Insta a anular de inmediato las sentencias condenatorias y las condenas a muerte de Shoeib Mirbaluchzehi Rigi, Nezamoddin Hout, Kambiz Kharout, Ebrahim Narouie, Mansour Dahmardeh y Mansour Hout, y a retirar todos los cargos en su contra, derivados de su participación pacífica en actos de protesta

Cuatro jóvenes baluchis —Ebrahim Narouie, Kambiz Kharout, Mansour Dahmardeh y Shoeib Mirbaluchzehi Rigi— corren grave peligro de ejecución por motivos relacionados con las protestas que han tenido lugar en la provincia de Sistán y Baluchistán. Fueron condenados a muerte sobre la base de “confesiones” extraídas bajo tortura, tras juicios manifiestamente injustos. Asimismo, otros dos hombres baluchis —Mansour Hout y Nezamoddin Hout— se enfrentan a la repetición de su juicio por cargos punibles con la pena capital relacionados también con las protestas.

Actúen: redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo

Presidente de la Magistratura / Head of judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejei c/o Embassy of Iran to the European Union

Avenue Franklin Roosevelt No. 15, 1050 Bruxelles, Bélgica

Señor Gholamhossein Mohseni Ejei:

Cuatro jóvenes de la oprimida minoría baluchi de Irán corren grave peligro de ejecución. Los jóvenes Shoeib Mirbaluchzehi Rigi (de 19 años), Kambiz Kharout (de 21), Ebrahim Narouie (de 25) y Mansour Dahmardeh (de 21 años y con una discapacidad física) fueron juzgados por separado el pasado mes de diciembre por motivos relacionados con las protestas que han tenido lugar en la ciudad de Zahedán, capital de la provincia de Sistán y Baluchistán. Por su parte, Nezamoddin Hout (de 20 años) y Mansour Hout (de 27) fueron juzgados juntos ante el Tribunal Penal núm. 2 de Zahedán, también en diciembre de 2022, en relación con las protestas de la localidad de Chabahar, al sur de la provincia. En contravención del derecho internacional, todos ellos fueron condenados a muerte entre diciembre de 2022 y enero de 2023 por los cargos de “propagar la corrupción en la tierra” (efsad-e fel arz) o “enemistad con Dios” (moharebeh) debido a actos como incendios provocados, lanzamientos de piedras y otros delitos que no se ajustan a lo que se entiende por “los más graves delitos”, ya que éstos conllevan el homicidio intencional. Sus juicios fueron manifiestamente injustos: las autoridades les negaron acceso a representación legal y se utilizaron “confesiones” empañadas por el empleo de tortura como pruebas para declararlos culpables. En febrero de 2023, el Tribunal Supremo de Irán anuló en apelación las sentencias condenatorias y las condenas a muerte de Nezamoddin Hout y Mansour Hout. alegando que el Tribunal Penal núm. 2 carecía de competencia para juzgar delitos punibles con la pena capital y delitos relacionados con la seguridad nacional. Por tanto, sus causas fueron remitidas a un Tribunal Revolucionario para que repitiera el juicio, pero se teme que éste pueda condenarlos de nuevo a muerte. Los otros cuatro hombres han recurrido sus sentencias ante el Tribunal Supremo, que aún no ha dictado sentencia en sus casos.

Todos ellos fueron detenidos por separado entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre, en el marco de una oleada de detenciones efectuadas en la provincia de Sistán y Baluchistán; es decir, sus detenciones se produjeron el día más sangriento del levantamiento popular de Irán —el 30 de septiembre—, cuando las fuerzas de seguridad mataron de manera ilegítima a decenas de manifestantes y transeúntes en Zahedán, o durante el periodo inmediatamente posterior. Según fuentes bien informadas, los interrogadores los sometieron a torturas y otros malos tratos, incluida violencia sexual, para obligarlos a “confesar”. Por ejemplo, a Mansour Dahmardeh los interrogadores lo golpearon con tal violencia que le rompieron los dientes y la nariz, mientras que a Ebrahim Narouie le clavaron agujas en los genitales.

Lo insto a anular de inmediato las sentencias condenatorias y las condenas a muerte de Shoeib Mirbaluchzehi Rigi, Nezamoddin Hout, Kambiz Kharout, Ebrahim Narouie, Mansour Dahmardeh y Mansour Hout, y a retirar todos los cargos en su contra, derivados de su participación pacífica en actos de protesta. Si son acusados de delitos comunes reconocibles, los nuevos juicios deberán cumplir las normas internacionales de justicia procesal, y deberán quedar excluidas la posibilidad de recurrir a la pena de muerte y las “confesiones” obtenidas bajo coacción. Lo urjo a proporcionarles acceso a sus familias, a representantes legales de su elección y a atención médica adecuada. Lo insto a protegerlos de nuevos actos de tortura y otros malos tratos, a investigar las denuncias de tortura y a hacer comparecer a los responsables ante la justicia para que sean juzgados con las debidas garantías. Por último, le exhorto a conceder acceso a observadores independientes a los juicios de casos de pena capital relacionados con las protestas y a dictar de inmediato una moratoria de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena de muerte.

Atentamente,

[NOMBRE]

Información complementaria

Agentes vestidos de civil detuvieron a Ebrahim Narouie en Zahedán el pasado 3 de octubre. Pese a sus reiteradas solicitudes, las autoridades se negaron durante varias semanas a facilitar a su familia información sobre su suerte y su paradero, con lo que lo sometieron a desaparición forzada. Su primer llamada a su familia la realizó unas tres semanas después de su detención, y en ella les contó que había sido trasladado desde un lugar no identificado a la prisión de Zahedán. Mientras permaneció sometido a desaparición forzada, sus interrogadores lo acusaron de ser uno de los “líderes” de las protestas y de haber participado en el incendio de un banco. Según fuentes bien informadas, los interrogadores le infligieron torturas y otros malos tratos —por ejemplo, le clavaron agujas en los genitales— para obligarlo a “confesar” los hechos que ellos mismos le imputaban, firmando y estampando su huella digital en documentos ya redactados y leyendo delante de una cámara de vídeo declaraciones que tenían ya preparadas. Tras un juicio manifiestamente injusto ante la tercera sección del Tribunal Revolucionario de Zahedán, en el que le negaron el derecho a representación legal e incluso el derecho a defenderse a sí mismo ante el tribunal, fue declarado culpable de “propagar la corrupción en la tierra” (efsad-e fel arz) y condenado a muerte. El pasado 30 de diciembre le comunicaron la pena.

El 30 de septiembre de 2020, la Guardia Revolucionaria detuvo a Mansour Dahmardeh horas después de que hubiera asistido a las oraciones del viernes en la Gran Musalla de Zahedán —lugar de oración cercano a la mezquita principal de la ciudad— y hubiera participado en un acto de protesta ante una cercana comisaría de policía, que fue violentamente sofocado por las fuerzas de seguridad. Según fuentes bien informadas, mientras lo mantuvieron en un centro de detención de la Guardia Revolucionaria en circunstancias constitutivas de desaparición forzada, fue sometido a tortura y otros malos tratos, incluidas violencia sexual y palizas, a consecuencia de lo cual le rompieron la nariz y los dientes y tuvo que pasar varios días hospitalizado. De conformidad con la información que dichas fuentes bien informadas han suministrado a Amnistía Internacional, parece que pueden haberle impuesto dos condenas a muerte diferentes —una, dictada por un Tribunal Revolucionario por “enemistad con Dios” (moharebeh) y otra, dictada por un tribunal penal por “corrupción en la tierra” (efsad-e fel arz)—, ambas basadas por completo en “confesiones” extraídas bajo tortura, en las que admitía haber lanzado piedras e incendiado el neumático de un vehículo durante las protestas. Amnistía Internacional ha averiguado que ha intentado suicidarse en la cárcel con un tenedor en dos ocasiones, lo que ha suscitado preocupación por su salud mental y por el peligro de que vuelva a autolesionarse.

El 5 de octubre de 2022, agentes del Ministerio de Inteligencia detuvieron a Shoeib Mirbaluchzehi Rigi en Zahedán y lo llevaron a un lugar no identificado. Según fuentes bien informadas, durante los ocho días que permaneció sometido a desaparición forzada, los interrogadores le infligieron torturas y otros malos tratos: por ejemplo, le propinaron palizas, le aplicaron descargas eléctricas en los pies, le golpearon el pecho con la culada de un arma y la retorcieron las muñecas hasta el punto de sentir que se le iban a romper. Su primer contacto con su familia tuvo lugar ocho días después de su detención, cuando le permitieron realizar una breve llamada. Fue trasladado a la prisión de Zahedán 14 días después de su detención. Una fuente bien informada relató a Amnistía Internacional que un testigo había visto hematomas en su rostro y su cuerpo semanas después de su detención. Su juicio, manifiestamente injusto, tuvo lugar el pasado mes de diciembre ante un tribunal de Zahedán. En 19 de diciembre, fue declarado culpable de “propagar corrupción en la tierra” (efsad-e fel arz) y condenado a muerte. El 24 de diciembre, los agentes lo obligaron a permanecer de pie a la intemperie ante un aparato refrigerador como castigo por la difusión de noticias en Internet sobre su condena a muerte y sobre las torturas que había sufrido.

El 1 de octubre de 2022, agentes de seguridad detuvieron a Kambiz Kharout. Tres semanas después quedó en libertad bajo fianza, pero el 12 de noviembre volvió a ser detenido. Según activistas baluchis de los derechos humanos, fue sometido a tortura y otros malos tratos en detención, y negó los cargos que pesaban en su contra. Tras un juicio manifiestamente injusto ante el Tribunal Penal núm. 2, en el que le negaron el derecho a representación legal, el pasado 3 de enero le comunicaron que había sido declarado culpable de “propagar la corrupción en la tierra” (efsad-e fel arz) y “enemistad con Dios” (moharebeh) y condenado a muerte.

El 30 de septiembre de 2022, agentes de la Guardia Revolucionaria detuvieron a Mansour Hout y Nezamoddin Hout en Chabahar por motivos relacionados con las protestas que se habían celebrado ese día. Amnistía Internacional ha sabido después que los interrogadores los sometieron a tortura y otros malos tratos para obligarlos a “confesar” haber participado en el incendio intencionado de edificios públicos durante las protestas. Fuentes bien informadas han asegurado a la organización que Mansour Hout no había participado en las protestas. A ambos les negaron acceso a representación legal hasta, aproximadamente, un mes antes de la celebración de su juicio, el pasado mes de diciembre. Según fuente bien informadas alrededor del pasado mes de enero, el Tribunal Penal núm. 2 de Zahedán los declaró culpables de “propagar la corrupción en la tierra” (efsad-e fel arz) y “enemistad con Dios” (moharebeh) y los condenó a muerte. En febrero, el Tribunal Supremo de Irán anuló su sentencia condenatoria y su condena a muerte por motivos de procedimiento y remitió su causa a un Tribunal Revolucionario para que volviera a juzgarlos por cargos punibles con la pena capital.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: persa o inglés.

También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 2 de mayo de 2023

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Ebrahim Narouie, Kambiz Kharout, Mansour Dahmardeh, Shoeib Mirbaluchzehi Rigi, Nezamoddin Hout, Mansour Hout (masculino)