Desde 2019, sucesivos gobiernos iraquíes han formado numerosos comités para investigar violaciones de derechos cometidas en el contexto de las protestas a nivel nacional y local, pero estos comités no han servido para que se conozca la verdad o se haga justicia

“Las autoridades iraquíes deben garantizar verdad, justicia y reparación por el homicidio de cientos de personas y la mutilación de miles más a manos de las fuerzas de seguridad iraquíes”, ha declarado hoy Amnistía Internacional con motivo del cuarto aniversario de las protestas antigubernamentales que estallaron en todo el país. Como medida inmediata, las autoridades deben revelar la suerte y el paradero de las personas sometidas a desaparición forzada durante el movimiento de protesta que empezó en octubre de 2019.

Durante las protestas multitudinarias, conocidas como las protestas de Tishreen [octubre], las fuerzas de seguridad, incluidas la policía antidisturbios, fuerzas antiterroristas y miembros de las Unidades de Movilización Popular (PMU) —extensa red de milicias consideradas legalmente parte de las Fuerzas Armadas iraquíes— usaron fuerza letal contra manifestantes y llevaron a cabo una siniestra campaña de homicidios extrajudiciales y desapariciones forzadas.

“Desde las protestas de Tishreen, los sucesivos gobiernos iraquíes han incumplido sus promesas de garantizar verdad y justicia por la violencia infligida por el Estado y por las milicias a manifestantes, activistas y profesionales del derecho y a sus familias. El escaso número de enjuiciamientos e investigaciones —ínfimo en comparación con la escala de los abusos— demuestra claramente que las autoridades no están interesadas en la rendición de cuentas”, dijo Razaw Salihy, investigadora de Amnistía Internacional sobre Irak.

“Hace mucho que debía haberse hecho justicia por las protestas de Tishreen. Las autoridades iraquíes deben garantizar investigaciones independientes e imparciales sobre los crímenes cometidos desde 2019 contra manifestantes, activistas y sus familias, publicar los resultados y hacer que los presuntos responsables penales rindan cuentas de sus actos en juicios conformes con las normas internacionales. Además, deben proteger de las represalias a las familias que exigen justicia.”

Represalias para silenciar las peticiones de justicia

Aunque algunas familias han seguido insistiendo en pedir responsabilidades y en proseguir las investigaciones que habían quedado inactivas, las represalias por denunciar han disuadido a otras familias de continuar su búsqueda de justicia.

En un duro caso, el padre de un abogado de derechos humanos sometido a desaparición forzada en octubre de 2019 fue asesinado en marzo de 2021 tras hacer campaña para obtener respuestas sobre el paradero de su hijo. Amnistía Internacional había advertido de las amenazas para la seguridad de la familia en noviembre de 2020 y había pedido a las autoridades iraquíes que garantizaran su protección.

La familia de Sajjad al Iraqi, otro destacado activista que fue objeto de desaparición forzada en septiembre de 2020 en Nasiriya, ha recibido asimismo numerosas amenazas de personas que se cree están ligadas a los secuestradores y a las PMU. Estas personas han llamado en numerosas ocasiones a la familia o han ido a su casa para presionarla a fin de que retirara sus actuaciones judiciales sobre la desaparición de Sajjad al Iraqi. Sajjad al Iraqi denunciaba activamente cuestiones de corrupción.

Sin una rendición de cuentas significativa

Ha habido muy pocos enjuiciamientos de miembros de las fuerzas de seguridad o de milicias afines por su papel en los actos de violencia contra manifestantes y activistas.

El escaso número de enjuiciamientos e investigaciones —ínfimo en comparación con la escala de los abusos— demuestra claramente que las autoridades no están interesadas en la rendición de cuentas.

Razaw Salihy, Amnistía Internacional

En un informe publicado en junio de 2022, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq (UNAMI) sólo pudo identificar la declaración de culpabilidad de cuatro “elementos armados no identificados” desde mayo de 2021 y de seis miembros de las fuerzas de seguridad por tiroteos selectivos, homicidios y secuestros. El informe añadía: “La UNAMI/OACNUDH no pudo identificar ningún otro caso que avanzara más allá de la fase de investigación durante el periodo objeto del informe.”

Una persona de la familia dijo a Amnistía Internacional que ésta se había reunido con el primer ministro Mohammed Shia al Sudani nueve meses antes, que les había prometido hacer un seguimiento del caso de Sajjad al Iraqi. El 22 de marzo de 2023, el Tribunal Penal de Thi Qar declaró culpables a dos personas in absentia del secuestro del activista.

Sin embargo, su paradero sigue siendo desconocido y no se han practicado aún detenciones en este caso. Un familiar dijo a Amnistía Internacional: “No hay ningún interés por el caso de Sajjad. Sólo son falsas promesas y garantías. Sólo es tinta sobre un papel.”

Falta de transparencia

Desde 2019, sucesivos gobiernos iraquíes han formado numerosos comités para investigar violaciones de derechos cometidas en el contexto de las protestas a nivel nacional y local, pero estos comités no han servido para que se conozca la verdad o se haga justicia.

El más notable fue el Comité de Investigación creado en virtud de la orden ejecutiva 293 del entonces primer ministro Mustafa al Kadhimi el 18 de octubre de 2020 con el objetivo de reunir pruebas, publicar un informe completo e identificar a los responsables de los delitos cometidos. En aplicación del decreto, el Comité tiene derecho de remitir casos al poder judicial; sin embargo, no hay transparencia sobre si esto ha llegado a producirse.

En una carta de la Oficina del primer ministro Shia al Sudani a Amnistía Internacional de 2 de abril de 2023, la Oficina dijo que “el primer ministro ordenó en noviembre de 2022 la activación de las labores del comité [de investigación] y el acercamiento a representantes de quienes habían participado en las protestas.” La Oficina del primer ministro expuso las medidas que había tomado el Comité de Investigación, entre las que figuraba haber analizado “más de 215 casos obtenidos del Tribunal de Investigación Central de Rusafa y revisado más de 5.375 documentos oficiales que incluían informes médicos, formularios de autopsias de víctimas e informes de peritos, y el Comité sigue examinando documentos recibidos de los tribunales de apelación.”

La Oficina también confirmó que se habían pagado en concepto de indemnización a las familias de las personas asesinadas la cuantía de diez millones de dinares iraquíes por cada víctima.

Sin embargo, las indemnizaciones no sustituyen el establecimiento de la verdad ni la comparecencia de los perpetradores ante la justicia, y casi tres años después de su creación, el Comité de Investigación no ha publicado ninguna conclusión.

La desaparición forzada actualmente no es un delito en virtud de la legislación iraquí, y por tanto no puede ser enjuiciada como delito en sí misma. El 6 de agosto de 2023, el Consejo de Ministros iraquí envió un proyecto de Ley de Personas Desaparecidas al Parlamento. El objetivo declarado del proyecto es ayudar a las familias de las personas en paradero desconocido a averiguar la suerte de éstas y darles acceso a indemnizaciones, incluso mediante la creación de una comisión nacional para las personas desaparecidas. No obstante, este proyecto de ley no tipifica como delito la desaparición forzada ni prevé penas para los perpetradores.