El gobierno de Zimbabue tiene un historial alarmante de arrestos de manifestantes y disolución violenta de protestas pacíficas que atenta contra el derecho a la protesta pacífica garantizado en los artículos 58 y 59 de la Constitución de Zimbabue de 2013 y en el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, en el que Zimbabue es Estado Parte

El 17 de mayo, seis estudiantes de la Universidad de Zimbabue —Benjamin Watadza, Emmanuel Chitima, Comfort Mpofu, Lionel Madamombe, Gamuchirai Chaburumunda y Darlington Chigwena— fueron detenidos por llevar a cabo una protesta pacífica en Harare, capital zimbabuense. Protestaban para reclamar el fin de la persecución de figuras políticas de la oposición, entre ellas Job Sikhala. Cinco de los estudiantes permanecen bajo custodia desde su arresto y no han podido realizar sus exámenes porque se les denegó la libertad bajo fianza y la Universidad de Zimbabue denegó su solicitud de presentarse a “exámenes especiales”. Amnistía Internacional pide a las autoridades de Zimbabue que concedan la libertad de inmediato a estos estudiantes.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

Sr. D. Emmerson Mnangagwa

Presidente de la República de Zimbabue President of the Republic of Zimbabwe

Office of the President, Munhumutapa Building

Samora Machel Avenue

Private Bag 7700

Causeway, Harare, Zimbabue

Correo-e: info@opc.gov.zw

Twitter: @MnangagwaEd

Señor Presidente Emmerson Mnangagwa:

Me preocupa que continúen en prisión los cinco alumnos de la Universidad de Zimbabue Benjamin Watadza (24 años), Emmanuel Chitima (24), Comfort Mpofu (22), Lionel Madamombe (24) y Darlington Chigwena. La sexta estudiante del grupo, Gamuchirai Chaburumunda, quedó en libertad bajo fianza el 4 de julio por decisión del Tribunal Superior de Zimbabue. Estas seis personas fueron arrestadas por separado los días 17 y 23 de mayo y 8 de junio a raíz de una protesta pacífica realizada el 15 de mayo en Harare, capital de Zimbabue, para pedir el fin de la persecución de dirigentes de la oposición y la libertad de Job Sikhala, parlamentario por la Coalición Ciudadana por el Cambio (CCC). Se acusó a los estudiantes de causar “daños intencionales en bienes”, basándose únicamente en que los mensajes que habían coreado durante la protesta aparecieron al día siguiente en pintadas ilegales sobre edificios oficiales. No hay ninguna prueba que vincule a los estudiantes con las pintadas.

Desde su arresto permanecen en la Prisión Central de Harare y su solicitud de libertad bajo fianza ha sido denegada; las autoridades afirman sin fundamento que son “capaces de causar más problemas al Estado”. Debido a su detención, los estudiantes no han podido realizar sus exámenes, ya que la Universidad de Zimbabue ha rehusado cooperar con los servicios penitenciarios para que puedan presentarse a unos “exámenes especiales”, alegando que sólo está permitido hacerlo en circunstancias extraordinarias, como enfermedad y fallecimiento de familiar.

El gobierno de Zimbabue tiene un historial alarmante de arrestos de manifestantes y disolución violenta de protestas pacíficas que atenta contra el derecho a la protesta pacífica garantizado en los artículos 58 y 59 de la Constitución de Zimbabue de 2013 y en el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, en el que Zimbabue es Estado Parte.

Le pido que retire todos los cargos contra los seis estudiantes y ponga en libertad de inmediato a Benjamin Watadza, Emmanuel Chitima, Comfort Mpofu, Lionel Madamombe, Gamuchirai Chaburumunda y Darlington Chigwena. Le pido asimismo que ponga fin a la represión de la disidencia y respete los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, como establece la Constitución de Zimbabue.

Atentamente,

[NOMBRE]

Información complementaria

Zimbabwe continúa reprimiendo la disidencia sin descanso y ha intensificado los ataques y el hostigamiento antes de las elecciones, previstas para el 23 de agosto de 2023. El derecho a la libertad de expresión se ha suprimido gravemente y casi por completo, con el resultado de arrestos y uso innecesario y excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad. La policía no suele autorizar las actividades de los miembros de la oposición y, cuando lo hace, a veces acaban en ataques violentos por parte de miembros de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU PF), el partido gobernante.

Estos seis estudiantes no son las únicas personas perseguidas por protestar en Zimbabue. Cecillia Chimbiri, Joanah Mamombe y Netsai Marova, las tres pertenecientes a la opositora Coalición Ciudadana por el Cambio, fueron arrestadas en mayo de 2020 en un control policial de carretera en Harare, capital de Zimbabue, por encabezar una protesta contra el gobierno sobre la respuesta de las autoridades a la pandemia de COVID-19 y al hambre generalizada en el país. Ese mismo día fueron víctimas de desaparición forzada mientras estaban bajo custodia policial. Cecillia y Joanah fueron absueltas del cargo de “publicar o comunicar falsas declaraciones perjudiciales para el Estado” después de pasar más de dos años entrando y saliendo de los juzgados al haber sido acusadas por el Estado de fingir su secuestro.

En 2022, la escritora y activista zimbabuense Tsitsi Dangarembga y la activista Julia Barnes fueron declaradas culpables de “incitar a la violencia” y el tribunal impuso una condena condicional de seis meses a cada una por participar en protestas el 31 de julio de 2020; más tarde ganaron el recurso de apelación.

El 5 de abril de 2023, la portavoz nacional de la Coalición Ciudadana por el Cambio, Fadzayi Mahere, fue condenada a pagar una multa de 500 dólares estadounidenses por “publicar o comunicar falsas declaraciones perjudiciales para el Estado”, por un vídeo publicado en Twitter en el que denunciaba que un agente de policía había matado a un bebé, a pesar de que la ley en que se basaba su declaración de culpabilidad no existía.

El 28 de abril de 2023, Jacob Ngarivhume fue declarado culpable de incitación a la violencia y condenado a 48 meses de prisión, con una suspensión de 12 meses, sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Fue arrestado y posteriormente acusado después de haber encabezado y organizado protestas contra la corrupción 31 de julio de 2020.

Algunas de estas condenas han sido anuladas por el Tribunal Superior de Zimbabue. Aun así, las autoridades han logrado su objetivo de transmitir el mensaje sobre lo que sucede a las personas activistas y que critican o se oponen al gobierno.

Los estudiantes protestaban por el encarcelamiento prolongado de Job Sikhala, arrestado en junio de 2022 junto con Godfrey Sithole y otros 14 activistas cuando asistían al funeral de un activista político asesinado presuntamente por un miembro del partido Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU PF). El 3 de mayo de 2023, Job Sikhala fue declarado culpable de obstrucción a la justicia y condenado a seis meses de prisión con una suspensión total de la pena, con la opción de pagar 600 dólares estadounidenses, casi un año después de su arresto. Job Sikhala continúa bajo custodia en espera de juicio por otros dos cargos de incitación a la violencia y alteración del orden público.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Inglés

También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 7 de septiembre de 2023

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Benjamin Watadza (masculino), Emmanuel Chitima (masculino), Comfort Mpofu (masculino), Lionel Madamombe (masculino), Gamuchirai Chaburumunda (femenino) y Darlington Chigwena (masculino)