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Al menos siete personas han sido condenadas a muerte en Irán en relación con las protestas que se están produciendo en todo el país, y hay muchas más que también están en riesgo de ser condenadas a dicha pena. Las autoridades han vulnerado los derechos de estas personas a un juicio justo y han sometido a muchas de ellas a tortura y otros malos tratos, tales como flagelaciones, descargas eléctricas, amenazas de muerte y violencia sexual. En pleno repunte de las ejecuciones desde finales de abril, el 19 de mayo las autoridades ejecutaron arbitrariamente en Isfahán a Majid Kazemi, Saeed Yaghoubi y Saleh Mirhashemi, manifestantes sometidos a torturas que fueron injustamente declarados culpables y condenados a muerte.

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Presidente de la Magistratura, Head of judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejei, c/o Embassy of Iran to the European Union

Avenue Franklin Roosevelt No. 15, 1050 Bruxelles, Bélgica

Señor Gholamhossein Mohseni Ejei:

Me preocupa enormemente que decenas de personas corran el riesgo de que se les aplique la pena capital tras la celebración de procesos manifiestamente injustos que incluyen enjuiciamientos de cargos de “enemistad con Dios” (moharebeh) y “corrupción en la tierra” (efsad-e fel arz) en relación con las protestas celebradas en todo el país. El 19 de mayo, las autoridades ejecutaron arbitrariamente a Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi y Saeed Yaghoubi, que habían sido injustamente declarados culpables y condenados a muerte en un juicio fundamentado en “confesiones” obtenidas mediante tortura y que no fue ni remotamente parecido a un procedimiento judicial serio. En la actualidad, hay al menos siete personas condenadas a muerte y en grave peligro de ejecución. Se trata de Ebrahim Narouie, Kambiz Kharout, Manouchehr Mehman Navaz, Mansour Dahmardeh, Mohammad Ghobadlou, Mojahed (Abbas) Kourkour y Shoeib Mir Baluchzehi Rigi. Como mínimo otras cuatro personas —Mahan Sadrat (Sedarat) Madani, Mansour Hout, Mohammad Boroughani y Nezamoldin Hout— se enfrentan a una repetición de su juicio por cargos punibles con la pena capital después de que el Tribunal Supremo anulara sus sentencias condenatorias y condenas a muerte y devolviera sus casos a los juzgados de instrucción. Amnistía Internacional tiene conocimiento de al menos otras tres personas —Saeed Shirazi, Abolfazl Mehri Hossein Hajilou y Mohsen Rezazadeh Gharegholou— que han sido juzgadas por cargos que conllevan la pena de muerte. Se está investigando a muchas otras personas por delitos capitales relacionados con las protestas.

Las personas mencionadas se han visto sometidas a juicios manifiestamente injustos ante Tribunales Revolucionarios o Tribunales de lo Penal en todo el país. Se han violado, entre otros, el derecho a acceder a una defensa adecuada y a abogados de su elección, a la presunción de inocencia, el derecho a permanecer en silencio, a impugnar por medios válidos la legalidad de sus detenciones y el derecho a una vista justa y pública. Amnistía Internacional ha documentado la tortura y otros malos tratos infligidos a nueve de las personas antes citadas, consistentes en palizas, flagelaciones, descargas eléctricas, suspensión cabeza abajo, violencia sexual y negación deliberada de atención médica. Las autoridades han utilizado confesiones forzadas mediante tortura, algunas de las cuales se retransmitieron a través de los medios de comunicación estatales antes de los juicios, como prueba para dictar sentencias condenatorias.

Le pido que sean anuladas inmediatamente todas las sentencias condenatorias y las penas de muerte derivadas de las protestas, que no se soliciten nuevas penas de muerte y que se garantice que toda persona acusada de cualquier delito común reconocible sea juzgada en procesos que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos, sin recurrir a la pena de muerte. Solicito que ponga en libertad a todas las personas detenidas por ejercer pacíficamente sus derechos humanos. Lo insto a que proporcione a los detenidos acceso a sus familias y a abogados de su elección, a que los proteja de la tortura y otros malos tratos y a que investigue las denuncias de tortura, a fin de que los responsables comparezcan ante la justicia en juicios justos. Por último, le pido que conceda a los observadores independientes acceso a los juicios de pena de muerte y a las personas condenadas en relación con las protestas y, en términos más generales, que establezca de inmediato una moratoria oficial de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte.

Atentamente,

Información complementaria

En los juicios por delitos capitales asociados a las protestas en todo el país no se ha observado en absoluto un procedimiento judicial significativo. Las autoridades han utilizado confesiones forzadas mediante tortura y otras pruebas obtenidas de una forma que viola el derecho y las normas internacionales con el propósito de acusar y condenar a personas, a las que se ha prohibido el acceso a asistencia letrada durante la fase de investigación. Las autoridades también prohibieron que abogados independientes asistieran a las vistas y accedieran a los expedientes de sus clientes. Asimismo, se ha violado reiteradamente el derecho a la presunción de inocencia, ya que los medios de comunicación estatales han difundido confesiones forzadas de las personas acusadas antes de que se celebrara su juicio. Las autoridades han acelerado las causas con petición de pena capital de algunas personas, a las que han declarado culpables tan sólo unos días después de que comenzara su juicio. Estos juicios se celebraron en todo el país; concretamente se juzgó en la provincia de Alborz a Mohammad Boroughani y Mahand Sadrat (Sedarat) Madani; en la provincia de Isfahán a Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi y Saeed Yaghoubi; en la provincia de Juzestán a Mojahed (Abbas) Kourkour; en la provincia de Sistán y Baluchistán a Ebrahim Narouie, Mansour Dahmardeh, Kambiz Kharout, Shoeib Mir Baluchzehi Rigi, Mansour Hout y Nezamoldin Hout; y en la provincia de Teherán a Manouchehr Mehman Navaz, Mohammad Ghobadlou, Saeed Shirazi, Abolfazl Mehri Hossein Hajilou y Mohsen Rezazadeh Gharegholou. De las ocho personas condenadas a muerte, al menos cuatro fueron condenadas por delitos como vandalismo, agresión e incendio provocado, en violación del derecho internacional, que prohíbe aplicar la pena capital por delitos que no impliquen homicidio intencional.

Amnistía Internacional ha documentado torturas y otros malos tratos infligidos a seis personas condenadas a muerte para forzar confesiones, como fue el caso de Ebrahim Narouie, Kambiz Kharout, Mansour Dahmardeh, Mohammad Ghobadlou, Mojahed (Abbas) Kourkour y Shoeib Mir Baluchzehi Rigi. Según fuentes bien informadas, los interrogadores sometieron a Ebrahim Narouie, que fue declarado culpable de “corrupción en la tierra” (efsad-e fel arz) a finales de 2022, a torturas y otros malos tratos; por ejemplo, le clavaron agujas en los genitales para obligarlo a hacer una confesión forzada por escrito y delante de una cámara de vídeo. Además, una fuente fidedigna informó a Amnistía Internacional de que las autoridades golpearon repetidamente a Mohammad Ghobadlou, cuya sentencia condenatoria por “corrupción en la tierra” y condena a muerte confirmó el Tribunal Supremo en diciembre de 2022. También se le retiró la medicación contra el trastorno bipolar. Un informe forense confirma que sufrió contusiones y heridas bajo custodia.

Hasta la fecha, las autoridades han ejecutado arbitrariamente a siete personas en relación con las protestas tras juicios manifiestamente injustos empañados por acusaciones de tortura. El 19 de mayo de 2023, las autoridades iraníes ejecutaron a Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi y Saeed Yaghoubi, a quienes habían juzgado en diciembre de 2022 y enero de 2023 y condenado a muerte por el cargo, formulado de un modo impreciso y excesivamente amplio, de “enemistad con Dios” (moharebeh). Este cargo se basaba en acusaciones infundadas —producto de “confesiones” realizadas bajo tortura— según las cuales los hombres habían utilizado armas de fuego en un incidente que había tenido lugar durante las protestas, en el cual murieron tres miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, no los acusaron ni los declararon culpables de asesinato por esas muertes.El 10 de mayo, las autoridades anunciaron que el Tribunal Supremo había confirmado sus sentencias condenatorias y penas de muerte a pesar de la vulneración de su derecho al debido proceso, las importantes deficiencias procedimentales, la falta de pruebas y las denuncias de tortura que nunca se investigaron. Amnistía Internacional obtuvo información según la cual los tres fueron sometidos a tortura durante su desaparición forzada y obligados a hacer declaraciones incriminatorias. Los interrogadores colgaron a Majid Kazemi cabeza abajo y le mostraron un vídeo en el que torturaban a su hermano, además de someterlo a él repetidamente a simulacros de ejecución.

Desde el inicio del levantamiento popular en septiembre de 2022, las autoridades han detenido y acusado a miles de personas, por lo que preocupa que pueda imponerse la pena de muerte a muchas otras. Además de las personas mencionadas, Amnistía Internacional ha confirmado los nombres de otras 16 —Toomaj Salehi, Farzad (Farzin) Tahazadeh, Farhad Tahazadeh, Karwan Shahiparvaneh, Reza Eslamdoost, Shahram Marouf-Moula, Pouria Javaheri, Heshmatollah Tabarzad, Bahman Bahmani, Mohsen Ahmadpour, Behrouz Salahshour, Rasul Badaghi, Vahid Abbasi, Reza Arabpour, Sadegh Ghasemi e Ismail Mousavi Nazari— que se encuentran detenidas y están acusadas, inculpadas o procesadas por delitos castigados con la pena capital.

Desde finales de abril de 2023, las autoridades iraníes se han embarcado en una alarmante oleada de ejecuciones de decenas de personas y han intensificado la aplicación de la pena de muerte como herramienta de represión, en un intento de infundir miedo en la población y acabar con los continuos actos de resistencia contra las autoridades y el poder establecido.