Honduras es  uno de los países más mortales del mundo para quienes defienden los derechos humanos. En 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó 11 homicidios de personas que defendían los derechos humanos en el país; de ellas, 6 defendían la tierra y el medioambiente

Oquelí Domínguez, hermano de los defensores del agua Aly y Reynaldo Domínguez, fue asesinado en la comunidad de Guapinol (departamento de Colón, norte de Honduras) el 15 de junio de 2023. Aly Magdaleno Domínguez Ramos y Jairo Bonilla Ayala, miembros de la resistencia de Guapinol contra una mina de hierro, habían sido hallados muertos cinco meses antes. En febrero de 2023, otros seis defensores del río Guapinol descubrieron que podían enfrentarse a un procesamiento penal por impugnar pacíficamente la legalidad de un proyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Pedimos a las autoridades hondureñas que garanticen una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los ataques contra las personas que defienden el río Guapinol, que se abstengan de utilizar el sistema judicial para acosarlas y que garantice su protección.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

Sr. Óscar Fernando Chinchilla

Fiscal General

Posta Edificio Lomas Plaza II,

Col. Lomas del Guijarro,

Tegucigalpa,

Honduras

Correo-e: fiscaliageneralhnd@gmail.com

Twitter: @MP_Honduras / @ofchb

Señor Fiscal General:

Me dirijo a usted para expresarle mi preocupación por la situación de grave peligro que corren las personas que defienden el río Guapinol en Tocoa, departamento de Colón. Cinco meses después del asesinato, el 7 de enero de 2023, de los defensores de los derechos humanos Aly Magdaleno Domínguez Ramos y Jairo Bonilla Ayala, Oquelí Domínguez fue también asesinado en la comunidad de Guapinol el 15 de junio de 2023. Las autoridades aún no han identificado a todos los responsables de estos asesinatos. Oquelí Domínguez es el hermano de Aly y Reynaldo Domínguez. Reynaldo es uno de los cinco defensores del Guapinol que el 7 de febrero de 2023 recibieron una notificación que les informaba de que la fiscalía de Tocoa había apelado en diciembre de 2022 contra una resolución favorable de la Corte Suprema de Justicia que anulaba los procedimientos penales contra ellos.

Las autoridades responsables de la investigación sobre los asesinatos de Oquelí y Aly Domínguez y de Jairo Bonilla deben respetar el derecho de las familias de los defensores de los derechos humanos a la justicia, la verdad y la reparación. Según las normas internacionales de derechos humanos, las autoridades deben considerar el trabajo de derechos humanos de las víctimas como hipótesis para estos crímenes. Por tanto, le insto a llevar a cabo urgentemente una investigación inmediata, independiente, exhaustiva e imparcial para identificar a todos los responsables de los asesinatos de los dos defensores. Las autoridades deben abstenerse inmediatamente de utilizar el sistema de justicia para acosar a quienes defienden el río Guapinol, y deben tomar medidas inmediatas para proporcionar protección adecuada y completa.

Atentamente,

[NOMBRE]

Información complementaria

La población de Guapinol y otras comunidades de Tocoa han sufrido continuos ataques a causa de su impugnación pacífica de la legalidad de un proyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras; esos ataques han incluido la detención injusta de ocho defensores del río Guapinol, conocidos como los “ocho de Guapinol”.

Según sus familiares, el 7 de enero de 2023, cuando regresaban del trabajo a casa en un ciclomotor, Aly Magdaleno Domínguez Ramos y Jairo Bonilla Ayala fueron interceptados por unos atacantes armados que dispararon contra ellos y los mataron en el acto. Aly es hermano de Reynaldo Domínguez. Los cinco defensores del Guapinol sometidos actualmente a procedimientos penales tras la última apelación son Juan López, Leonel George, Reynaldo Domínguez, Marco Tulio Ramos y Adaly Cedillo. Un sexto defensor, Eugenio Esquivel, aparece en la apelación aunque no forma parte de la causa en cuestión contra la resistencia de Guapinol. Todos ellos forman parte de las 32 personas criminalizadas por la empresa minera Inversiones Los Pinares y el Estado de Honduras por defender el Parque Nacional Carlos Escaleras.

Varias comunidades, grupos campesinos, parroquias y organizaciones locales del municipio de Tocoa (departamento de Colón), en el norte de Honduras, encabezados por el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP), se oponen a la concesión otorgada a la empresa minera Inversiones Los Pinares en el Parque Nacional Carlos Escaleras (anteriormente conocido como Montaña de Botaderos) desde 2015.

El 1 de agosto de 2018, unos residentes locales establecieron el “campamento de Guapinol” para protestar pacíficamente contra la concesión y explotación minera del núcleo de un área protegida donde se encuentran las fuentes de agua de las que dependen estas comunidades para su supervivencia. Se han presentado varias denuncias penales ante los tribunales locales, que siguen pendientes. Los miembros del CMDBCP se han enfrentado al menos a dos procesos penales desde 2018 por defender los ríos Guapinol y San Pedro frente al impacto del proyecto minero. A causa de esos procesos, Aly y su hermano Reynaldo Domínguez, así como Juan López, Leonel George, Marco Tulio Ramos, Eugenio Esquivel y Adaly Cedillo, pasaron un tiempo en prisión en 2019 junto con otros defensores del río Guapinol.

Esos mismos procesos condujeron a que ocho defensores del río Guapinol permanecieran detenidos injustamente durante más de dos años exclusivamente por defender de forma pacífica el derecho a agua no contaminada; esa detención provocó la indignación internacional. Tras un riguroso análisis, Amnistía Internacional determinó que el expediente del caso mostraba múltiples defectos en la investigación y declaró a estos defensores presos de conciencia. Tras una resolución de la Corte Suprema que citaba violaciones del debido proceso, los ocho defensores del río Guapinol fueron puestos en libertad en febrero de 2021. En una decisión aparte, en junio de 2022, la Corte Suprema anuló unos procedimientos penales similarmente infundados contra Juan López, Leonel George, Reynaldo Domínguez, Marco Tulio Ramos y Adaly Cedillo. Desde entonces, el CMBDCP ha denunciado ataques contra sus miembros, incluidas estigmatización y vigilancia. El Comité sigue exigiendo que se ponga fin al proyecto minero.

En los últimos cinco años, Amnistía Internacional ha alertado sobre numerosos homicidios y otros ataques contra activistas en Honduras, uno de los países más mortales del mundo para quienes defienden los derechos humanos. En 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó 11 homicidios de personas que defendían los derechos humanos en el país; de ellas, 6 defendían la tierra y el medioambiente. En 2023 estas cifras han aumentado enormemente: en menos de dos meses, la ACNUDH ha informado de al menos 8 casos de homicidio de personas que defendían la tierra y el medioambiente. A pesar de la gravedad de los ataques contra estos defensores, Honduras aún no ha firmado el Acuerdo de Escazú, el primer tratado de derechos humanos relativo al medioambiente en Latinoamérica y el Caribe, que obliga a los Estados firmantes a proteger a los defensores y defensoras ambientales, y que entró en vigor el 22 de abril de 2021.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Español

También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 14 de agosto de 2023

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Oquelí Domínguez, Aly Magdaleno Domínguez Ramos y Jairo Bonilla Ayala / defensores del rio Guapinol (masculino).

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Fotografía: Pixabay