaldar las políticas y leyes que socavan los derechos humanos”.