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Las autoridades de facto huzíes mantienen a los periodistas Mohammed al Salahi y Mohammed al Junaid recluidos en Hodeida, Yemen, a pesar de que terminaron de cumplir su condena el 20 de junio y el 13 de julio de 2022, respectivamente. Desde su detención en 2018, los periodistas han sido objeto de una serie de graves violaciones de derechos humanos, en concreto desaparición forzada, tortura y otros malos tratos, como fuertes palizas, y denegación de asistencia letrada. Amnistía Internacional insta a las autoridades de facto huzíes a que pongan en libertad de inmediato a Mohammed al Salahi y Mohammed al Junaid. Hasta entonces, deben ser protegidos de la tortura y otros malos tratos.

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Portavoz de Ansarolá

Ansarullah Spokesperson

Mohamed Abdelsalam

Correo-e: mdabdalsalam@gmail.com

Twitter: @abdusalamsalah

Señor Mohamed Abdelsalam:

Me alarma saber que los periodistas Mohammed al Junaid y Mohammed al Salahi siguen recluidos en el centro de detención de los Servicios de Seguridad e Inteligencia en Hodeida, Yemen, pese a haber terminado de cumplir su condena en junio y julio de 2022.

Las fuerzas de seguridad e inteligencia huzíes detuvieron arbitrariamente a Mohammed al Salahi y Mohammed al Junaid en Hodeida en octubre y noviembre de 2018, respectivamente. Mohammed al Salahi estuvo sometido a desaparición forzosa durante cinco meses desde el inicio de su detención. Según su abogado, durante los interrogatorios recibió fuertes palizas y permaneció suspendido del techo esposado mientras las fuerzas de seguridad le golpeaban en los testículos. Los interrogatorios duraron más de dos meses y se llevaron a cabo durante cinco o seis horas cada día. A Mohammed al Salahi le vendaron los ojos y lo obligaron a firmar una declaración de culpabilidad redactada por las fuerzas de seguridad. Aunque ante la fiscalía negó las confesiones hechas bajo tortura, ésta no investigó las denuncias de tortura ni desestimó las confesiones forzadas.

El 18 de diciembre de 2018, la Fiscalía Penal Especializada de Hodeida acusó a Mohammed al Junaid y Mohammed al Salahi de “comunicarse con personas que colaboraban con los intereses del enemigo” y de “intercambiar información sobre emplazamientos militares”. El 28 de junio de 2022, el tribunal condenó a Mohammed al Salahi y Mohammed al Junaid a tres años y ocho meses de prisión en un juicio secreto por cargos relativos al espionaje y a facilitar la “agresión saudí y emiratí”. Los periodistas deberían haber sido puestos en libertad el 20 de junio y el 13 de julio de 2022, respectivamente.

Durante toda la reclusión de Mohammed al Salahi y Mohammed al Junaid, a su abogado sólo se le permitió hablar con ellos una vez, en noviembre de 2019, y asistir a la sesión de su procesamiento en Saná, capital del país, el 18 de diciembre de 2019.

Pedimos a las autoridades de facto huzíes que liberen a Mohammed al Junaid y Mohammed al Salahi de forma inmediata e incondicional. Hasta que se haga efectiva su muy retrasada liberación, las autoridades deben garantizar que los periodistas están a salvo de la tortura y otros malos tratos, y llevar a cabo una investigación inmediata, imparcial y efectiva sobre las denuncias de tortura de Mohammed al Salahi para que los responsables sean puestos a disposición de la justicia y sometidos a un juicio justo.

Atentamente,

[NOMBRE]

Información complementaria

Todas las partes en el conflicto, incluidas las fuerzas huzíes, el gobierno yemení, la coalición dirigida por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos y las fuerzas yemeníes respaldadas por Emiratos Árabes Unidos han llevado a cabo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos, y juicios sin garantías.

En los últimos ocho años, Amnistía Internacional ha documentado los casos de al menos 75 periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, académicos y otras personas consideradas opositoras o críticas a quienes las autoridades de facto huzíes habían sometido a detención arbitraria, tortura y otros malos tratos, desaparición forzada y juicios injustos con imposición de la pena de muerte. Estas 75 personas fueron atacadas debido a su labor como periodistas o por ejercer pacíficamente sus derechos humanos, incluidos los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de creencias.

En enero de 2022, las autoridades de facto hutíes registraron y clausuraron al menos seis emisoras de radio de Saná. El titular de la emisora de radio Sawt al Yemen recurrió el cierre ante el Tribunal de Periodismo y Publicaciones de Saná; en julio obtuvo una resolución judicial que avalaba su reapertura. Sin embargo, el 11 de julio, las fuerzas de seguridad registraron y cerraron la emisora de nuevo y confiscaron los equipos de radiodifusión.

Durante la pandemia de COVID-19, las condiciones en las prisiones y los centros de detención gestionados por los huzíes, incluidos el enorme hacinamiento en las celdas y el inadecuado acceso a atención médica, comida suficiente, agua limpia y servicios de saneamiento, provocaron que la COVID-19 se propagara y expusiera a la población reclusa a importantes riesgos para la salud. Ninguna de las partes tomó medidas para proteger a las personas detenidas y frenar la propagación del virus en las prisiones y los centros de detención mediante la provisión de mascarillas u otros productos de higiene.

El gobierno reconocido internacionalmente de Yemen también ha hostigado, amenazado y detenido arbitrariamente a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y otros activistas. En 2022, Amnistía Internacional documentó los casos de tres periodistas procesados en Taiz y Hadramaut por las autoridades judiciales del gobierno reconocido internacionalmente de Yemen por haber publicado contenidos críticos con el funcionariado y las instituciones públicas.

Anteriormente, las fuerzas de Emiratos Árabes Unidos y los grupos armados del gobierno yemení aliados en el sur de Yemen fueron responsables de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. En mayo de 2018, Amnistía Internacional proporcionó información detallada sobre los casos de 51 hombres recluidos en una red de prisiones secretas administradas por fuerzas emiratíes y yemeníes que actuaban al margen del gobierno de Yemen, algunos de ellos detenidos entre marzo de 2016 y mayo de 2018.